Campaña electoral en los tiempos de la posverdad

La campaña difundida por una representante del Centro Democrático reavivó el debate sobre el contenido electoral en internet. / El Espectador

Si hay una Tercera Guerra Mundial, la culpa podría ser de Twitter. La masividad de esa plataforma de interacción social se ha convertido —incluso desde antes de que comenzara la campaña electoral a la Presidencia de los Estados Unidos en 2016— en la principal arma de comunicación del hoy mandatario Donald Trump. Desde allí, activando los 140 caracteres, maneja la Casa Blanca y ha puesto a tambalear en varias ocasiones la diplomacia internacional y la geopolítica. De hecho, sus irreverencias echan de vez en cuando carbón a las tirantes relaciones con Corea del Norte.

No es ningún secreto que internet no sólo cambió la forma en que la gente se comunica, sino que esos nuevos paradigmas sobrepasaron la esfera de la interacción personal y hacen parte, con sorprendente naturalidad, de las campañas políticas. Hoy, las redes sociales son herramientas primarias e indispensables para la propaganda de los candidatos y, por supuesto, son el perfecto altavoz de la propaganda negra y la guerra sucia en la lucha por el poder. En Colombia vimos los albores de esta realidad en la campaña de 2014, cuando “la loca de las naranjas” se hizo célebre y la campaña presidencial circuló alrededor de filtraciones y escándalos como el del hacker Andrés Sepúlveda. Dos años después, en mitad del 2016, las campañas del Sí y del No en el plebiscito del 2 de octubre desarrollaron un sinfín de estrategias a partir de las redes sociales. Desde formatos de video haciendo pedagogía seria, hasta memes con toda suerte de mentiras “para que la gente saliera a votar berraca”, como reconoció el exsenador uribista Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No en Antioquia.

Y ya se perfila lo que será la lucha por el poder para 2018. Esta semana, por ejemplo, Margarita María Restrepo, representante a la Cámara del Centro Democrático, difundió imágenes de varios líderes políticos —algunos precandidatos presidenciales—, como Claudia López, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle o Iván Cepeda, cuyas bocas aparecían tapadas con una cinta negra. “Bravucones inconsistentes, los callaremos en las urnas”, fue el mensaje que acompañó los montajes digitales que se difundieron masivamente en redes.

La campaña de Restrepo de inmediato suscitó respuestas. Algunas agresivas, otras reflexivas y por supuesto, humorísticas. La más viral fue una pieza con idéntica estética en la que aparecían fotos de mártires de la violencia como Guillermo Cano, Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa o Carlos Pizarro Leongómez, acompañados por una leyenda que dice: “A estos bravucones también los callaron”.

Lo peor de todo, faltando pocas semanas para que comience en firme una de las campañas electorales más complejas de la historia reciente —si se tiene en cuenta el fin del conflicto con las Farc—, es que hay un vacío jurídico que no permite regular la difusión de la propaganda electoral en las redes sociales. E intentarlo conduce a un debate sobre dónde está la frontera entre regulación y violación de la libertad de expresión, opinión, pensamiento y acceso a la información.

El debate, incluso, puede plantear el interrogante sobre qué es propaganda negra y qué ciberterrorismo. De hecho, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), es consciente de que la legislación actual se queda corta frente a este asunto. “Hay un concepto ampliado del espacio público. Las redes sociales son el espacio público por excelencia en la comunicación política actual y el CNE, a mi manera de ver, tiene una doctrina anacrónica sobre cómo tratar estos mensajes. Estamos en mora de ajustar esa doctrina, pero es muy difícil que nosotros intervengamos, porque no hay un marco normativo que lo permita”, comenta el magistrado, quien también considera que no es fácil identificar la línea que divide un mensaje de odio de un mensaje polémico.

La politóloga e investigadora Elisabeth Ungar Bleier afirma que la dificultad para regular los contenidos políticos agresivos en las redes sociales radica en que son leyes que podrían ser utilizadas por gobiernos para callar voces disidentes, sobre todo cuando el asunto no afecta directamente los derechos de una persona en particular, como sí ocurrió en el caso del trino de Álvaro Uribe Vélez cuando llamó “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina. En esa ocasión, el columnista interpuso una acción de tutela por la “presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y honra, lo que desembocó en un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia, que obligó a Uribe a retractarse y a borrar los mensajes. “En el caso de las imágenes difundidas por Restrepo, no se está atacando a una persona, sino a su derecho a expresarse. Son personas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero no están desarrollando una actividad ilegal o criminal”, explica Ungar.

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), no hay un debate profundo sobre el impacto que tienen las redes sociales en la política colombiana. Y considera que los tres puntos centrales de la discusión son la propaganda pagada en estos espacios, es decir, que haga parte de los gastos de campaña y que funcione dentro de los tres meses antes de los comicios electorales, como lo establece la ley; el discurso basado en información falsa e intolerancia que no dignifica la política; y el rescate de la verdad en medio del ruido de la campaña política. “No se habla de propuestas. Tenemos mayor capacidad de información, pero también tenemos información de menor calidad (…) La política no ha entrado a hacer el ejercicio de la paz”, precisa.

Sobre algunos asuntos ya hubo intentos. En agosto de 2016, la resolución 1733 del CNE, que reglamentó temas del plebiscito, contemplaba en su artículo 15 que los comités por el Sí y el No podían contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación y portales y que estos gastos debían ser reportados en las cuentas de las campañas. Sin embargo, lo definido ahí sólo funcionó para ese mecanismo de participación popular. Por el momento, cualquier contenido propagandístico y electoral que se publique en las redes sociales quedará bajo la responsabilidad de los candidatos. Tienen licencia para trinar lo que se les ocurra.