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Este jueves, la plenaria de la Cámara le cerró la puerta al proyecto que tenía como objetivo introducir la alternativa dentro de los matrimonios a pedir el divorcio de manera unilateral. Un grupo de representantes, liderados por Carlos Acosta (Colombia Justa-Libres), presentaron una proposición de archivo de la iniciativa, al considerar que esta “desvirtúa la naturaleza del matrimonio y atenta contra el núcleo de la sociedad: la familia”.
Al mal llamado proyecto “divorcio exprés”, congresistas cristianos lograron conseguir 78 votos contra 70, para hundir la iniciativa, que trató de buscar consensos y escuchar a todos los sectores antes sus preocupaciones. Al ser radicada y aprobada en primer debate en Comisión Primera de Cámara, lo que se proponía era la eliminación de las nueve causales existentes en el Código Civil, junto a la culpa inherente a estas.
Sin embargo, por la discusión que se tuvo en esa célula legislativa, la autora, Katherine Miranda (Alianza Verde), y los ponentes, Juan Fernando Reyes Kuri y Julián Peinado (Partido Liberal), previendo lo que pasaría en plenaria, optaron por cambiar el texto y, en vez de eliminar la nueve causales, propusieron la creación de una décima: la de la voluntad unilateral de una de las partes.
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“En Comisión Primera, cuando discutimos el proyecto y lo aprobamos, surgieron algunas dudas. Hicimos un foro y junto con Katherine coincidimos en que la mejor manera de avanzar era traer un texto a la plenaria como el que estamos proponiendo de no eliminar las causales de divorcio como pretendíamos originalmente, sino mantener las causales existentes y agregar una”, explicó Reyes Kuri.
Aun así, con dicha alternativa, los sectores más conservadores y religiosos se opusieron, considerando que el matrimonio, fundante de la familia, es la institución base de la sociedad y, según insistían dieron a entender en sus argumentos, este es de carácter permanente, solo sí, se presentan circunstancias excepcionales como los dispuestos por la reglamentación civil como casos de violencia, relación extramatrimonial, alguna enfermedad, entre otros.
“No se trata de anular un contrato cuando no me sirve. La institución matrimonial tiene ánimo de permanencia y no se puede tratar a la ligera, porque media derechos fundamentales, no solo de los cónyuges, sino de los hijos cuando son menores de edad, que tienen derechos prevalentes”, reiteró Acosta, diciendo que la mera propuesta “banaliza y debilita a la familia”.
Por su lado, Gabriel Vallejo (Centro Democrático) expuso ciertas preocupaciones que, de lejos, lo llevaron a situarse en contra del proyecto y a votar positivamente para su archivo: “Este cambia por completo la figura y la institución del matrimonio, porque deja un elemento absolutamente subjetivo y es que acaba con la figura del cónyuge culpable del divorcio, aquel que no cumplió con el deber de la no violencia, con el deber de la fidelidad. Ese cónyuge culpable, responsable de los alimentos y generador del daño, puede solicitar el divorcio y, si el afectado no demuestra el desequilibrio económico, este sale del matrimonio sin ninguna obligación, no hay una forma de reparación del daño”, ilustró.
En otras palabras, para él, la iniciativa “permitiría una alcahuetería para aquellos cónyuges que, de manera indiscriminada, incumplen, para salir impunemente del deber del matrimonio”.
La representante Ángela Sánchez, de Cambio Radical, también planteó el mismo escenario de que un marido que ejerce violencia sobre su pareja pide el divorcio. “¿Cómo quedarían los hijos? ¿Cómo dictamina el juez si hubo violencia o no? ¿Quién queda con la custodia? ¿Quién compensa a la mujer?”, fueron algunos planteamientos que dejó.
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Así mismo, Christian Garcés, del Centro Democrático, planteó que la iniciativa, a sus ojos, pone en mayor desventaja y posición débil a quien, dentro de la relación, lo está, es decir, las mujeres que, históricamente, han asumido las tareas del hogar, mientras que los hombres llevan el sustento y el alimento a los hogares. Igualmente, para él, el proyecto también afecta el derecho de los hijos, cuando los hay en un matrimonio.
“En la actualidad, existe la legislación suficiente y permite terminar las sociedades conyugales con responsabilidad, tiempo y dedicación como debió ser el proceso para tomar la decisión del matrimonio”, resaltó, sin plantear situaciones de violencias que se pueden presentar dentro de un hogar, donde las víctimas, principalmente mujeres, desean terminar el vínculo lo más rápido posible.
Como último argumento expuesto, otros representantes se fueron a explicar cómo, bajo sus interpretaciones, este proyecto, de antemano, eliminaría las otras causales de divorcio. “El culpable puede acudir a la causal unilateral y el afectado no tiene cómo mostrar pruebas. Es decir, los nueves causales no van a tener ningún efecto y desaparecerán del orden jurídico”, señaló Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal.
Para dirimir las diferencias, el representante liberal Juan Carlos Losada radicó una proposición para incluir dentro del proyecto, como fórmula para tratar de negar la intención de archivo y avanzar en la discusión de la iniciativa. Esta, en palabras llanas, le agregaba la conjunción condicional “siempre y cuando” a la décima causal, la de la voluntad unilateral, especificando que en casos donde se presentaron circunstancias cobijadas por las otras causales, como violencia, infidelidad, entre otras, esta primará sobre la voluntad unilateral, y ahí entrará a mediar un juez de tribunal.
“De esta forma se mantienen las causales, añadiendo una nueva. Y cuando el cónyuge decida por las razones que tenga levantar la mano, el otro puede alegar otra causal y decir que hay incumplimiento. Y en esto mediará la discusión judicial, que determinará si existe o no cónyuge culpable”, explicó Juanita Goebertus (Alianza Verde).
El ponente, Reyes Kuri, insistió que de esta forma no se vulnerará al cónyuge en posición de desventaja y mucho menos a los hijos. “El que opte por esta opción de divorcio unilateral, debe hacer propuesta ante un juez. Esa propuesta debe garantizar los derechos del otro cónyuge y de los hijos. No estamos pasando por encima de los otros derechos”.
Sobre el argumento de los hijos, José Daniel López (Cambio Radical) comentó que “el derecho de los hijos a tener padres casados por la fuerza y obligación legal, a expensas de esos, no existe”. Y agregó como otro elemento de oportunidad del proyecto: “Muchas personas víctimas de violencia nunca se atreven a pedir el divorcio o denunciarlo. Hundir la iniciativa significa negarle, en su mayoría mujeres, a no puedan divorciarse de manera libre”.
Ante este escenario, César Lorduy, también de Cambio Radical, recordó que la posición del Instituto de Bienestar Familiar en una reciente sentencia de la Corte Constitucional fue la de apoyar el divorcio, cuando el matrimonio esté afectando a los hijos. “El ICBF dijo que obligar a una persona a permanecer casa, en contravía de su proyecto personal, puede traer graves consecuencias en los hijos”.
Y agregó que la Defensoría, sobre el caso de las mujeres violentadas por sus parejas, le pidió al alto tribunal constitucional darle un tiempo al Congreso para que legisle en la materia de permitir el divorcio unilateral, de lo contrario, que sea este el que siente jurisprudencia en el tema.
Reyes Kuri lamentó el resultado de la votación y señaló que esta es otro movimiento del Congreso por “negar la posibilidad de decidir libremente. La semana pasada fue con eutanasia (proyecto del que era autor) y hoy con el de divorcio libre. Desde mi curul, seguiremos insistiendo en que cada quien decida con autonomía sobre su propia vida”.
“Lamentamos que en la Cámara no se haya dado una discusión a fondo. Hay que dar las discusiones al interior y más cuando en términos de libertades individuales se trata, presentaremos de nuevo el proyecto el 20 de julio”, concluyó Katherine Miranda.