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Con una votación de 87 votos por el sí y 19 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado por el Senado sobre el proyecto que establece mecanismo de rendición de cuentas por parte de los congresistas y otros servidores públicos elegidos por voto popular en el país, de esta manera se salvó uno de los proyectos anticorrupción y se convirtió en la única iniciativa de la agenda anticorrupción que pasa a sanción presidencial.
Sin embargo, la discusión que antecedió la votación giró alrededor de que con la adopción del texto de Senado se perdía la posibilidad de incluir tres numerales que habían sido eliminados por esa corporación y que, a juicio de la representante Juanita Goebertus, eran la esencia del proyecto.
Contexto: El polémico punto que tiene estancado el proyecto de rendición de cuentas de congresistas
“[No podemos] decirle a la opinión pública que acoger el texto de Senado es un gran avance, pues seria contrario a lo que se ha dicho aquí esta mañana. Es un proyecto que no contribuye a resolver los problemas porque los problemas esenciales están resueltos en tres numerales que en el texto aprobado por fueron sacados”, expresó la representante.
Goebertus se se refería a los numerales 7, 8 y 9, que estipulaba que en los informes que deben presentar los congresistas debían incluir “una relación detallada de los votos emitidos para la elección de servidores públicos que incluya sentido del voto, cargo y fecha, a menos que se trata de una votación secreta, en cuyo caso se deberá informar sobre la asistencia del congresista a la votación o la razón para su inasistencia”, “Citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada y “una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dicho registro se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas”
Además, aseguraba que la iniciativa no era un proyecto de ley estatutaria sino ordinaria y, por lo tanto, su debate se podía aplazar hasta la próxima legislatura para que no se hiciera un simple saludo a la bandera.
Erwin Arias, de Cambio Radical, y Edward Rodríguez, del Centro Democrático, señalaron que sí era un proyecto de ley estatutaria y, por tanto, debía ser aprobado porque, de lo contrario, quedaría hundido. Rodríguez, por ejemplo, acusó a Goebertus de mentirle al país al señalar que la discusión se podía aplazar y esta le contestó: “No falto a la verdad. La ley 1828, que es la única que modifica el proyecto, es el Código de Ética, que es una ley ordinaria. Cuando se refiere a la 1757, que sí es estatutaria, no se modifica, dice de manera general que, en todo caso, desarrolla elementos de participación, pero no la modifica”, se defendió la representante verde.
Por su parte, Buenaventura León, representante conservador, recordó que durante la discusión del proyecto en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado se puso en votación una proposición para que se decidiera si a la iniciativa se le daba un trámite de ley ordinaria o estatutaria. “Las dos comisiones aprobamos que el trámite que se debía dar era de estatutaria. Hoy se vence la legislatura, así que someta a votación la proposición si no queremos que se hunda”, expresó León al presidente de la Cámara, Alejandro Chacón.
Sobre esa discusión, Harry González, del Partido Liberal, dejó la constancia y calificó como incorrecta la presión sobre los representantes. “Cómo es posible que no podamos hacer una enmienda, una reforma. Yo he propuesto crear una aplicación móvil para este proyecto y no se va a poder discutir porque tenemos que acoger el texto de Senado. No es correcto que nos presionen de esta manera”, anotó.