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Ante la reciente solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la congresista del Centro Democrático, Tatiana Cabello, por presuntamente haber cobrado parte del salario a una de sus exfuncionarias, la colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe decidió suspender sus derechos como militante del partido. “Esta decisión se da en el marco de la investigación disciplinaria que internamente adelanta la Veeduría del Partido, por posible vulneración de las disposiciones del Estatuto”, se informó en un comunicado.
(Lea: Fiscalía pide investigar a las congresistas Yamina Pestana y Tatiana Cabello)
Las investigaciones a la representante Cabello tienen que ver, concretamente, con la denuncia que radicó la propia colectividad ante las autoridades luego de que se conociera que la ciudadana Lina García, quien era parte de su Unidad Técnica Legislativa (UTL), revelara que habría sido forzada a consignar dos veces la suma de $670.000 a Luisa Puerto, la asistente personal de la congresista uribista, bajo la condición de seguir en el cargo. “El Centro Democrático no tolerará ningún acto de corrupción por parte de sus miembros ni de sus representantes a las corporaciones públicas, y aplicará su mano firme con rigor”, agregó el comunicado.
Otra de las denuncias interpuestas en contra de la congresista Cabello, y que también será investigada por las autoridades competentes tanto en el campo penal como disciplinario, tiene que ver con que ella, aparentemente, habría engavetado un proyecto de ley a cambio de dinero. Se trataba de una iniciativa en la que se obligaba a las personas que quisieran prestar servicios de seguridad, a someterse a exámenes rigurosos de psicología antes de permitirles la tenencia y porte de armas.
Los hechos habrían ocurrido en 2011, cuando se tramitaba la iniciativa de autoría del senador del partido de la U, Armando Benedetti, denominada “la ley del vigilante”. En ella, aparentemente, se incluían algunas condiciones explícitas que habrían beneficiado únicamente a tres firmas para realizar dichos exámenes psicotécnicos, dentro de las que se encontraba Simetric, compañía de la que es propietario Euclides Torres, padre del representante de la U, Efraín Torres.
Sin embargo, al proyecto le habría salido una contraparte conformada por el senador Mauricio Lizcano, también de la U, quien habría radicado una propuesta que permitía que todas las IPS pudieran realizar estos exámenes. Por esta razón, cuando llegó a la Cámara la discusión de la iniciativa y Cabello, al ser designada ponente de la misma, habría recibido dinero por parte del representante Torres para retirarla. Hechos que, en todo caso, son materia de investigación.
Entre tanto, los derechos de Tatiana Cabello como congresista no se le suspenden y, en ese sentido, puede seguir acudiendo al recinto legislativo mientras la Corte Suprema de Justicia toma una decisión en torno a su caso.