‘Chuzadas’ y memoria histórica

Mientras el país se sorprende con escándalos de nuevas interceptaciones y espionaje, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia no parece tener controlada esa actividad.

La literatura especializada sobre archivos de inteligencia advierte que cuando existen acercamientos entre actores enfrentados en un conflicto es el momento más riesgoso de desaparición de información valiosa para la reconstrucción de la memoria histórica y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Este parece ser ese momento. Más cuando el país observa día a día escándalos que involucran actividades de espionaje y seguimiento, ya no sólo de organismos institucionales.

En este contexto el país empieza a ver movimientos respecto a las labores de inteligencia. Primero, por la implementación de la Ley 1621 de 2013, que versa sobre el “marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Segundo, porque los escándalos por interceptaciones ilegales y espionaje a personalidades de la vida pública han puesto en evidencia la necesidad de que el Estado tome medidas en el asunto.
Es así como empieza a conformarse un organismo que tendrá un papel definitivo en la materia: la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, un organismo facultado para formular “recomendaciones al Gobierno Nacional sobre los criterios de permanencia, los criterios de retiro, y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados”.

La comisión será presidida por el procurador y está integrada —en el papel— por un miembro designado por el presidente de la República, uno del Grupo de Memoria Histórica, un integrante de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia, un representante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República, un académico nacional o internacional experto en temas de inteligencia, un representante de la sociedad civil y un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Precisamente esta semana las organizaciones de derechos humanos y paz y la Mesa Nacional de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos eligieron al representante de la sociedad civil. El designado fue el reputado abogado Gustavo Gallón (ver entrevista), director de la Comisión Colombiana de Juristas y parte civil, en representación de las víctimas de las chuzadas del DAS. Sin embargo, aunque ya están algunos de los miembros de la comisión, aún no ha sido citada ni conformada por la Procuraduría, organismo responsable de convocarla.

Para Patricia Linares, la persona designada por el Grupo de Memoria Histórica para hacer parte de este organismo, esta comisión tiene el importante papel de buscar la preservación de la información de inteligencia para responder a la necesidad de verdad y reconstrucción de memoria del conflicto armado. Linares advierte que no ha recibido notificación alguna del Ministerio Público, por lo que sólo puede hablar desde sus funciones en el Centro de Memoria.
“El tema de la superación del conflicto armado supone necesariamente que los archivos institucionales y no institucionales sean protegidos y preservados. Gran parte de la verdad se encuentra consignada allí. Por eso la participación del centro en esta comisión es muy importante y es un reto para nosotros. Más si observamos un hecho paradigmático, como es el archivo del DAS. Hemos manifestado la necesidad de conocer esos archivos para evitar su destrucción u ocultamiento, tal y como se viene denunciado en los últimos días”.

Linares se refiere a la denuncia de la periodista Claudia Julieta Duque, quien advirtió que los archivos de inteligencia del DAS han venido desapareciendo, pasando de 40 módulos de información a tres. A este tema también se refirió el senador Juan Manuel Galán, autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, quien sostuvo que una de las primeras cosas que debe hacer la comisión es identificar la información de inteligencia del DAS y eliminar toda aquella que se consiguió de manera irregular.

“Está comprobado que el DAS tuvo relaciones con el narcotráfico, el terrorismo de los 80, el paramilitarismo y, por consiguiente, la parapolítica. En mi caso, me parece muy importante que se encuentren los archivos de inteligencia del DAS en la época de Miguel Maza Márquez, porque se podría conocer información del asesinato de mi papá y de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Pizarro. Esta comisión puede llegar a ser como una comisión de la verdad”, explicó Galán.
Desde una perspectiva similar habló el representante Iván Cepeda, blanco de persecuciones por parte del DAS y miembros de la comisión de seguimiento del Congreso a la ley. Sin embargo, para el parlamentario, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia no creó los mecanismos de control adecuados. “Tenemos una diversificación del espionaje, que no va sólo en el ámbito de la agencias de los organismos de inteligencia del Estado, sino que ha empezado a estar en el domino de los privados. Más que la instalación de una comisión, se necesita una revisión profunda de la ley”, dijo.

Es así como en momentos en que se habla de las interceptaciones de Andrómeda, de la Sala Gris, de los hackers de las campañas presidenciales , de chuzadas hasta al presidente de la República, e incluso de la desaparición de los archivos del DAS, se ve cómo la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia se implementa muy lentamente, mientras información vital para la reconstrucción de la memoria histórica parece desaparecer a un ritmo mucho mayor.