¿Cadena perpetua para violadores pero revisable a los 25 años?

La representante conservadora Adriana Matiz explica que a los 25 años de pagar las penas se puede revisar la conducta de resocialización. / Archivo particular

En campaña y desde la posesión de Iván Duque como presidente, la propuesta de levantar la prohibición de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores  ha estado sobre la mesa. Feminicidios como los de Génesis Rúa, de nueve años, en octubre del año pasado en Fundación (Magdalena), y de Sharik Alejandra Buitrago, de 10, en  julio pasado en El Retorno (Guaviare), despertaron un fervor en el Gobierno y una facción del Congreso para dar la batalla, una vez más, para que se tramite este proyecto de reforma constitucional. El Espectador habló con la representante conservadora Adriana Matiz, luego de que la iniciativa de su autoría pasó el primer ciclo de debates en el Capitolio.

Prisión perpetua para violadores pasa primera vuelta en el Congreso. ¿Cuál es el panorama para  2020?

Esta es una iniciativa que se ha presentado  unas 10 oportunidades en los últimos 10 años, y es la primera vez que llega hasta este punto. Una de las razones es que tiene un elemento diferenciador, pues hablamos de una prisión perpetua revisable. Según lo consignado en esta reforma constitucional, esa pena tendrá un control automático del superior jerárquico para garantizar el derecho a la defensa. Es decir, serán tres los operadores judiciales los que se pronunciarán respecto de la responsabilidad penal.

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¿Cómo es eso de revisable?

Queremos evitar el error judicial, y eso se logra con el control automático. La pena va a ser revisada en un plazo no superior a  25 años, para que se evalúe la resocialización de la persona condenada. Eso ya existe en Inglaterra, Dinamarca, Perú y Chile, en donde se consagra que la prisión perpetua, en la mayoría de los casos, es revisable.

Pero, en términos prácticos, ¿qué implica que se revise la condena?

Sobre esta iniciativa, el Consejo de Política Criminal dijo que no se elimina el carácter resocializador de la pena. Al estar frente a una pena revisable, puede ser revocada si se cumple con los preceptos que establece la ley, como la resocialización. Los condenadas a prisión perpetua van a tener acceso a programas de resocialización, como trabajo o estudio. Se exhorta al Estado a que garantice el acceso de los condenados a estos programas.

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También hay artículos que buscan la protección previa de niños…

Sí, posee una parte preventiva y se busca establecer una política pública integral para la protección de los niños y las niñas, y se le da al Gobierno un año para desarrollar esa política de prevención, programas y acompañamiento público. Esa característica también hace diferente a este proyecto.

Quedaron   pendientes, pese a que se aprobó en Senado. ¿Qué viene?

En la segunda vuelta tendremos que revisar las proposiciones presentadas a lo largo del trámite. Hay cosas que se deben aclarar, como que la iniciativa tiene el objetivo de abrir en el ordenamiento jurídico la prisión perpetua revisable en casos muy específicos, como cuando hay víctimas de homicidios en la modalidad de dolo y el acceso carnal o acto que demuestre violencia contra un niño que está en incapacidad de resistir. Se excluye el culposo preterintencional.

El senador Roy Barreras calificó la cadena perpetua como una “amenaza punitiva” que no satisface el clamor popular, que los menores son violados en entornos familiares y que antes se necesitan políticas para su protección social...

Estoy de acuerdo con esa posición. Se deben implementar  acciones integrales para castigar y prevenir. En el acto legislativo quedó la obligación de una política pública, que busca que se desarrolle de manera integral la protección de niños  a través de alertas tempranas, educación, prevención, judicialización, condena y acompañamiento. En esto, el responsable no solo es el Estado, sino la familia, la sociedad y el entorno educativo.

Ya hay pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la cadena perpetua o la pena de muerte. ¿Cómo ve el proyecto en un escenario jurídico de revisión en el alto tribunal, si se logra aprobar?

Lo veo favorable, porque el proyecto acoge lo que ha sido una crítica de la Corte. Los proyectos anteriores eliminaban el carácter resocializador de la pena. La prisión perpetua que tiene este proyecto, al ser revisable y reversible, garantiza que los condenados tengan acceso a programas de resocialización; esta no es negada, sino que hace parte integral del proyecto.

También hay cifras de hacinamiento alto en  cárceles. La prisión perpetua ingresaría a presos que estarían más tiempo en los establecimientos, lo que también implica mayores recursos. ¿Eso se ha revisado?

Revisaremos el tema presupuestal, pero  lo hemos dicho cuando  dicen que  van a salir muy caros los condenados: es más costoso tenerlos y que sigan violentando. Debemos pensar en una reforma al sistema. Hay un caso exitoso: la colonia agrícola de Acacías, en donde hay una cárcel  con vocación agropecuaria y que muestra resultados en  resocialización. Los presos trabajan, producen y ayudan al mantenimiento del sector carcelario.

¿La prisión perpetua sería una solución a todo el problema de violencia sexual contra menores?
El 9 % de las 14.376 de los condenados por delitos contra menores reinciden. Traigo a colación  el caso de Élver Jaimes Melchor Bañol, en Ibagué, que tenía antecedentes por violación y asesinato de una niña de 13 años, además de otros procesos por delitos sexuales similares. Cuando lleva una parte de la pena, sale 72 horas, y en ese tiempo lo primero que hace es torturar a Rosmery Castellón, de 16 años, y escribir en su cuerpo con un bisturí.

¿Son estos casos  los que se quieren evitar con la prisión perpetua?

Con la prisión perpetua revisable, por lo menos, vamos a poder decir que no va a haber reincidencia. Es preocupante que los mayores índices de ingresos de reincidentes a  cárceles se han registrado en los últimos años, 2018 y 2019. En lugar de bajar el ingreso de reincidentes, se están incrementando. No queremos que eso siga.

¿Hay acuerdo político para apoyar esta iniciativa?
Estamos defendiendo el proyecto desde varias bancadas, no hay un acuerdo en específico. Pero estamos insistiendo, y esa insistencia obedece a que la violencia contra menores es uno de los pocos hechos que no nos llenan de esa anomia social que nos ha marcado por generaciones. Este proyecto responde a un clamor ciudadano.

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