Cadena perpetua para violadores de menores divide a la Comisión Primera del Senado

La propuesta de cadena perpetua para violadores fue aprobada en Cámara sin muchos inconvenientes.

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Los tiempos para que el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños se tramite son complejos, pero no imposibles, a los ojos de los promotores y del mismo Gobierno, que priorizó la iniciativa en medio del conteo regresivo para culminar este inédito período legislativo. La plenaria de la Cámara de Representantes lo aprobó el 16 de mayo de manera remota y, cinco días después, la mesa directiva de Senado confirmó la recepción del tránsito de la propuesta.

El jueves pasado el proyecto llegó a la Comisión Primera del Senado, que aprobó una audiencia pública al respecto, para las 10 a.m. de este lunes, con el fin de que los ponentes tengan más elementos para su ponencia. Así las cosas, a más tardar el próximo jueves se debe iniciar la discusión y que la iniciativa transite a plenaria en la segunda semana de junio, dando el margen ajustado para su aprobación y, si es el caso, su conciliación.

Pero el tiempo no es el único obstáculo para que la iniciativa salga con vida del Congreso y pase, por primera vez después de diez años de intentos, a revisión constitucional. El mismo debate será una prueba de fuego, porque curtidos senadores se oponen tajantemente al considerar que la propuesta tiene mucho de populismo punitivo y no es una solución estructural al problema: detener la violencia sexual contra los menores de edad.

“Hay que luchar contra la violencia sexual contra menores de edad, pero, como dicen los expertos, el derecho penal debe de ser el último recurso. Aquí se pretende que lo que no arregla la sociedad, lo arreglen los jueces y las cárceles. Esto es populismo punitivo”, atinó a decir el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien ve en una política pública de prevención una solución más coherente y efectiva.

Haciendo un repaso de la situación penal en la actualidad, el parlamentario considera que las penas concebidas para este tipo de delito son, de facto, una cadena perpetua. “Las penas llegan hasta sesenta años y tienen un elemento adicional: se prohibieron las rebajas. Solo se aceptan las redenciones por trabajo, que son mínimas, lo máximo son cinco años. Se escandalizaron por lo que pasó hace poco con el caso de Rafael Uribe Noguera. Fue condenado a 58 años de cárcel, él tiene cuarenta, y en caso de que se rebaje la pena por redención, él estaría saliendo a sus noventa años. El promedio de vida en Colombia es de setenta, y mucho menor en las cárceles, por sus condiciones de hacinamiento”.

En esa misma línea habla Rodrigo Lara, su colega de Cambio Radical, quien se declara un acérrimo opositor del proyecto. A su juicio, desde el Congreso se está haciendo política con el Código Penal. “Las penas ya existen para esos delitos y son supremamente altas”, dice Lara y pone en tela de juicio lo que sucederá en las cárceles en caso de aprobarse el proyecto, teniendo como base el hacinamiento en estos lugares. Su preocupación crece porque el Senado sigue sesionando de forma remota, lo que le permitirá al Gobierno, a su juicio, sacar la iniciativa sin mucha discusión.

Eso sí, Temístocles Ortega, también de Cambio Radical, prevé que el debate, bien sea a través de Zoom o presencialmente, generará divisiones extremas que terminarán dejando un margen muy estrecho entre los que apoyan el proyecto y los que no. Por su parte, Velasco considera que, aunque hay parlamentarios convencidos de que la iniciativa es una herramienta de la lucha contra la violencia infantil, hay quienes, a lo último, respaldarán la propuesta para evitar el linchamiento mediático por las pasiones que se despiertan.

En eso concuerda el senador Roy Barreras, de la U, quien dice que, en caso de aprobarse el proyecto, que tiene las mayorías en plenaria y es apoyado por la opinión pública, en la revisión constitucional se caerá. Bajo su lectura, es ilegal que se aprueben reformas constitucionales vía Zoom. Segundo, cree que la iniciativa va en contra de la política criminal. “Hay es que ser efectivos en la captura de los criminales. Las penas las hay, son muy altas, y las rebajas son de apenas dos años. En cambio, el proyecto contempla una revisión de 25 años en la que estos criminales podrían terminar saliendo de la cárcel. Eso es engañoso”, sentenció.

El uribismo acompañará la propuesta como bancada. Aunque hay unas voces disidentes que no ven en el proyecto la solución al problema, igual lo votarán favorablemente puesto que sus reparos no van contra sus principios. Es el caso de María Fernanda Cabal y Santiago Valencia, presidente de la Comisión. Según Cabal, es prioritario que para estos casos se mejoren los mecanismos técnicos para dar con el responsable y con esto se evita la impunidad y el culpabilizar a un inocente. Para Valencia, el enfoque de la iniciativa no es el correcto: “En vez de determinar la cadena perpetua, hay que aumentar la probabilidad de condena, para que quienes hayan cometido los delitos de abuso sexual vayan a la cárcel”, dice. Con esto, explica, se combaten el grado de impunidad en Colombia, que ocupa el quinto puesto en América Latina.

Desde el Partido Conservador la postura es uniforme y hay confianza sobre los tiempos. “Estoy totalmente convencida de que este proyecto constituye una gran oportunidad para la prevención y lucha contra la violencia sexual infantil. Lo que busca la cadena perpetua es que los violadores y asesinos de niños reciban un castigo acorde con su delito. Decir que es populismo punitivo es ensombrecer su verdadera y genuina importancia”, comentó la senadora conservadora Esperanza Andrade.

Otros enfoques se han escuchado en la discusión del proyecto, como el de Gustavo Petro, de Colombia Humana, quien apela a la imprescriptibilidad del delito, “para que la víctima siempre pueda denunciar a su abusador”. Pese a las divisiones que produce la propuesta, como bien lo dijo el senador Velasco, “la iniciativa tiene la virtud de abrir el debate”, para que se creen unas herramientas fuertes y constitucionales que busquen prevenir el abuso sexual infantil y resarcir a las miles de víctimas, que en 2019 ascendieron a 20.000.