Cada mes se registran cien millones de quejas contra telefonía móvil

Desde el Congreso de la República se conoció una denuncia alrededor del mal servicio que muchas compañías de telefonía móvil prestan en el país.

El senador Eugenio Prieto Soto dio a conocer que “aunque parezca difícil de creer”, ante la superintendencia de Industria y Comercio los usuarios de servicios de comunicaciones móviles presentan alrededor de cien millones de quejas al mes.

El legislador consideró que esa es una “cifra alarmante” que obliga al Congreso a tomar medidas en protección de los usuarios.

Según él, en Colombia la provisión de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones constituyen servicios públicos a cargo del Estado (artículo 10, Ley 1341/09), por tal razón, su intervención, con el fin de planificarlos, regularlos, vigilarlos, controlarlos y garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio, es deber del mismo.

“La existencia de más de cien millones de quejas al mes, evidencia que tal eficiencia no se registra y por tanto, se hace obligatorio revisar las posibles consecuencias jurídicas en protección de los usuarios, entre otras, el alcance de los actuales títulos habilitantes de los proveedores de telefonía móvil celular -TMC-, PCS y servicios móviles en general”, indicó el senador.

Sobre el tema, Prieto dijo además que hay que revisar las condiciones en que se les entregaron las concesiones para la prestación del servicio a dichas empresas, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los prestadores la eficacia de la actual regulación y de la superintendencia de Industria y Comercio como organismo competente para ejercer funciones de policía administrativa en esta materia.

“Siendo las telecomunicaciones un servicio público a cargo del Estado y habiéndose entregado la concesión para la prestación del servicio a terceros, especialmente a particulares, es hora de que en este asunto que afecta a millones de ciudadanos tomen cartas organismos como la Contraloría General de la República, que ejerce control fiscal sobre los particulares que administran bienes del Estado y en materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación”, indicó.

La idea ahora del Senado es ampliar el debate sobre las asignaciones de bandas de frecuencias para 4G al tema de la protección de los usuarios y a las cargas de cobertura y servicio universal.

Además, se citará al Congreso a los responsables de la prestación del servicio para que, de cara al país, expliquen la causa de las reclamaciones y el trámite que se ha dado a las mismas.

“El solo debate no es suficiente, debemos avanzar en la adopción de medidas en protección de los usuarios, tales como el pleno cumplimiento de las obligaciones de los operadores derivadas de las actuales concesiones, la promoción de la competencia para que en Colombia exista un amplio número de operadores móviles, la eliminación definitiva de cláusulas de permanencia mínima de los usuarios cualquiera sea el origen de las mismas, la pedagogía del efectivo ejercicio del derecho a la portabilidad numérica y un régimen sancionatorio especial para los proveedores de servicios masivos que efectivamente proteja los derechos colectivos de los ciudadanos”, agregó Prieto.