Casanare y la sombra del pasado

Son seis los candidatos a dirigir los destinos de un departamento que ha tenido gobernadores y alcaldes destituidos por nexos con grupos paramilitares. Los partidos de la Unidad Nacional van divididos y el uribismo busca pescar en río revuelto.

Lilian Fernanda Salcedo, candidata liberal, es una de las favoritas en las encuestas para ganar la Gobernación. / Gobernación

 

En Casanare tampoco fue posible tener un candidato único a la Gobernación a nombre de la Unidad Nacional. Fue lo que en un momento propuso Lilian Fernanda Salcedo, la carta del Partido Liberal, pero que no se pudo concretar, por lo que ahora tendrá como rivales para los comicios del 25 de octubre a Alirio Guzmán, del Partido de la U y Julio Ramos, de Cambio Radical. En la baraja también aparecen Alirio Barrera, candidato del Centro Democrático; Humberto López, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI) y Joel Olmos, de las Autoridades Indígenas (Aico).

Seis aspirantes a dirigir los destinos de un departamento que ha sido escenario del conflicto, donde se han destituido gobernantes por corrupción y una parte de la dirigencia política estuvo involucrada en el escándalo de la parapolítica, por los comprobados nexos de alcaldes e incluso gobernadores con alias Martín Llanos, uno de los jefes de las autodefensas en la región. Una sombra que sigue latente y que hace que desde algunos sectores se comience a echar agua sucia y a hacer correr rumores, buscando afectar y favorecer campañas.

En concreto, las miradas están puestas sobre Lilian Fernanda Salcedo, la candidata del liberalismo. Exalcaldesa de Yopal, estuvo sancionada por la Procuraduría con 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, a raíz de una sanción fiscal que le impuso la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato que firmó con el Centro Radiológico y Emdisalud. Asimismo, en el Ministerio Público tiene en curso una investigación por la crisis del agua en la capital casanareña, hecho por el cual se anunció también un proceso en la Fiscalía. Y también se habla de por lo menos cinco procesos más en su contra en los órganos de control.

Pero lo más delicado tiene que ver con la declaración que diera William Mayorga Suárez, el coordinador político de Martin Llanos, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente del exrepresentante Óscar Leonidas Wilches, por parapolítica. En este, narró cómo en Casanare, entre los años 2000 y 2007, se implementó el “pacto de Melúa”, por medio del cual la clase política cogobernó con los paramilitares, a través de contratistas, pagos, avales a candidatos y participación en el gabinete departamental de turno.

En su declaración, Mayorga dijo que “en la finca de Julio Salcedo o Julio Motos, padre de Lilian Fernanda Salcedo, se reunían ‘paras’ de Martín Llanos, cuando ella era secretaria de Agricultura del gobernador William Pérez”. Aseguró también que “toda la clase política de Casanare le tocaba ir allá, a hablar con Martín” , y que cada quien llevaba su plan de gobierno y “tenían que comprometerse con la organización, como era firmar un documento para que se comprometieran, gobernadores y alcaldes, con el porcentaje y el nombramiento del personal de enlace y pedía tantas secretarías y que la información de los contratos debería llegar directamente donde Martin”.

Una de esas secretarías cuyos contratos habrían estado a la orden del jefe paramilitar habría sido la de Agricultura, en cabeza de Salcedo. Como se sabe, el exgobernador William Pérez fue detenido en 2009 dentro del proceso de la parapolítica y acusado de recibir de las Autodefensas Unidas del Casanare $3.000 millones de pesos para costear su campaña electoral. En agosto del año pasado también resultó condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema, que lo encontró culpable de los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Él ha aceptado su responsabilidad en estos delitos, pero se ha declarado inocente de concierto para delinquir agravado.

Durante varios días, El Espectador intentó comunicarse con Lilian Fernanda Salcedo para conocer sus reacciones frente a los señalamientos que se le hacen, pero fue imposible. Uno de sus asesores de campaña manifestó que no consideraban adecuado contestar vía telefónica ese tipo de acusaciones. En declaraciones a medios regionales, la candidata ha negado estar inhabilitada, lo cual es cierto, pues ni en los reportes de la Procuraduría ni en el de la Contraloría existen sanciones en su contra. El meollo del asunto es que por ser una sanción fiscal, pagó una multa de $48 millones y la sanción fue levantada. El caso está demandado y se espera decisión judicial. “Me tienen que devolver la plata”, señaló.

Asimismo, Salcedo ha dicho que como cualquier exfuncionaria pública, tiene procesos en contra, pero que ninguno de ellos está relacionado con grupos al margen de la ley, ni procesos que hubieran tenido que ver con prácticas perversas en desmedro del municipio, sino que “son procesos administrativos que se han venido aclarando”. Lo cierto es que en Yopal y en el departamento muchos la siguen viendo como cuota de William Pérez, de quien se dice mantiene intacto su poder político en la región.

Sobre la crisis de agua potable que desde hace años atormenta a Yopal y por lo cual le endilgan parte de responsabilidad, la aspirante liberal ha declarado  en su defensa que el problema radicó en haber cambiado la ruta de gestión que traía su administración: “Estuvimos los últimos seis meses, asumimos y actuamos en la emergencia, en este periodo habilitamos la red en menos de 15 días, elaboramos el proyecto de prefactibilidad para la planta definitiva que se presentó al Gobierno Nacional, siendo aprobado por $53.000 millones, y en donde el municipio solo debía aportar $7.000 millones, pero lastimosamente, el Concejo lo negó en dos ocasiones y se terminó sin la posibilidad de habilitar el proyecto”.

Por ahora, los casanareños siguen esperando la solución a los problemas que los aquejan, por ejemplo —además de la falta de agua potable— la necesaria reparación y construcción de las vías, la adecuación de hospitales que de verdad presten atención de primer nivel, la derrota de la pobreza y el desorden y, en fin, el control y manejo racional de los dineros públicos. Y sobre todo esperan que los fantasmas del conflicto, la parapolítica y la corrupción se queden en el pasado y no retornen en la campaña electoral de este 2015.