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La plenaria del Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto de acto legislativo que propone una modificación en la Constitución y habilitar la posibilidad de cadena perpetua para violadores de menores. De esta manera, la iniciativa pasa su primera vuelta y le restan otros cuatro debates para convertirse en ley de la República, un trámite que se iniciará en el segundo período legislativo en marzo de 2020.
El proyecto fue radicado en el inicio de la nueva legislatura, el pasado 20 de julio, y fue aprobado en primer debate el 30 de septiembre pasado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Grosso modo, lo que estipula el proyecto de ley es que se elimine la prohibición de la pena de prisión perpetua que está en el artículo 34 de la Constitución, lo que, según sus autores, no implica que esta condena se pueda imponer de manera automática.
En caso de que el proyecto prospere, se hará necesario hacer una modificación al Código Penal para regular de qué manera se habilitará esta posibilidad para quienes cometan delitos sexuales en contra de niñas y niños en Colombia.
El tema, por supuesto, genera debate pues hay quienes señalan que lo que se debe hacer en el país en garantizar la efectividad de la justicia y que ya existe una alta pena de 65 años. El senador liberal Miguel Ángel Pinto, ponente de la iniciativa, pidió de manera adelantada que el Senado pueda acoger el texto que sea aprobado en la Cámara en el futuro para que no haya riesgo de que se archive.
Contexto: Se radica proyecto que elimina prohibición de la cadena perpetua para violadores
En ese mismo sentido, aseguró que se han recogido algunas recomendaciones y proposiciones allegadas por parte de varios congresistas, y que en los próximos debates se puedan hacer algunas correcciones y precisiones en el texto.
“Aceptamos algunas modificaciones que hay que hacerle al texto para que quede ajustado. Esta es la primera vuelta, el 16 de marzo iniciaremos el tránsito de la segunda vuelta (…) Lo que hemos consensuado es que nos vamos a sentar a hacer la mejor redacción de este acto legislativo que nos permita tener la tranquilidad y la seguridad jurídica que lo que vamos a aprobar acá es acorde a lo que se requiere”, dijo Pinto.
Por su parte, la representante Adriana Magali Matiz, una de las autoras de la iniciativa, manifestó en su cuenta de Twitter: “No podemos desde el congreso ser ajenos y omitir el clamor de una sociedad que llora todos los días por sus niños violados y asesinados. Y ante las preocupantes cifras de abuso sexual que se presentan hoy contra los menores, donde cada hora 3 niños son víctimas de abuso”.
Uno de los que mostró reparos al proyecto fue el senador de la U, Roy Barreras, quien argumentó que el proyecto no satisface el clamor ciudadano de castigar a los violadores, “sino que implica una rebaja de penas exponencial en la práctica frente a lo que hay hoy. Además, pone en riesgo de penas excesivas, no a los miserables homicidas violadores de niños y niñas, sino a innumerables ciudadanos imputados por otro tipo de actos sexuales abusivos”.
Según Barreras, la “amenaza punitiva”, no impide que “los sociópatas y psicópatas hagan uso de su criminalidad”. “Las causales de los delitos sexuales que aumentan trágicamente en Colombia son múltiples y casi todas son sociales. La inmensa mayoría de los más de 15 mil niños abusados el año pasado en Colombia, lo son en los hogares, por los padres o los padrastros o los parientes de familias con hacinamiento, en la pobreza y la miseria, cuyas niñas y niños están en la calle, en el barrio, que no tiene protección social. Y esos violadores, muchos de ellos delincuentes jóvenes, son hijos de esa misma tragedia social”.