Cambios en burocracia social

El presidente Juan Manuel Santos fusionó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (Uact) con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Dps).

Uno de los principales compromisos del Gobierno con la eventual firma de la paz con las Farc es llevar la presencia del Estado en infraestructura, servicios de salud y apoyo social a las regiones con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, las mismas que han sido el escenario del conflicto. Por eso, el presidente Juan Manuel Santos hizo cambios en la estructura de la política social del Gobierno y fusionó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (Uact) con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Dps), para concentrar todas las acciones en una sola entidad.

No se trata propiamente de reducir burocracia o costos, pues la nómina completa de las dos entidades, que alcanza los más de 520 empleados, pasará al Dps. Tampoco habrá una reducción de costos para la nación, pues el monto aprobado por el Congreso en el presupuesto nacional para estas entidades, cerca de $3,9 billones, también será absorbido por el Dps. Lo que se plantea en este caso, a juicio del presidente Santos, es que primen los principios de eficacia y eficiencia.

Así como es claro que esta fusión no generará ningún ahorro, también lo es que estas modificaciones no se dan al margen de la prioridad del presidente Santos: la paz. Así lo afirma la directora del Dps, Tatyana Orozco, quien señala que “este es un gobierno que se está preparando para el posconflicto, en la zonas rurales y las zonas del posconflicto es donde debemos llegar, eso se va a ver en los próximos meses, vamos a salir de las ciudades y vamos a llegar con toda la inversión social, incluido Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad de Víctimas, que forman parte de esta institucionalidad para la paz”.

Este ejercicio rural, que forma parte de los acuerdos ya firmados en La Habana, señala Orozco, va a requerir el trabajo de focalización en las regiones y el apoyo de todos los ministerios involucrados. “Las personas no lo saben pero, por ejemplo, los beneficiados con las casas gratis eran escogidos por nosotros de acuerdo con los criterios de pobreza, si son víctimas de la violencia, si forman parte de la Red Unidos. Eso lo vamos a extender al Ministerio de Agricultura con los programas de vivienda rural, en educación con los planes de beneficios, en eso nos vamos a concentrar”, dice Orozco.

De este modo, también quedó claro que esta fusión no afecta el denominado Ministerio del Posconflicto, en el que fue nombrado Rafael Pardo luego de perder las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. “Nosotros vamos a trabajar con este ministerio y con todas las demás carteras. El asunto de superar la pobreza y llevar al Estado a regiones que coincidencialmente han sido las más afectadas por el conflicto no es un tema de un ministerio, sino de todo el conjunto de entidades”, aclara Orozco.

Esta reforma no es un asunto aislado, tal como en el Congreso se viene legislando sobre el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana y el acto legislativo para la paz, que busca construir la arquitectura jurídica para implementar los acuerdos. La estructura del Estado también está siendo modificada para el mismo fin. Claro esta, los $3,6 billones con que cuenta el Dps son un monto importante en que buscan “representación” partidos y sobretodo congresistas de la Unidad Nacional.