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En la recta final de la legislatura que concluye el próximo 20 de junio, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes –encargada, entre otras, de temas relacionados con prestación de servicios públicos, transporte, cultura y turismo– ha avanzado en proyectos como el que pretende declarar el ritmo del porro como patrimonio de la Nación. Sin embargo, ni siquiera discutió en primer debate la iniciativa que pretende regular el servicio de transporte intermediado por plataformas como Uber, Beat, DiDi, entre otras, y ya notificó que terminará archivado.
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En una carta dirigida a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco –en la que le piden al Gobierno autorizar Uber y otras aplicaciones de transporte durante la emergencia causada por el COVID-19– los congresistas alegan que la pandemia y su consecuente aislamiento preventivo “ha entorpecido la labor del Congreso” frente al trámite de proyectos, y recuerdan las dificultades por la incertidumbre inicial frente a la legalidad o no de las sesiones virtuales.
“Durante el presente periodo legislativo ha sido más complejo avanzar en el estudio de las iniciativas que cursan su trámite en esta célula congresual, y más aún aquellas que por su impacto social, requieren de una amplia participación ciudadana a través de mesas de trabajo o audiencias públicas”, argumentan.
En ese sentido, advierten que, ante la terminación del periodo legislativo justo dentro de ocho días, proyectos como el que regulaba el servicio privado de transporte a través de plataformas “no alcanzarán a ser aprobados en primer debate, y por consiguiente serán archivados”.
Para los representantes, dado “su gran impacto social”, este tipo de iniciativas requieren ser concertadas con todos los actores a través de audiencias públicas a nivel nacional. Lo anterior, por petición de los mismos prestadores del servicio de transporte, agremiaciones de taxistas, asociaciones de usuarios, representantes de las plataformas y ciudadanía en general.
Aunque los integrantes de la Comisión Sexta argumentan que se realizaron varias mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, aseguran que no se logró un consenso frente al proyecto, ni se obtuvo un concepto por parte del Ejecutivo.
Ante ello, instaron al Gobierno a reglamentar el transporte individual de pasajeros a través de plataformas tecnológicas como Uber mientras dure la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus.
Según argumentan los representantes, la crisis ha generado graves problemas de movilidad en las diferentes ciudades capitales del país, “por la demanda y el evidente riesgo de contagio en el transporte público”, así como por el “desmedido incremento” en la tasa de desempleo en el país.
“La regulación, que en el tiempo de la pandemia ya se ha aplicado en otros países, cobra importancia toda vez que contribuye a la disminución del riesgo de contagio por la alta demanda en la movilidad, e igualmente se constituye en una fuente de sustento para las familias de un representativo sector de la población que como consecuencia de la crisis, ha quedado sin alternativas de empleo, incrementándose con ello los niveles de pobreza en el país”, señalaron los congresistas.
En la misiva, instan al Ejecutivo a tramitar en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio un proyecto de ley que recoja todas las inquietudes y propuestas recibidas por parte de los representantes de las plataformas, agremiaciones de taxistas, usuarios, socios conductores y ciudadanía.
Para ello, manifiestan su disposición para que, en un trabajo articulado con el Ministerio y demás entidades del Gobierno Nacional involucradas, se estructure una ley ajustada a la Constitución “que procure optimizar el servicio y el bienestar de los conductores, usuarios y ciudadanía en general”.