La idea, que cuenta con el aval del Fondo de Prevención Vial, busca que se reduzcan los índices de accidentalidad de vehículos en las calles de todo el país. En Colombia fallecieron 5409 personas en accidentes de tránsito. Los datos y estadísticas del Instituto de Medicina Legal revelan que de 2200 autopsias realizadas en el país, 34.5 por ciento involucran conductores ebrios y se comprobó que tres de cada diez muertos tenían un alto grado de alcohol en su sistema.
Lara consideró que es necesario legislar en este aspecto y además de la pena efectiva de prisión para quien se niegue a la prueba de alcoholemia, también se establezca cárcel para quienes conduzcan en estado de embriaguez. Esto sería a través de un castigo de seis meses y hasta dos años en prisión para quienes conduzcan ebrios.
"En el mundo existe la tendencia de imponer penas efectivas para quien conduzca en estado de alicoramiento o para quien lo haga a altas velocidades, debido a que las sanciones administrativas no son suficientes frente a las infracciones de tránsito", explicó el congresista.
Otro de los argumentos que soporta la nueva legislación que hará trámite en el Congreso, hace referencia a países como Francia, Alemania y España, los cuales han adoptado en su normatividad medidas similares porque estas naciones han entendido que las conductas que comportan un verdadero peligro para la comunidad, la vida y la integridad física de las personas deben ser penalizadas.