OPINIÓN

Choque de trenes por el caso del exministro Arias

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Para Carlos Eduardo Kronfly, director del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Martín, las cortes Constitucional y Suprema de Justicia se contradicen por una decisión jurídica que, por muy polémica que sea, no se puede politizar, como es el derecho a la doble instancia. Columna de opinión.

El error político de la Corte Suprema de Justicia ha sido tan evidente como politizado en el sonado caso del exministro Andrés Felipe Áreas, a quien la Corte Constitucional, por medio de una decisión polémica, aceptó revisar el fallo de su condena de 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).  

Que quede claro: la negligente Corte Suprema de Justicia no tramitó el recurso jurídico impetrado por Arias, a quien algunos le dicen “Uribito”, olvidando su deber político y violentando la Constitución, el bloque de constitucionalidad y los tratados sobre Derechos Humanos, cabeza de la pirámide jurídica nacional. ¿Error de procedimiento?

Por desgracia para el aparato institucional del país, le correspondió a la Corte Constitucional, con un fallo cuestionado por sus salvamentos de voto, enderezar el lineamiento político al reconocerle el derecho al debido proceso al exministro de Agricultura, reestableciendo el orden jurídico.

Ahora, es desafortunado para el país que la Corte Constitucional le diga a la Corte Suprema cuáles son sus obligaciones. Como bien dicen por ahí, un innecesario choque de trenes.

Es lamentable, además, que el Congreso de la República, en su acostumbrada negligencia, no haya hecho una ley explícita para resguardar el derecho a una doble instancia para todos los colombianos, incluidos los aforados. Igualmente, es desafortunado que la Corte Suprema de Justicia necesite una ley explícita para cumplir con sus deberes políticos en derecho, entre otras, cuando están consagrados en la ley fundamental e incorporados vía tratados.

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Otro error, no menos importante, es que la Corte Constitucional, vía sentencia, se inmiscuya otra vez en terrenos que no son de su jurisdicción política. Como igualmente es lamentable usar la tutela para que se reconozcan derechos políticamente establecidos a lo largo y ancho del país.

Pero más allá de esta cadena de errores, lo cierto es que tampoco es lógico que se le dé una interpretación política al pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al caso de Arias, cuando resolvió darle por derecho la oportunidad de acceder a una segunda instancia. Gústele a quien le guste, la doble instancia es un derecho que es reconocido universalmente. 

En contexto, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho al debido proceso. El artículo 93, también de la Carta Magna, hace prevalecer en el orden interno los tratados y convenios que protegen los derechos humanos; y finalmente, el régimen procesal penal también santifica este derecho a todos los habitantes del país, sin importar de quién se trate.

De una manera errónea, quisiera creer que por un error técnico y no por otra oscura intención política, se les ha negado el derecho a la doble instancia a los aforados del país.

Hoy la Corte Constitucional le otorgó este derecho a “Uribito”, no solamente en atención a los artículos de la Constitución, sino que fundamentó su pronunciamiento en otro proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la misma Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este derecho, leyes y tratados que son esencia política del ordenamiento jurídico colombiano.

A esta hora los sectores liberales y de izquierda se rasgan las vestiduras por razones políticas que, según ellos, mediaron en esta decisión, y salen a dar declaraciones airadas en las que se van en lanza y ristre contra la decisión de la Corte, negando de manera ilegítima esta sentencia y politizando el derecho fundamental. Por el contrario, los sectores de la derecha defienden hoy el derecho a la segunda instancia, también queriendo politizar el pronunciamiento y diciendo que, seguramente, esto es un triunfo del uribismo, cuando en realidad la única que ganó fue la justicia.  

Pero la verdad sea dicha, la doble instancia es un derecho político amparado jurídicamente hace mucho tiempo por la Constitución Nacional y los tratados suscritos por el Estado colombiano, que sorprendentemente se violaba, y hoy, a la muestra un botón, sigue ultrajándose.

Que quede claro que nada tiene que ver la política con el derecho que tiene cualquier persona al debido proceso, y de paso a la doble instancia, y los recursos de casación y revisión.

Los pactos internacionales firmados por Colombia constituyen un compromiso político con consecuencias jurídicas que fundamentan la decisión de la Corte Constitucional, soportada también en lo consagrado al respecto en la legislación nacional. Esta gracia es un Derecho Humano ineludible.

No obstante a las anteriores consideraciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de manera desafortunada y errónea, se pronunció manifestándose en desacuerdo con la Coste Constitucional, dejando claro su lamentable irresponsabilidad política en cuanto a su deber institucional.

* Director Programa de Derecho, Fundación Universitaria San Martín

 

 

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