Bogotá: la descentralización inconclusa

Con la reforma surgieron los movimientos ciudadanos y llegaron al gobierno. Pero ello no ha tenido como consecuencia mejoras sustanciales en la administración; retroceso de la corrupción o aumento de la participación de la ciudadanía. El desempeño de la política y el gobierno ha sido considerablemente inferior a las expectativas.

Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. /Archivo
Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. /Archivo

La elección popular de mandatarios locales tuvo como objetivos acercar el Estado al ciudadano, mejorar su participación, limitar el clientelismo y convertirle en "socio" y contralor, no solo observador, de la ejecución de políticas.

En el caso de Bogotá, estas tareas pueden calificarse como inconclusas por cuanto si bien aparecieron nuevas expresiones ciudadanas (los partidos o movimientos que han ganado la alcaldía desde 1995 no existían en 1988), ello no ha implicado una mayor participación política. Por el contrario, en las elecciones de 2011 la participación fue del 47.4%, diez puntos por debajo del promedio nacional y bastante inferior a la de la primera elección popular de alcalde.

A diferencia de otras ciudades del país, Bogotá tiene su "Constitución"(art. 322 a 327) y un estatuto orgánico que debería incidir en una mejor administración de los recursos públicos. Ello hizo posible que el alcalde, contrario a lo que antes ocurría cuando los concejales coadministraban desde las juntas directivas de las empresas públicas, mejorará en su independencia y capacidad de gobierno. La norma es una importante herramienta pero ha servido a buenos y malos gobernantes por partes iguales, en ausencia de veedurías ciudadanas "con dientes" que complementen el control político y estimulen la buena administración.

La "separación" entre Concejo y Ejecutivo ha propiciado efectos como su desempeño en nichos electorales diferenciados, lo cual se puede constatar en que mientras el voto para alcalde es predominantemente de opinión, no necesariamente ocurre lo mismo con el Concejo: en una ciudad con cinco millones de posibles electores la lista mayoritaria obtuvo, en las más recientes elecciones, apenas el 6% de los votos posibles.

Algo parecido ocurre en la elección de alcalde, carente de una segunda vuelta que permita la fusión de propuestas y corrientes de opinión y políticas: en las últimas elecciones, el alcalde Petro fue elegido con, apenas, el 14.7% del potencial electoral, lo cual le ha dificultado, en buena medida, la gobernabilidad.

Si hacemos un repaso de lo ocurrido en los últimos 25 años encontramos un hito en la administración de Jaime Castro: la recuperación de las finanzas de la ciudad y la consolidación de una cultura tributaria, con el establecimiento de reglas que permitieron una "nueva" estructura institucional.

Bogotá ha sido una antes y otra después de su administración. Ello ha hecho posible el desarrollo de proyectos como Transmilenio, pero muchos otros indispensables, como el metro y la ejecución de un plan de vías, no se han ejecutado no por falta de recursos o capacidad de endeudarse (Bogotá tiene la nota más alta que otorgan las firmas calificadoras de crédito y entidades como el Banco Mundial le prestan sin dificultad) sino por incapacidad de los gobiernos. Los carruseles sucesivos confirman que el problema de la ciudad no es de recursos tanto como de su correcta administración.

Para el ex alcalde Castro, también el principal promotor de la elección popular de alcaldes y gobernadores, la descentralización es "un proceso. No se agota con una decisión, llámese reforma, ley o decreto. Es un proceso que requiere de ajuste, que reconoce los cambios, que los interpreta. En Colombia iniciamos el proceso pero no le dimos continuidad. No se volvió una política pública estable y hoy es más bien sinónimo de clientelismo corrupción y politiquería".

Pues eso pasó en Bogotá en estos años: se crearon las Juntas Administradoras Locales (JAL), pero no se amplió su capacidad de ejecución ni la de las alcaldías locales y, como consecuencia de ello, esta inmensa metrópoli sigue "administrándose" desde el cada vez más distante Palacio Liévano. Tampoco se promovieron nuevas formas de participación ciudadana, como una manera de controlar y hacer rendir los recursos públicos.

Por otra parte, los partidos tradicionales, muy influenciados por dirigentes regionales, renunciaron al voto de opinión, dejándole en manos de "quien aparezca" y observándose casos como que si se va a pedir cuentas a un partido, el respectivo exalcalde ya no hace parte de él y nadie responde institucionalmente por el desorden y la corrupción. Dos contralores de la ciudad sancionados en serie llaman la atención sobre la necesidad de la elección popular de contralor y personero para garantizar su independencia. 25 años después la descentralización en Bogotá es una tarea por concluir.
 

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