Cien días de gobierno: coca, Duque y otras yerbas del pantano

Análisis sobre la política de lucha antidrogas que hasta el momento ha implementado el nuevo gobierno. Una guerra que sigue enfocada contra cultivos y cultivadores. ¿Estaremos condenados a seguir repitiendo una guerra antidroga diseñada para fracasar?

Archivo El Espectador

Si queremos entender el desparrame territorial de las áreas sembradas de coca y por ende el escándalo internacional de superar la barrera de las 200 mil hectáreas, debemos ver la correlación entre el error de análisis del “problema”, con la consecuente política errada de “solución”. 

Desde la década de los 70, todos y cada uno de los presidentes colombianos han acatado la orden del norte de ejecutar en su nombre la cruzada antinarcóticos, aquí adaptada como una guerra contra nuestra naturaleza y ciudadanía rural. Desde entonces, al cultivo de coca para producir cocaína nos lo han vendido como un problema delictivo, provocado por chicos malos que corrompen a campesinos buenos, de donde la única solución posible es la represiva y punitiva. Al final de la década de los 80, cierto zar antidroga gringo -un tal Bennett- usó la parábola de las avispas a las que hay que atacar en la colmena antes que vuelen, y de ahí concluyó y dictó una orden que prevalece hasta hoy: la guerra antidroga se enfoca contra cultivos y cultivadores, entonces apareció un corolario conveniente para quienes detentan el poder: pasaron a segundo plano fabricar clorhidrato, traficar y lavar, así que además la parábola favoreció la corrupción y ocultó la correlación entre los cultivos y nuestro atraso rural.

El Acuerdo de Paz de La Habana desmarcó la historia, su cuarto punto sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas”, significó un avance radical al definirle carácter participativo a la política de sustitución y por primera vez reconocer como sujetas de derecho a las familias cocaleras: a quienes en el papel entregaba rol decisorio en el diseño y ejecución de la solución. Además, las FARC y el Estado intercambiaban compromisos, el Gobierno se comprometía a romper la conexión entre el "flagelo" drogas y la corrupción institucional, mientras la guerrilla se comprometía a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno". Por razones prácticas, al dejar las armas en 2017, la guerrilla perdió toda posibilidad de incidir en la cadena de valor de la coca, mientras las instituciones militares y civiles optaron por la vista gorda y por volver a las acciones punitivas y por inversiones meramente parciales, que derivaron en la continuidad del narco-negocio. 

Los militares, desde  2016, fueron explícitos al desconocer la posibilidad real de cumplir lo acordado en La Habana. Así en la resolución 3080 de Mindefensa, trazaron una política de presencia estatal, entendida a su manera. Lo que en el Acuerdo era el plan B: la erradicación forzada si los cultivadores o comunidades no entraban en la sustitución, por la ventaja presupuestal y política, el Ejército paso al rol protagónico y, de esta forma, antes de empezar, se les arrebataba a los cocaleros lo que acababan de recibir en el papel: la concertación en la política antidroga devenía canto a la bandera, reviviendo la parábola de Bennett.

En paralelo, los civiles del gobierno, al no apropiar los recursos necesarios para cumplir lo acordado en La Habana, impulsaron una implementación coja. De hecho, en enero de 2017 -ad portas de abortar el gremio de los cultivadores- el gobierno Santos y la cúpula Londoño lanzaron al alimón un Plan de Atención Inmediata (PAI), que suplantaba lo acordado y enfocaba todos los reflectores en 12 millones de subsidio en efectivo, con el compromiso campesino de levantar las matas de coca desde el primer pago. Con este gancho ciego, más de 115 mil familias firmaron acuerdos individuales de sustitución. El resultado hoy es que menos de la mitad recibieron parcialmente tal compensación, mientras en ninguna parte del territorio nacional se puso en marcha la esencia de lo acordado: los proyectos productivos, vistos desde el poder como un gasto superfluo, cuando realmente son la única garantía de no resiembra.

La reacción ante tal estafa fue propia de la malicia campesina: levantaron las matas visibles al escrutinio del Gobierno y la ONU, y soquearon o podaron las matas trasteras que tenían en barbecho. Esta es la reacción obvia de alguien que tiene que alimentar la familia, y mientras no existan fuentes de ingresos alternativos, léase proyectos productivos de sustitución, la coca les seguirá brindando su economía. Sin embargo, para la aristocracia elegida que mirando al norte y desconociendo a sus coterráneos gobierna desde Bogotá, esto los reafirma en el error: así el problema siempre será delincuencial y el remedio solo puede ser represión, no importa el fracaso de esta receta regularmente repetida en el último medio siglo.

Cuando Duque, en campaña -en la Universidad de Columbia-, dijo que impondría “la sustitución y erradicación obligatoria”, nos estaba notificando su ignorancia en el tema, y su intención de repetir el mismo método fallido para llegar a la misma falta de resultados. La política antidroga es una guerra cuya meta no es acabar la droga sino regular su oferta, garantizar precios altos de donde irrigar corrupción desde Caquetá o Tumaco hasta Washington, pasando por Bogotá.

En los cien días del gobierno de Duque y su ministro Botero ha continuado la inercia de la oficina de sustitución sin presupuesto para subsidios y mucho menos para alternativas productivas, mientras han aparecido pactos entre militares y campesinos, que rezan que ahí donde el Gobierno no ha pagado el subsidio, ni se erradica ni se fumiga, pero en paralelo se captura y condena a cárcel en juicios orales 'exprés' a los cultivadores o recolectores que sean capturados en los predios, es decir un perro mordiéndose la cola: el campesinado ni siquiera puede vigilar que le cumplan la no erradicación, mientras nadie les garantiza que habrá dinero para cumplir aunque fuera con el subsidio. Tampoco se garantizan sus vidas, de hecho ya pasó un año desde la masacre de Tandil en el Alto Mira, y aunque toda la población local sabe los nombres de los asesinos, no hay ni un capturado.       

En términos del Acuerdo de Paz, la única solución sigue siendo volver a los compromisos originales, al Plan Nacional Integral de Sustitución tal como fue originalmente acordado por De La Calle/Jaramillo y Márquez/Santrich. En términos de la política de Estado, solo cuando lo que se erradique sea el colonialismo interno, el centralismo que considera gasto a las necesarias inversiones rurales, hasta que no desarrollemos nuestras vías terciarias y creemos agroindustrias legales rurales de propiedad campesina, estaremos condenados a seguir repitiendo una guerra antidrogas diseñada para fracasar.

* Economista, candidato a doctor en Ciencias Políticas, experto en desarrollo alternativo, prevención de drogas ilícitas y economía de la hoja de coca

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2018-11-14T14:44:37-05:00

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2018-11-15T00:27:15-05:00

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Felipe Tascón Recio* / Especial para El Espectador

Política

Cien días de gobierno: coca, Duque y otras yerbas del pantano

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