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Los recientes abusos de la Policía y del Ejército colombiano contra civiles tienen contra la pared al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se ha mostrado como el halcón del Gobierno en el manejo del orden público y cuya renuncia piden representantes de diversos sectores políticos.
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El ministro, que está hace diez meses en el cargo, después de una carrera dedicada principalmente a la diplomacia en la que incluso fue el primer canciller del presidente Iván Duque, ha asumido como jefe de la Defensa una postura más radical que sus antecesores ante las protestas callejeras que lo tiene en el ojo del huracán.
Uno de sus principales críticos es el senador Jorge Robledo, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, quien considera que Trujillo es “indigno” de ocupar el cargo y lo acusa de “mentir” y “engañar” al Senado para permitir la presencia en el país de miembros de una brigada militar estadounidense de lucha contra el narcotráfico, de tolerar excesos de militares y policías y de desobedecer sentencias judiciales.
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“Necesitamos que el presidente Duque saque a Holmes Trujillo de ahí. Le están haciendo un daño inmenso al país”, dijo a Efe Robledo, quien añadió “que aquí hay problemas gravísimos y así lo entiende la comunidad internacional”.
Violencia policial y militar
La gota que rebosó la copa fue la brutalidad policial que el 9 de septiembre causó la muerte en Bogotá a Javier Ordóñez, de 46 años, lo que desencadenó protestas que dejaron 13 muertos, supuestamente por disparos de uniformados, y el asesinato el jueves de Juliana Giraldo, una mujer que se movilizaba con otras tres personas en un automóvil atacado a tiros por un soldado del Ejército en cercanías de Miranda, en el Cauca.
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Según el senador, Colombia necesita que la Policía “funcione como funciona en los países civilizados, donde el ciudadano y el que protesta no es un enemigo que puede ser bloqueado sino que es un ciudadano que está con un derecho constitucional y legal que debe ejercerlo”.
El ministro, que además es abogado, se valió de una razón para responder a una orden que le dio el pasado martes la Corte Suprema de Justicia, al fallar una acción de tutela, de que se disculpe “por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019” en la que el bachiller Dilan Cruz murió por un disparo de escopeta de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) en Bogotá.
Trujillo argumentó ayer, poco antes de expirar el plazo de 48 horas que le dio la Corte Suprema, que el pasado 11 de septiembre había pedido perdón “por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.
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Esa declaración ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones y le provocó una nueva lluvia de críticas de diversos sectores que consideran que no responde a la orden que le dio la Corte Suprema, lo que constituye un desacato a la Justicia en un país con separación de poderes.
Debate de moción de censura
Varios senadores de oposición pidieron un debate de moción de censura en contra del ministro por la violencia policial, cuya fecha está por definirse, y además denunciaron a Trujillo ante la Procuraduría para que ordene su destitución.
El ministro se defiende asegurando que las actuaciones policiales están ceñidas a la ley y que cuando se ha recurrido a la fuerza en las protestas es para controlar acciones vandálicas que, según afirma, son promovidas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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“El deber del Gobierno es garantizar (el) ejercicio del derecho que tienen (los) colombianos a manifestarse pacífica y democráticamente y ejercer la autoridad legítima del Estado para garantizar dicho derecho y ejercicio cuando es amenazado por el vandalismo, la violencia y el terrorismo”, dijo hoy el ministro en su cuenta de Twitter.
Investigaciones en curso
Mientras el pulso del ministro de Defensa con parte del Congreso y de la sociedad sigue, los organismos de control tratan de establecer responsabilidades en el caso de la mujer asesinada ayer por un soldado.
La Procuraduría inició este viernes una indagación preliminar “por la muerte de la ciudadana Juliana Giraldo Díaz, durante un procedimiento realizado por unidades adscritas al Batallón de Alta Montaña No. 8 José María Vezga”, informó la entidad.
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Antes de ese pronunciamiento, el ministro de Defensa había asegurado que “el personal involucrado en el hecho, (...) será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan”.
La Fiscalía también abrió una investigación con enfoque de género en este caso para determinar si la condición de Juliana Giraldo fue relevante en la ocurrencia de los hechos y que independientemente de ello se respete integralmente la identidad de Giraldo en el proceso investigativo.
“Los últimos acontecimientos marcados por el vil asesinato de Juliana en el Cauca ponen en evidencia la necesidad de cambios drásticos en los comportamientos de algunos miembros de la fuerza pública”, dijo por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El funcionario exhortó además “al Ejército Nacional para que colabore con la investigación con absoluta transparencia” de manera que se pueda hacer justicia.