Cambio Radical y la U radicaron su propio proyecto anticorrupción

Este martes, las bancadas presentaron sus puntos independientes a las del Gobierno y complementarias a las ya propuestas.

Prensa Senado

La mesa técnica interpartidista que se consolidó la semana pasada en torno a la lucha contra la corrupción, tras la Consulta Anticorrupción, recibió este martes una nueva propuesta proveniente de los partidos Cambio Radical y la U.

Entre los puntos propuestos está que los funcionarios entreguen la declaración de bienes y renta de los últimos cinco años a la Contraloría General de la República, entidad que trabajaría en conjunto con la DIAN para verificar la veracidad de la información entregada.

“En el año 1995 se creó un mecanismo mucho más eficiente para la lucha contra la corrupción, que son las declaraciones de bienes y rentas y que se diferencian de la declaración de renta en que son totalmente actualizadas e incluyen datos adicionales como los de los parientes en primer grado de consanguinidad y el cónyuge o compañero permanente”, se lee en el proyecto de ley.

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“También vamos a darle facultades a los jueces especializados de circuito para que asuman funciones de extinción del dominio, para que se arranque el proceso desde el escrito de acusación, dado que solamente en el día de hoy solo tenemos 11 jueces especializados en extinción del dominio”, explica Richard Aguilar, senador de Cambio Radical.

Frente al tema de extinción de dominio, las bancadas pretenden que una vez se presente la acusación por delitos al funcionario, se inicie el trámite. “Proponer que se pueda extinguir el dominio de quienes hayan incurrido en un acto de corrupción es ignorar lo que ya existe (…) por ello se propone que con la presentación del escrito de acusación también se inicie el proceso de extinción”.  

Por otro lado, en cuanto a los temas de contratación, el 10 % será directo del presupuesto anual, que, al ser concedidos, la información deberá ser montada en una página web para que esta información pueda ser consultada y verificada. Las adjudicaciones superiores a los 2.000 salarios mínimos serán materia de un tribunal especial.

También está la propuesta de implementación de un sistema electrónico que permita la calificación por parte de los ciudadanos sobre la gestión de los funcionarios, aumento de la pena por la utilización indebida de información privilegiada, la responsabilidad penal en personas jurídicas, entre otros puntos.

El senador Aguilar sostiene que la voluntad política es esencial para el cumplimiento de las leyes vigentes anticorrupción y de las que están pendientes en aprobar. Además del sector público, el privado también se debe de unir para contrarrestarla.