Al despacho del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Emiliano Rivera, llegó el informe de la Procuraduría General de la Nación en el que se entrega la lista de candidatos que estarían inhabilitados para participar en las elecciones regionales de octubre próximo por condenas penales o disciplinarias o por violación a los regímenes de inhabilidades. El documento, de 89 páginas —conocido en exclusiva por El Espectador—, está firmado por la procuradora delegada, María Eugenia Carreño, presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales y, en concreto, dejaría fuera del camino a 729 aspirantes.
De estos, solo 15 son de cargos uninominales (alcaldías y gobernaciones), mientras que 16 más corresponden a asambleas departamentales, 572 a concejos y 120 a las juntas administradoras locales. En la lista aparecen, por ejemplo, William Orozco, candidato a la Gobernación del Guaviare, del el Movimiento Democrático Independiente; Enrique Montes, candidato a la Alcaldía de Lorica (Córdoba) por el Polo Democrático; Jorge Orlando Gaitán, aspirante independiente a la Alcaldía de Chía, y Nuir Archila, candidata a la Alcaldía de Simacota (Santander) por AICO, entre otros.
Si bien el informe no dicta la última palabra sobre la legitimidad de la inscripción de los candidatos, según el vicepresidente del CNE, Felipe García, “se trata de una serie de denuncias que ahora nos toca a nosotros recavar en la prueba, indagar los motivos y ver si efectivamente hay lugar a realizar la revocatoria de dichas inscripciones”.
En su mayoría, las inhabilidades tienen que ver con que los candidatos han sido condenados por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, han perdido la investidura o han sido condenados por faltas disciplinarias en el Ministerio Público. Estos 729 casos se suman a más de 80 denuncias que han llegado al CNE y las que presentará la Registraduría en próximos días. En máximo veinte días debe estar depurada la lista de candidatos para los comicios del 25 de octubre.