Cesar, ¿no futuro?

La sombra del paramilitarismo rodea la campaña electoral en ese departamento. Parapolíticos condenados apoyan aspiración de Arturo Calderón a la Gobernación.

Las alarmas que hace varios meses están activadas en el departamento del Cesar para advertir que las antiguas estructuras del paramilitarismo —que mutaron en las ahora denominadas bandas criminales (bacrim)— se tomarán el poder político, al parecer no surtirán el efecto deseado durante las elecciones regionales del 30 de octubre próximo.

Ello se deduce con la premonitoria advertencia del destituido alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio: “Con lo que está ocurriendo, en el Cesar se va a reeditar la segunda fase del paramilitarismo”. Un dramático escenario a pesar de las alertas tempranas efectuadas recientemente por la Defensoría del Pueblo (ver recuadro arriba).

Palacio declaró ante la Corte Suprema de Justicia, en el llamado proceso de la parapolítica, contra el entonces gobernador del departamento, Hernando Molina, y los congresistas Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo Castro. Los tres, condenados por el delito de concierto para delinquir por sus nexos con grupos de autodefensas.

Palacio está amenazado hace seis años porque desde La Jagua de Ibirico emprendió una campaña para desterrar del Cesar no sólo “a los grupos armados ilegales que con su violencia azotaban el departamento, sino también a la clase política que en una alianza criminal venían sometiendo a nuestros pueblos”.

Ese desafío lo puso en la mira de los violentos, que aún no cesan en su empeño por asesinarlo. Pero también se tradujo en el respaldo de los pobladores, que lo eligieron alcalde del municipio en el período 2008-2011, cargo del cual fue destituido en febrero pasado, dice él, en un proceso disciplinario irregular que ahora es revisado, de oficio, por la Procuraduría. El Ministerio Público determinará si ratifica el fallo o lo absuelve. “Se trata de una persecución política”, asegura Palacio.

En conversación con El Espectador, el excalcalde expresa su preocupación porque después del proceso de desmovilización de los paramilitares, los mandos medios siguen atendiendo las orientaciones de sus jefes. “Hay orden de Jorge 40 de recuperar toda la región Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar). Hasta hablan de municipios como La Jagua de Ibirico, Becerril y Chiriguaná, que son importantes por su riqueza carbonífera” (ver recuadros).

Y aunque admite que hoy los paramilitares no tienen estructura ni capacidad militar para aterrorizar, como lo hicieron en el pasado, con el objetivo de tomarse las regiones, sí mantienen su connivencia con la clase política que estuvo a su servicio y que en la actualidad lidera el proceso político en el Cesar.

“Prueba de ello es la candidatura a la Gobernación de Arturo Calderón (del movimiento Afrovides), respaldado por Hernando Molina, Mauricio Pimiento, Lucas Gnecco —condenados por parapolítica—, la casa Araújo y Ricardo Chajín (exalcalde de Tamalameque y exrepresentante a la Cámara procesado por parapolítica)”, dice Palacio.

Mirando el espejo retrovisor, recuerda que en el pasado los paramilitares “usaban primero la vía militar para amenazar y después tomarse el poder político, como ocurrió con Hernando Molina, quien acordó con Jorge 40 su ‘candidatura única’ a la Gobernación del Cesar en 2003, cuando intimidando hizo renunciar a la fuerza a los demás candidatos”.

Para el también candidato a la Gobernación Basilio Padilla (liberal), el escenario actual es muy similar al de las elecciones de 2000, cuando la dirigencia política tradicional creó la llamada “triple alianza”, en una coalición que les permitió a los Molina, Araújo y Gnecco llegar al poder. “Son ellos mismos los que ahora quieren renacer políticamente y gobernar de nuevo. Eso sería muy dañino para el departamento”.

En una reciente entrevista de la emisora Maravilla Estéreo, de Valledupar, Calderón fue señalado por el exparamilitar Moisés Andrade Racines de recibir apoyo de grupos armados ilegales. Andrade Racines, recluido en la cárcel de Montería, está a la espera de que se le resuelva su situación jurídica dentro de Justicia y Paz.

A la luz del sol, Calderón también es apoyado por el candidato liberal a la Alcaldía de Valledupar Gonzalo Gómez, quien desconoce así el compromiso de apoyar la candidatura de Padilla, candidato oficial de la colectividad roja. Otros apoyos de liberales a Calderón, en contravía de ese compromiso, son los de Jhony Sajonero, aspirante a la Alcaldía de La Gloria; Marino Zuleta, candidato a la Alcaldía de La Paz, y Eduardo Esquivel, ficha del partido rojo a la Asamblea.

Consultado por El Espectador sobre estos apoyos, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que no conoce denuncias al respecto, razón por la cual se abstuvo de hacer comentarios.

Pedro Muvdi, representante a la Cámara por el Cesar, hoy en la mira de la justicia, es otro liberal que apoya a Calderón y es uno de los cerebros de la estrategia para llevarlo al poder. Muvdi es investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con las autodefensas, según se desprende de un oficio enviado por la Fiscalía a ese tribunal el pasado 8 de junio (ver facsímil), en el que hace referencia a dos informes de octubre de 2010 y mayo de este año, que contienen sendas entrevistas de la Fiscalía 25 Especializada a los desmovilizados del Frente Mártires del Cesar, Jéiner Herrera de La Hoz y el ya nombrado Andrade Racines, quienes declararon contra Muvdi.

“Con todo ese respaldo, de ganar Calderón el verdadero gobernador será Hernando Molina”, afirma Palacio. Sería, dice, un mandatario en cuerpo ajeno, heredero de la parapolítica, que manejaría a sus anchas la contratación y el presupuesto del Cesar e incidiría en la toma de decisiones de varias alcaldías municipales.

El Espectador marcó varias veces a los números celulares del candidato Calderón y de su jefe de prensa, pero nunca obtuvo contestación. Sus rivales políticos aseguran que esto es normal porque no quieren exponerse a los cuestionamientos públicos.

Sobre la mesa quedan algunos interrogantes  para Calderón: ¿Por qué acepta el respaldo de personajes condenados y procesados por parapolítica? ¿Qué le responde al país por los señalamientos hechos en su contra por el exparamilitar Moisés Andrade Racines? Los cesarenses  esperan sus respuestas.

Amenazas y otros apoyos ‘non sanctos’

Alfonso Palacio no es el único en hablar de un escenario de temor para las elecciones de octubre. Sus afirmaciones son confirmadas por otra fuente local que prefiere omitir su identidad, todo por miedo a represalias.

Dice esa fuente que en el municipio de Chiriguaná, miembros al parecer de ‘Los Rastrojos’ amenazaron el pasado 10 de mayo a la secretaria de Gobierno municipal, Loly Luz Pinto Ferrer, quien fue encañonada por sus verdugos, que le dieron 48 horas para abandonar el municipio. Y lo hizo, ahora se encuentra en otro municipio bajo protección del Estado.

Siete días después, dos hombres armados y una menor retuvieron y amordazaron en su propia residencia al presidente del Concejo municipal, Alberto Pérez Díaz; su esposa y dos hijas. Con ellos dejaron un mensaje claro: ‘Mataremos al alcalde de Chiriguaná antes de que termine su gobierno y si ustedes no colaboran, los mataremos uno a uno’.

En La Jagua de Ibirico se oye de boca en boca que de los ocho candidatos a la Alcaldía, dos tienen familiares con un reciente pasado paramilitar. Se trata de Jaime Luis Ochoa, hermano de Javier Ernesto Ochoa Quiñones, alias El Mecánico, desmovilizado del bloque Norte de las autodefensas, vinculado a Justicia y Paz, responsable de homicidios selectivos y desplazamientos forzados. El segundo es Didier Lobo, candidato del Partido de Integración Nacional, PIN, (ver “En La Jagua, prófugos hacen política”).

Se trata de dos ingredientes que configurarían una situación de riesgo por posible corrupción al elector.

‘En La Jagua, prófugos hacen política’: D. Robles

El régimen de terror se impone en La Jagua de Ibirico, un municipio con cerca de 31 mil habitantes. Nadie oye, nadie ve, nadie habla. Es la ley del silencio en un territorio hasta donde los prófugos de la justicia llegan a hacer política en las tarimas para apoyar la aspiración de Didier Lobo, candidato del Partido de Integración Nacional (PIN).

Ese prófugo, según cuenta el médico David Robles (también aspirante a esa alcaldía por el Partido de la U) se llama Víctor Vásquez, sindicado de paramilitarismo. “Él llega a La Jagua y nadie dice nada, ni las autoridades”. Más grave aún, que Lobo sea “financiado por su cuñado Jorge López, sindicado de paramilitarismo, homicidio y expropiación de tierras”. Hernando Díaz Mendoza, condenado por malversación de fondos y celebración indebida de contratos, quien tiene la casa por cárcel, “también apoya a Lobo y lo hemos visto en tarima”, dice Robles, quien esta semana se entrevistará en Bogotá con directivos de la U para ponerles en conocimiento estos hechos.

Las alertas de la Defensoría del Pueblo

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en un informe de riesgo divulgado en julio pasado, advirtió que “en los departamentos de la Costa Atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar), la incidencia de los grupos armados ilegales en la campaña electoral de 2011 está determinada, principalmente, por las acciones de los grupos ‘Las Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ y en menor medida por posibles acciones de  las Farc en algunas zonas de la región caribe.

Los primeros constituirían la principal fuente de riesgo de cara a los comicios, mediante el ejercicio de presiones sobre los electores para que apoyen determinados candidatos que les puedan ser funcionales en la creación de entornos seguros para el desarrollo de actividades ilegales asociadas, por ejemplo, a la explotación minera y al narcotráfico”.

De los 25 municipios del Cesar, seis presentan alto riesgo electoral, entre ellos La Jagua de Ibirico y Chiriguaná.