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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una demanda presentada por la Iglesia de Dios Ministerial y el movimiento político MIRA, por discriminación religiosa y segregación.
La Comisión estudiará la posibilidad de concederles medidas cautelares a los líderes de la Iglesia, así como a dos dirigentes políticos, luego de que a través de un pool de abogados documentaron ante ese organismo, más de 100 casos de ataques físicos, violencia contra sus sedes y amenazas de muerte a través de las des sociales.
De acuerdo a la demanda internacional, a raíz del escándalo mediático el que se vio involucrada la iglesia con la publicación de un video de la pastora María Luisa Piraquive, ella y otros líderes de esa congregación fueron objeto de amenazas de muerte y de secuestro, supuestamente de parte de bandas criminales y de las Farc.
La Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos copias de por lo menos 500 mensajes vía Twitter y Facebook, en los que se ofrece dinero a quien atente contra la líder espiritual o cercene uno de sus miembros, en clara alusión al discurso de ella en uno de los cultos, referentes a las personas discapacitadas. Los casos documentados incluyen fotografías de las sedes de la iglesia que han sido incendiadas y violentadas, acompañadas estas agresiones de grafitis amenazantes.
Esta demanda se conoce en momentos en que en un primer informe, la Fiscalía aclaró que pese a las múltiples tareas de Policía Judicial, "hasta el momento no existen indicios claros de vínculos de la pastora Piraquive con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico", desestimando preliminarmente la hipótesis de que a través de los diezmos la iglesia lavaba dinero de organizaciones criminales.
Tras aceptar la demanda, la Comisión Interamericana ya decidió pedir a autoridades colombianas información sobre las denuncias y el trámite que éstas han surtido ante los fiscales. Los abogados de la iglesia y del partido MIRA, presentaron como antecedente ante la comisión, el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, pues también se declaran "perseguidos políticos".