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El fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo aseguró que existen suficientes evidencias para revertir la tesis frente a una persecución política y judicial en la administración de Eduardo Montealegre contra los integrantes del Centro Democrático. (Lea: Miembros del Centro Democrático se declaran perseguidos políticos del Gobierno y la Fiscalía)
En dialogo con RCN Radio el jefe del ente investigador calificó como una "interpretación equivocada" las declaraciones hechas en su momento por el senador Álvaro Uribe Vélez y los representantes de su colectividad. "No tuvimos sesgo de nada, ni contra ningún partido, ni una persona, ni un sector político".
"En estos días pensando frente a una pregunta similar que me hicieron yo pensaba que era necesario que se mirara cuántas personas de diferentes partidos políticos fueron procesadas. Yo le pongo un ejemplo, vean el carrusel de la contratación, allá hay como ocho concejales procesados de todos los colores y vertientes políticas", precisó.
"Sobre el caso concreto de las personas que han estado cercanas al partido o que pertenecen partido Centro Democrático o cercanas al expresidente Uribe yo sí les quiero decir con toda contundencia que se equivocaron cuando dijeron que nosotros estábamos persiguiéndolos", precisó.
En la entrevista radial manifestó que durante sus cuatro años de gestión la Fiscalía de Eduardo Montealegre lo único que "hemos hecho y lo hacemos, y aunque esa labor sea impopular, es investigar cuando se presentaron denuncias graves. Y si esas denuncias implicaban a personas de ese u otro partido lo hicimos pegados a la legalidad".
En este sentido puso como ejemplo el caso del "hacker" Andrés Fernando Sepúlveda que permitió abrir otras investigaciones formales que hasta el momento han arrojado ocho condenas por estos actos irregulares. "No son casos ajenos hayamos inventado, sino que han sido investigados en coyunturas tan especiales como lo son una elección presidencial".
"Lo que ha venido haciendo carrera en Colombia es que los investigados critican a la justicia para desmeritarla y poderse blindar mediáticamente. Eso les cuesta desprestigio a la fiscalía y a los jueces, es una labor impopular, llevar gente ante los estrados y a la cárcel , pero alguien la tiene que hacer".