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Desde 2016, Colombia es uno de los pocos países de la región que prohibió el porte de armas, salvo las excepciones contempladas por la ley (servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad). Este veto al porte de armas fue impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos a través de un decreto que debía renovarse año a año. A pesar de las diferencias entre administraciones, y de los pedidos de algunos sectores de su partido, Iván Duque mantuvo la prohibición en sus primeros dos años de mandato.
Sin embargo, algunos sectores del Centro Democrático, más cercanos a posiciones de extrema derecha, han radicado un proyecto en el Congreso con el que buscan inhabilitar la prohibición y permitir nuevamente el porte de armas. La iniciativa viene encabezada por el representante Christian Garcés y la senadora María Fernanda Cabal, que en varias oportunidades se ha manifestado a favor de que los ciudadanos puedan portar armas como defensa ante la criminalidad.
La propuesta en cuestión busca reformar el artículo 41 del decreto 2535 de 1993, que establece los criterios con los que las autoridades pueden suspender el porte de armas. Mientras que dicho decreto establece que las autoridades nacionales y locales pueden suspender el porte, el proyecto del partido de Gobierno plantea que solo lo pueda hacer el Gobierno Nacional. Además, mientras que la actual normativa establece que es a discreción de la autoridad la prohibición, en esta iniciativa se busca reducir las posibilidades a solo dos: guerra o estado de conmoción interior.
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El proyecto liderado por María Fernanda Cabal y Christian Garcés plantea que solo se puede prohibir el porte en el territorio nacional si se cumple con las condiciones de los artículos 212 y 213 de la Constitución Política. Estos dos artículos se centran en las formas como el Estado puede declarar la guerra o declarar el estado de conmoción interior. El texto radicado en el primer día de sesiones de 2021 también específica que se debe suspender el porte de armas “en caso de concurrencia a reuniones políticas, elecciones o sesiones de corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas”.
La iniciativa también busca cambiar el tiempo máximo de entrega de un arma a la autoridad militar si su tenencia es suspendida. Mientras en el texto actual se da un plazo de máximo 5 días, la planteada reforma busca que se amplíe este periodo hasta 15 días. Además, el proyecto borra la posible indemnización que otorgaba el artículo 41 tras la suspensión del porte del arma.
La propuesta del Centro Democrático también entra a endurecer las multas por cometer irregularidades con las armas (consumo de licor o drogas siendo portador de un arma, uso de las armas fuera de los lugares autorizados, disparar un arma en un lugar público y sin motivo, y no cargar el permiso de porte de las armas). Originalmente el decreto de 1993 establece que las multas por esas faltas equivalen a 1/4 de salario mínimo, pero la propuesta del Centro Democrático las sube hasta tres salarios mínimos.
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Por otro lado, el proyecto fija que se le prohibirá portar armas a las personas que sean condenadas por delitos en los que se haga uso de estas. La imposibilidad del uso de estos artefactos sería del doble de tiempo por el que fue condenado. Y en otro de sus puntos, el articulado propuesto le quita la incautación preventiva de armas a las autoridades y solo la permite cuando “se haya efectuado un uso indebido de las armas, municiones, explosivos y sus accesorios”.
Además, el proyecto de los congresistas Cabal y Garcés fija los plazos que tienen las autoridades para expedir los permisos de tenencia y porte. Mientras que se da un plazo de hasta 90 días para que se dé o no un permiso de tenencia de armas deportivas y de colección, se establece que las autoridades solo tendrán 30 días para otorgar o no el permiso de porte de armas para la defensa personal.
Además de todos estos planteamientos, el texto radicado establece un artículo transitorio para fomentar el registro de armas. En este, se establece que desde la entrada en vigor de la ley y por 6 meses se habilitará una ventana para el registro o devolución de armas sin que “medien sanciones económicas ni se incurra en causal de incautación y/o de decomiso”.
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De acuerdo a los autores de este proyecto, se estaría fortaleciendo el monopolio sobre las armas al habilitar nuevamente su porte en el país. Asimismo, señalan que se salvaguardaría la vida de la ciudadanía y la percepción de seguridad, pues se estaría “fortaleciendo el control sobre las armas amparadas, endureciendo las sanciones existentes, creando incentivos para el registro de armas, generando una más completa base de datos y fijando plazos para la expedición de salvoconductos por parte de las autoridades competentes”.
Y es que entre las justificaciones está que el decreto de prohibición del porte, fijado por Juan Manuel Santos y continuado por Iván Duque, desconoce “la inseguridad que enfrentan algunos colombianos que cuentan con condiciones especiales de inseguridad tanto en zonas urbanas como rurales exponiéndolos totalmente al crimen que los acechaba”.
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Para los autores del proyecto, la prohibición del porte de armas no salvaguarda la seguridad de los colombianos, como es su fin, puesto que “desprotege a los titulares de los salvoconductos, bajo el entendido que estas personas lo adquieren con el objetivo de garantizar su seguridad personal”. Para ilustrar este punto, los autores justifican su proyecto en las cifras de inseguridad de las principales ciudades del país y aseguran que los ciudadanos, al no portar armas, “no cuentan con las herramientas adecuadas para contrarrestar proporcionalmente la perpetración del ataque”.