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El senador Roy Barreras, del Partido de la U, radicó este martes un proyecto de ley que buscará habilitar que quienes fueron miembros de grupos paramilitares puedan acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad en calidad de “testigos comparecientes”, para que puedan aportar información que permita la reparación a las víctimas y la clarificación de los hechos.
La radicación de esta iniciativa se da ad portas de la posible llegada al país de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40.
La intención es agregar incisos y artículos a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para “garantizar el derecho integral a la verdad de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia estableciendo un mecanismo de articulación entre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y el proceso de reincorporación previsto en la Ley 975 de 2005”.
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Uno de los artículos propone que los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley puedan acceder al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición y, si su testimonio es eficaz frente al esclarecimiento de la verdad o la determinación de responsabilidades en violaciones de derechos humanos “podrán obtener los beneficios jurídicos adicionales contemplados” en dicho sistema.
“Por una sola vez, de forma voluntaria, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, postulados mediante el mecanismo previsto en esta ley, que, por razones de fuerza mayor, tengan conductas pendientes por esclarecer, relacionadas con la pertenencia a estos grupos”, dice otro artículo del texto.
También se hace la claridad que la participación de estas personas en el sistema “en ningún caso se considerarán un recurso de carácter judicial, utilizado para debatir asuntos propios del proceso adelantado en el ámbito de esta ley”.
Por otra parte, indica, en cuanto a los beneficios por la comparecencia, que “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas expedirá un certificado de cumplimiento, que deberá ser presentado ante la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial, que determinará los beneficios a aplicar, con base en las sanciones propias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, “los primeros meses de ejercicio de la JEP, permitieron verificar la existencia de una zona gris en relación con la posibilidad de comparecencia ante esta jurisdicción de ex miembros de organizaciones de tipo paramilitar, toda vez que la competencia personal está claramente definida para los miembros de la fuerza pública y los miembros de los grupos armados organizados que hayan suscrito un Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional, para otros agentes del Estado y para terceros financiadores del conflicto”.
Sin embargo, asegura el autor del proyecto, “tampoco está expresamente prohibida la comparecencia de ex integrantes de organizaciones de tipo paramilitar ante la JEP”, y que con la comparecencia de estas personas al sistema “pueden satisfacerse en una mayor medida los derechos de las víctimas, si se permite la comparecencia de este tipo de ex combatientes por hechos adicionales a los investigados y sancionados en la Ley de Justicia y Paz, que incluyan nuevos aportes a la verdad judicial en el contexto del Conflicto Armado Colombiano”.
“El vacío normativo existente en relación con la comparecencia de los ex miembros de las organizaciones paramilitares ante la JEP, debe ser resuelto por el legislador colombiano, para fijar con base en el principio de seguridad jurídica, los elementos específicos que deben acompañar la solicitud de comparecencia ante la JEP”, es una de las conclusiones del documento.
Al respecto, el senador Barreras comentó: “La verdad es una deuda con las víctimas, la verdad no busca la venganza, y desde mi perspectiva, ni siquiera busca el castigo. Lo que busca es la reconciliación y, sobre todo, la no repetición. Que se sepa lo que ocurrió y quienes estuvieron comprometidos para que todos esos actores, también, los que dieron las órdenes, se comprometan ante el país y ante la historia a no repetir jamás sus actos y sus órdenes violentas que generaron en Colombia millones de víctimas”.