“Bogotá acompañará las decisiones de la JEP”: Consejero para las Víctimas de Bogotá

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Vladimir Rodríguez habla sobre la posibilidad de que futuros congresistas de FARC puedan pagar las sanciones propias en los territorios PDET de Bogotá y del Acuerdo de Paz como puente para superar los efectos de la pandemia.

La administración de Bogotá tenía el reto de organizar toda la institucionalidad para la implementación del Acuerdo de Paz... ¿Cómo ha sido esa construcción teniendo en cuenta que se metió la pandemia?

Desde el momento en que se presentó al programa de gobierno, la alcaldesa Claudia López tenía claro que, para reducir la brecha de pobreza y la inequidad social en Bogotá y llevar a los ciudadanos a un ejercicio de reconciliación, había que implementar los acuerdos. Ninguna gobernación ni ninguna alcaldía había desarrollado los elementos técnicos, fiscales y jurídicos para implementarlos. Con el Concejo de Bogotá y organizaciones de líderes, avanzamos en una estructura para que en Bogotá existan rutas para la reincorporación de los excombatientes, la articulación con el sistema integral de verdad, justicia y reparación, un plan de acción distrital, con las víctimas en el centro, de $1,8 billones, la reactivación del Consejo Distrital de Paz y dos programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Se nos atravesó el COVID-19, pero creemos firmemente que los efectos de la pandemia en la sociedad se pueden superar con la implementación plena de los acuerdos.

¿Esa es una decisión de la Alcaldía de Bogotá? ¿La reactivación económica y la política social, en momentos de COVID-19, estará enmarcada en los Acuerdos de Paz?

La recuperación económica y la superación de las brechas de pobreza va a tener un componente fuerte de paz y reconciliación. Eso son los PDET.

Llama la atención cuando dice que la institucionalidad no estaba preparada para la implementación del Acuerdo. ¿Bogotá estaba atrasada, entonces, en la implementación?

Todas las gobernaciones y alcaldías tenían una deuda con la implementación. Bogotá empezó a saldar esa deuda, junto con el Concejo, con la aprobación del plan distrital de desarrollo. Esa deuda no pasa por la voluntad política, sino por la estructuración técnica y financiera que da sostenibilidad a la implementación.

¿Cómo se ha hecho el trabajo desde la consejería para las víctimas en medio del COVID-19, con tantas restricciones?

Hay muchos paradigmas de la participación y del trabajo comunitario que hemos tenido que replantear para trabajar colectivamente, pero sin poner en riesgo las vidas de ciudadanos y funcionarios. Como todos, hemos usado la tecnología, hemos sido creativos en el encuentro con las personas y los bogotanos han sido ejemplo en ellos. Hemos hecho encuentros de alistamiento de PDET que han convocado a más de mil personas en tres localidades, hemos recibido a la minga indígena y a la marcha por la vida, de los firmantes del Acuerdo de Paz, y hemos avanzado en la construcción de los consejos locales y distrital de paz, a pesar del aislamiento, que no nos pudo quitar la búsqueda del interés colectivo y la defensa del espíritu del Acuerdo de Paz.

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En las líneas de trabajo de la consejería están los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR). ¿Qué se ha desarrollado desde allí?

Son el núcleo de la justicia restaurativa. Los victimarios, al cumplir sus sanciones propias, deben comprometerse en un ejercicio reparador para las víctimas que incluya verdad, justicia y reparación integral. Bogotá, como ente territorial, tomó la decisión política y técnica de facilitar las condiciones para ello, para que esas acciones de reparación, perdón y verdad se desarrollen en el territorio de Bogotá, según lo que oriente la JEP.

Y los responsables podrán saldar las sanciones propias en los territorios PDET de Bogotá...

Los PDET tienen en Bogotá un componente central en los temas de reparación integral, por eso allí se facilitarán las condiciones para que las acciones reparadoras, los reconocimientos de responsabilidad, se cumplan siempre con la garantía de la satisfacción del derecho de las víctimas. Es una forma de mostrarle al país, desde Bogotá, que sí se puede cumplir lo acordado.

En la práctica, ¿cómo funcionaría eso?

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Alta Consejería, tiene unas mesas de trabajo con la JEP y la Comisión de la Verdad, para temas de verdad judicial y extrajudicial. Se trabaja con los comparecientes y las víctimas y se establece una ruta TOAR, que tiene un componente de acompañamiento psicosocial. Se acuerda esa ruta, según el avance del caso, y lo que se acuerde con las víctimas. Luego se implementa con el acompañamiento psicosocial, el soporte técnico desde la Consejería para los comparecientes y víctimas y la implementación de los TOAR. Cada sanción propia tendrá impactos diferentes y en 2021 esperamos avanzar con el caso 01, que involucra a las Farc, y con el caso 03, que involucra a agentes del Estado. En particular, los casos de los ediles de Sumapaz asesinados por las Farc o en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en el borde Bosa-Ciudad Bolívar-Soacha.

Ya se había hablado de que los excombatientes podían pagar las sanciones propias en los territorios PDET de Bogotá. ¿Pero también estamos hablando de que un senador de FARC que resulte con una sanción propia puede pagarla en estas zonas de Bogotá?

Bogotá acompañará las decisiones de la JEP y sí somos un territorio de paz y reconciliación en la capital. Bogotá está dispuesta a que las sanciones propias, el eje central de la justicia transicional, se paguen en nuestro territorio.

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¿Qué se ha hablado de eso desde la Alta Consejería con la JEP?, porque estas sanciones propias tienen las restricciones de movilidad. ¿Un senador de FARC tendría que quedarse en esos territorios permanentemente y se afectaría su labor en el Congreso?

Las sanciones propias tienen un componente de voluntariedad por parte del victimario, y la jurisdicción, en su autonomía, entendiendo lo que es integralmente reparador para la víctima, define el territorio y el tiempo. Bogotá no será menor a ese reto histórico, pero es la JEP la que determina las condiciones de pago de la sanción, dependiendo de la propuesta acordada entre el victimario y la víctima.

¿Pero un senador de FARC puede pagar su sanción propia en ese lugar y seguir con su actividad como senador?

Esa es una pregunta que solo puede ser resuelta tanto por la JEP como por las instancias que regulan al Congreso de la República. Más allá del caso de un senador, lo que estamos planteándole al país es que cuando un ente territorial tiene voluntad de implementar los acuerdos es su obligación brindar las capacidades institucionales para que se cumplan las sanciones propias. Bogotá, esta administración, entendió que facilitar la reincorporación es aportar a la reparación de las víctimas. Por eso, con el Concejo, creamos la mesa de reincorporación, que no existía, y la apuesta es por un sistema distrital de reincorporación. Se esperaba que a finales de 2020 hubiera decisiones en varios casos de la JEP. ¿Cuándo estaría Bogotá lista para recibir a los responsables y que estos paguen las sanciones propias?

Gracias al Concejo de Bogotá se aprobó el proyecto de presupuesto 2021, y allí quedaron asegurados los recursos para avanzar en la fase de formulación e implementación del PDET. Y con la JEP hemos venido avanzando para que en el primer semestre de 2021 existan avances en el caso 01 y el caso 03 en Bogotá.

¿Cuáles son los proyectos fundamentales que se trabajarán en los territorios PDET de Bogotá?

Hemos encontrado que hay dos grandes rutas en las que trabajaremos con la comunidad. En Sumapaz, en clave de la reforma rural integral, los componentes del catastro multipropósito, que ya estamos empezando a implementar, el plan de abastecimiento de Sumapaz, en el marco de la protección ambiental del páramo, y el plan vial rural ligado a generar capacidad de conectividad con un respeto profundo por el medioambiente, sin impactar los cuerpos de agua ni los ecosistemas. En Bosa y Ciudad Bolívar, lo que hemos encontrado con las comunidades, que genera reducción en las dinámicas de inseguridad, es el plan de mejoramiento barrial, que se desarrollará junto a las comunidades.

¿El Gobierno nacional acompaña estas propuestas de trabajo?

Estos proyectos serán presentados ante el OCAD Paz, con la intención de sumar al Gobierno nacional.

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