Candidatos activan su TLC

Un voto para alcaldía o gobernación es más costoso en Pereira que en Cali. En Barranquilla se consigue por marihuana y en Bucaramanga lo usual es la venta del "combo", a $150 mil.

Que el TLC es una realidad y que se utiliza para hablar de un acuerdo comercial entre dos partes es algo que tienen más que claro los habitantes de la Costa Caribe en Colombia. Lo saben desde hace muchos años y lo recuerdan con especial énfasis en época de campañas electorales, cuando llegan los políticos conocidos y foráneos en busca de apoyo para sus candidaturas. Por supuesto que no hablan del Tratado de Libre Comercio que el miércoles pasó su prueba en el Congreso de Estados Unidos, sino de la práctica clientelista de negociar votos al precio que toque.


Para las campañas de 2003, por ejemplo, los compraban a $43.000, pagaderos en dos contados, de los cuales $3.000 correspondían al generoso subsidio de transporte que el politiquero del momento —hay momentos que duran décadas— le concedía al votante que se prestaba para el acto de corrupción. Para las votaciones de este 30 de octubre, en las que se escogerán alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles, la cifra pasó a $50.000.


El precio y la forma de pago los regula el mercado. Por eso la venta del voto no está necesariamente asociada al dinero en efectivo, sino que puede referirse al significado literal de la expresión TLC: tamal, lechona y cerveza. La clase de lisonjas varía según la región, pero no es nueva en el panorama electoral colombiano. Y como la costumbre es ley…


Pero en esta elección apareció una modalidad de corrupción al sufragante que dejó con los pelos de punta hasta a los investigadores que llevan años siguiendo de cerca los procesos electorales en el país. Sorprendió a los investigadores que documentaron la forma como los paramilitares se llevaban las cédulas de los habitantes del sur de Magdalena el fin de semana previo a las elecciones de 2006 y se las devolvían pasada la jornada de votaciones. Dejó sin palabras a los miembros de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que en su último informe identificaron los lugares del país en donde más caro se vendía el voto (en Arauca valía $100.000 y en Chocó $20.000).


Esa nueva forma de corrupción consiste en pagar los votos con marihuana. La denuncia pública la hizo Alfredo Palencia, el candidato de Aico para la Gobernación de Atlántico, quien documentó cómo, en algunas zonas de Barranquilla, el pago por voto está a cargo de los “mochileros”, oscuros personajes que se encargan de repartir la droga entre los adictos a los que les quieren sacar el respaldo a tal o cual aspirante.


Las transacciones con votos no son fenómeno exclusivo de la capital atlanticense. Hace una semana, dos de los candidatos a la Alcaldía de Pereira le dijeron a El Espectador que en esa ciudad se pagan hasta $70.000 por voto. Más caro que en Cali, en donde puede valer $60.000.


En Santander la moda para estas elecciones es el negocio en combo. En vez de comprar por separado el sufragio para alcaldía y para gobernación, se hace una sola transacción, cuyo costo para los candidatos es de $150.000.


Los aspirantes a alcaldía y gobernación no hablan del tema. Ni siquiera reconocen que entre sus campañas hay políticos tradicionales, pues temen que la asociación con vicios de la vieja clase política les reste apoyo. Pero los electores saben, por ejemplo, que detrás de una de esas candidaturas está el exsenador Luis Alberto Gil, el mismo que —con morrales similares a los de los mochileros de la Barranquilla de hoy— llegaba a las reuniones políticas de sus pupilos cargado de dinero en efectivo.


El juego perverso no puede tener un final feliz, pues de la misma manera en que se las arregla para llegar al poder, el político intenta eternizarse en él. Además, la llegada a un cargo de elección se convierte en una empresa demasiado costosa y ello explica por qué algunos de los candidatos ganadores se sienten con derecho a saquear las arcas públicas para “recuperar su inversión”.


Es cuestión de matemáticas. Si el Consejo Nacional Electoral le devuelve $1.102 por cada voto a un candidato a alcalde y éste ha pagado de manera ilegal 40 o hasta 50 veces ese valor para comprárselo a un elector, es claro que ese candidato va a buscar la forma de recuperar el dinero, también por la vía ilegal, cuando asuma el cargo al cual se postuló.


Las inversiones extra elevan los costos de campaña y por eso también es un secreto a voces que en las cuentas de muchos políticos no figura todo lo que de verdad gastaron. Oficialmente, una campaña para gobernación (según la población del departamento) puede valer $500 millones, pero en realidad cuesta mucho más. Y la época en la que más dinero se invierte es, precisamente, la que estamos viviendo, cuando sólo quedan dos semanas para la votación.


En política es muy común el refrán que dice que cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. Tratándose de la campaña y de las estrategias a las que acuden los políticos en esta temporada, resulta válido decir: cada pueblo se merece los gobernantes por los que se dejó corromper.

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