La brújula conservadora no apunta a Santos

Aunque prefieren no meterse en la disputa entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe, el distanciamiento con el gobierno se hace evidente.

Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial. / El Espectador
Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial. / El Espectador

Entre más cerca están las elecciones para la Presidencia de la República de 2014, más clara es la posición del Partido Conservador frente a las políticas del mandatario Juan Manuel Santos y sus intenciones de pasar de la Unidad Nacional a controvertirlo en el escenario político electoral.

Así quedó en evidencia con el nombramiento de los nuevos miembros de la Dirección Nacional Conservadora: el exministro de Interior, Carlos Holguín Sardi y la precandidata y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, los dos de reconocida extirpe uribista. Además, llegó también la nieta del expresidente Mariano Ospina, Ángela Ospina y el exvicecontralor Álvaro Navas, de perfil académico.
En los corrillos políticos se habla de una retoma del Partido Conservador por parte del uribismo. Sin embargo, desde la colectividad desmienten esa versión, pero mantienen su posición crítica ante las políticas de Santos. Precisamente, la actual precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez ya envió su propia notificación al Gobierno: “No somos un convidado de piedra en la Unidad Nacional",dijo.

En diálogo con El Espectador, la exministra de Defensa de Uribe manifestó que “acá no estamos hablando de uribismo, estamos hablando del Partido Conservador. Nosotros estamos en la Unidad Nacional con el compromiso de que nuestras propuestas tengan acogida. Hemos apoyado al Gobierno pero no se puede pensar que somos un convidado de piedra, sobre todo porque el Partido debe tener vocación de poder. Tenemos liderazgo, propuestas y capacidad académica”.

Era algo que se veía venir. Claramente, en la Unidad Nacional, el Partido Conservador no goza del protagonismo que tuvieron en la era Uribe, y a diferencia de los partidos Liberal y de la U han manifestado en varias ocasiones posiciones críticas frente a las políticas del presidente Santos. Hoy la distancia es mayor y el proceso de paz, iniciativa bandera del mandatario, se ha convertido en un palo en la rueda en las relaciones del conservatismo con el Gobierno.

Coincidencialmente, el argumento es el mismo que esgrime el expresidente Álvaro Uribe: la negociación de paz no debe convertirse en un cheque en blanco que permita la impunidad frente a delitos de lesa humanidad. Planteamiento que ha sido respaldado por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y el Partido Conservador.

Desde el 22 de abril, la colectividad emitió un comunicado en el que reiteró su postura de acompañamiento a las distintas voces que se han expresado para pedir que en ningún momento puede haber paso a la impunidad dentro del proceso de negociación con las Farc: “Hemos sido enfáticos en que nuestro compromiso está en rodear de garantías a las víctimas de este conflicto garantizando que no habrá impunidad”, dijo.

Al respecto, el senador Juan Manuel Corzo, haciendo referencia al proceso de paz, afirma que “el Partido ha tomado posiciones ajustadas a derecho, diferente a lo que plantea el Fiscal. Las normas no cambian, el derecho internacional tampoco y Colombia ha suscrito acuerdos. Los delitos de lesa humanidad no se pueden borrar. Esa es una posición del Partido”.

Marta Lucía Ramírez apoya este planteamiento y asegura: “Nadie ha escuchado que el Partido Conservador esté en contra de los diálogos de paz, nosotros apoyamos el proceso, pero como he dicho, no somos un convidado de piedra, creemos y tenemos claro que el resultado de esa negociación debe tener muy en cuenta a las víctimas y garantizarles los derechos a verdad justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Pero las diferencias van más allá y la brújula del Partido Conservador no apunta a la continuidad del presidente Santos en la Casa de Nariño. Así lo ha manifestado el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, quien abiertamente ha pedido a los dirigentes de la colectividad que postulen sus nombres como precandidatos para que, por el mecanismo que disponga el Directorio, se escoja el aspirante a la primera magistratura del Estado.

En ese sentido, Ramírez afirma que hay sectores y temas en los que es necesario cambiar el rumbo. “Vamos a plantear una convención del Partido en la que se hable en serio de temas como la reindustrialización de país o el desarrollo rural integral, que tal vez no sea el mismo del que se está hablando en La Habana. Por ejemplo, creemos que las hectáreas cultivables y explotables deben pasar de 4 a 8 millones en dos años y no en 10 como lo plantea el presidente Santos. Estos temas los tenemos que definir porque no estamos con la reelección y debemos tener una agenda de cara a las elecciones de 2014”.

Las diferencias con el gobierno Santos resultan claras y el debate electoral bien podría generar un divorcio total, bien sea por la vocación de poder de la colectividad o, incluso, aunque lo nieguen sus directivos, por la influencia del expresidente Uribe quien tiene una clara ascendencia en la colectividad.