Entrevista

Claudia López: “Bogotá no está a la deriva”

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Así responde la alcaldesa de Bogotá a los cuestionamientos que le hicieron miembros del partido del gobierno Duque, adjudicándole la responsabilidad de los graves hechos que convulsionaron la ciudad entre el 9 y 10 de septiembre con un saldo de 9 civiles muertos, 305 heridos y 216 policías lesionados. Revela que aunque estaba con altos oficiales en el Puesto de Mando Unificado, las cámaras oficiales no registraron los disparos en las calles. Habla de sus relaciones con la Casa de Nariño.

Usted aseguró que lo ocurrido la semana pasada es el hecho más grave que ha sucedido en materia de orden público en Bogotá después de la cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985. ¿Ratifica esa comparación y, con su ratificación, la gravedad de lo que pasó el 9 y 10 de septiembre?

El asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías en un CAI desató una ola de indignación y violencia sin precedentes en Bogotá: 35 CAI fueron incendiados y otros 37, destruidos; 216 uniformados fueron heridos, entre ellos cuatro por arma de fuego, pero por fortuna ninguno falleció; nueve ciudadanos murieron por disparos, 305 resultaron heridos, 75 de los cuales fue por arma de fuego. Javier Ordóñez se convirtió en el George Floyd colombiano: produjo una reacción masiva de violencia y protestas por la sistemática ocurrencia e impunidad de episodios de abuso policial. Solo este año se han presentado 141 denuncias de abusos, pero la Policía apenas está investigando 38. El día en que se conoció el video de Javier, en el que se evidencia que dos uniformados lo redujeron con una taser y después se lo llevaron al CAI en donde murió, el hecho se encubrió cuando se informó que Javier “se había sentido mal en ese CAI”.

Belisario Bentancur era el presidente cuando sucedieron los gravísimos hechos del Palacio de Justicia, en 1985. Del presidente Betancur se ha dicho que dejó de ser el jefe de Estado entre el 6 y 7 noviembre de ese año porque el Ejército y la Policía asumieron el poder y las decisiones. ¿Se podría afirmar lo mismo de usted? ¿Fue desplazada en el manejo de la ciudad por la Policía?

En ese sentido, no son situaciones comparables. Estuve al lado del general Rodríguez, director (e) de la Policía Metropolitana, en el Puesto de Mando Unificado distrital (PMU) coordinando con el general Jorge Luis Vargas (director de Seguridad Ciudadana) y el ministro de Defensa, que estaban en el PMU nacional. Me consta que desde el lugar en que estábamos nadie dio orden de defender los CAI a sangre y fuego. Pero hay evidencia contundente de que decenas de miembros de la Policía, en más de 15 barrios, dispararon indiscriminadamente contra civiles y eso fue determinante para el brutal nivel de letalidad y para el número de heridos con arma de fuego que se presentaron. Por fuera del PMU estaban comandantes de estaciones y personal de los CAI. Debe investigarse si alguien les dio a ellos o estos impartieron esa orden o si fue una reacción de los policías en los barrios y bajo cuáles circunstancias ocurrió esa reacción.

Seguramente, la reacción al ataque y amenaza de destrucción de unos vándalos... Evidentemente nunca la Policía había sido atacada de manera tan agresiva y masiva.

Eso pudo llevar a algunos uniformados a reaccionar desproporcionadamente. Pero es urgente retirar del servicio a todos los policías sobre los que haya evidencias de que dispararon esa noche. No podemos tener en las calles a agentes armados y con uniforme que ya usaron sus armas, de manera indiscriminada, contra jóvenes y civiles.

Usted ha propuesto una reforma radical de la conformación del cuerpo policial del país convirtiéndolo en una fuerza realmente civil y no militarizada. A su petición se opone el presidente. Y el ministro de Defensa dejó claro que el uso de las armas policiales está reglado según la línea jerárquica del mando, lo cual la excluye a usted. Le insisto, ¿se siente todavía “la primera autoridad de Policía de la ciudad” o esta es letra muerta?

La semana pasada, decenas de policías desconocieron la Constitución, los protocolos de su institución y las instrucciones de la Alcaldía. Reconocerlo es necesario para corregirlo. Por eso deben retirarse del servicio. He estado al frente de los desafíos de mi ciudad. La noche de los disturbios no fui a dormir, sino que presidí el PMU. No me fui a descansar, sino a recorrer hospitales, a escuchar a los policías, a los heridos y a sus familiares. Por eso pudimos documentar, en 48 horas, 119 denuncias. Reitero: las entregamos al presidente y los organismos de control y estamos prestando asistencia psicosocial y judicial a las víctimas. Además, reorganizamos el servicio de Policía para garantizar seguridad y convivencia barrial, a la par que reconstruimos los 72 CAI destruidos por los vándalos. Bogotá no está a la deriva ni se quedará sumida en la desesperanza. Bogotá nunca le ha fallado a la paz, mucho menos le fallará a su propia reconciliación urbana. En cuanto a la primera parte de su pregunta, la Policía necesita reformarse. Necesita mejorar su selección, su formación, su supervisión y control, y el bienestar de los policías. Necesita menos militarismo y más civilidad. Eso no tiene nada de radical: es una obviedad.

En las primeras horas el Gobierno y la Policía no reconocieron el asesinato de Javier Ordóñez y enfocaron sus explicaciones en el vandalismo. Sin embargo, después el ministro de Defensa pidió perdón. ¿Qué lo habría hecho cambiar? ¿El informe de Medicina Legal o sus videos?

El informe oficial de Medicina Legal aún no ha sido publicado. La primera reacción de la Policía fue negar pero ante la evidencia de los videos, los testimonios de los testigos quienes ya denuncian que están siendo amenazados, y del informe de la clínica sobre la muerte de Javier Ordóñez, tuvo que reconocer que había sido un asesinato. Y en Bogotá no solo murió Javier: hay otros 8 jóvenes muertos por disparos en barrios en donde hay clara evidencia de que dispararon uniformados. Además hay 75 heridos. Las familias de estos también esperan y merecen que les ofrezcan reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido, perdón y garantías de verdad y justicia.

No parece creíble que los policías reaccionaran usando sus armas contra la gente, abiertamente y a descubierto, por voluntad individual, pero coincidente entre unos y otros, en barrios diferentes. ¿Qué piensa usted que lo vio al lado de unos oficiales?

Los dos hechos, el ataque por vándalos a la Policía, así como el uso indiscriminado de armas de fuego por algunos miembros de esa institución, son muy graves y vamos a garantizar que, en ambos, haya verdad y justicia. No obstante, en cualquier democracia, el segundo caso no solo es grave, sino que además amenaza la existencia misma del Estado de derecho. Los ciudadanos solo le confieren el monopolio del uso legítimo de la fuerza al Estado si tienen la garantía de que se usará para protegerlos, no para agredirlos. Si esta garantía se incumple, se derrumba el propio Estado y el orden democrático.

Los videos de policías disparando son aterradores. ¿Es cierto que usted estaba presenciando esos ataques? Si lo es, ¿qué hizo y cuáles órdenes dio? ¿Fue desobedecida? Pregunto porque los generales Rodríguez y Vargas aseguraron, en plenaria de Senado, que usted nunca ordenó frenar a los agentes.

Las imágenes de que usted habla, y que grabó y publicó la ciudadanía en redes, son realmente aterradoras. Pero nosotros no las veíamos con las cámaras del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) ni con las del PMU que estaban enfocadas en los CAI, las estaciones, los portales y los patios de Transmilenio. Salí del PMU hacia la una de la mañana del 10 de septiembre con el reporte de tres personas fallecidas durante los disturbios, de las cuales una era la señora María del Carmen, atropellada por vándalos que se tomaron un bus del SITP. Me fui para la Alcaldía y allí hicimos un barrido de redes sociales y de lo reportado por el Centro Regulador de Urgencias de la red hospitalaria. Lo que evidenciamos en esos momentos fue espantoso. Por eso fui yo quien, a primera hora del jueves, denunció que miembros de la Policía habían disparado contra la gente. Nos dedicamos a buscar a las víctimas y a recoger sus testimonios. El mismo viernes entregamos las denuncias al procurador y al presidente.

Es decir, ¿las cámaras de la Policía no tenían imagen de lo que pasaba en las calles? De todos modos, la situación en los CAI y en algunas estaciones también era caótica...

No hay pantallas para visualizar, al tiempo, lo que muestran las 4.900 cámaras instaladas en la ciudad. El C4 apenas ve una parte. De manera que era imposible saber todo lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Con el paso de los días hemos ido haciendo un barrido tanto de las imágenes de las cámaras oficiales de la Alcaldía como las de las redes sociales. Con base en ese material entregamos la hora y media de grabaciones al presidente y a los organismos de control. En todo caso, la Procuraduría y la Fiscalía analizarán, minuto a minuto, la totalidad de lo captado por las cámaras.

Como decía antes, el presidente, el ministro de Defensa y los mandos de la Policía han hecho marcado énfasis en que lo que sucedió fue un ataque coordinado contra la propia Policía. El ministro ratificó esta versión en plenaria. ¿Usted conoce pruebas de que tal ataque provino del Eln o de las disidencias, y de que esos grupos podrían dominar el orden público en la capital del país?

El Gobierno Nacional está acudiendo a la manida estrategia de “guerrillerizar” el tema para minimizar la gravedad del sistemático abuso policial y no corregirlo. Durante estos nueve meses (de la actual alcaldía) los organismos de inteligencia y delegados del Gobierno central que acuden semanalmente a los consejos de seguridad de Bogotá nunca informaron que hubiera evidencia de que el Eln iba a tomarse los CAI o a que iba a iniciar un ataque masivo contra Bogotá. O el Gobierno Nacional ha ocultado información crucial para la seguridad de la ciudad o la sacan de la manga para desviar la atención. Lo que sí es cierto es que capturamos a seis infiltrados de disidencias de las Farc que promovían vandalismo. No hay nada comprobado todavía sobre el Eln. Lo que también sabemos es que hay grupos barriales radicales que organizan actos vandálicos. Estamos avanzando en su investigación y judicialización.

Pero, ¿esos grupos barriales, entonces, sí fueron los responsables de los ataques a los CAI? Y, en ese caso, ¿cómo se explicarían los ataques simultáneos o previos de los policías a los civiles?

Esos grupos barriales radicales, en efecto, coordinaron actos de vandalismo contra los CAI la semana pasada. Pero de este hecho no se puede concluir que en Bogotá hubo una toma guerrillera. Hubo un estallido social y violento porque dos policías asesinaron a un ciudadano en un CAI y porque hay decenas de denuncias de corrupción y abuso policial que quedan impunes, como ha pasado hasta ahora con el caso de Dilan Cruz y muchos más. En vez de desviar la atención de esta delicada situación, el presidente debe corregir el problema estructural de abuso policial e impunidad en el interior de esa institución.

El director (e) nacional de la Policía, general Gustavo Moreno, también ratificó el argumento de que no ocurrió un ataque de policías contra civiles, sino de civiles contra la Policía. ¿Cuál es su comentario al respecto?

Se les da vuelta, burdamente, a los hechos. En cambio, la cantidad de casos que quedan en la absoluta impunidad, de corrupción y abuso policial, es sistemática, especialmente contra los jóvenes y las personas trans. Nunca se sabe cuál es el caso que va a desatar la indignación y protesta violenta. En Estados Unidos fue el de George Floyd que dejó en cenizas la central de Policía de Minéapolis, e incendios y disturbios en más de 100 ciudades. Y allá no hay Eln. Lo que sí hay es el mismo cúmulo de injusticia y tensión. El caso de Javier Ordóñez detonó hechos similares en Bogotá. Si el presidente no reconoce las frustraciones y dolores de los jóvenes, la tensión social acumulada y disparada por la crisis económica derivada de la pandemia, ni la profunda impunidad en el interior de la Policía, no tomará las medidas correctas.

Usted visitó a los civiles heridos y a sus familias, pero, ¿hizo lo mismo con los uniformados heridos?

Visité a los jóvenes policías heridos y a los jóvenes civiles. Ambos me duelen en el alma. No podemos condenar a los mismos ciudadanos humildes a confrontaciones inútiles porque unos llevan un uniforme y otros no. Tenemos que ofrecerles a todos ellos oportunidades reales de futuro. El ejercicio de la autoridad legítima es fundamento indispensable para la existencia misma del Estado. Por eso hay que reconstruir la confianza de la ciudadanía en la Policía, que es una institución centenaria y necesaria, en la que miles de hombres y mujeres sirven con valentía y legalidad. Encubrir a quienes no lo hacen así los lesiona a todos.

¿Sus relaciones con el Gobierno Nacional están rotas? Es obvio que las posiciones de la alcaldesa de Bogotá y del presidente Duque son distantes, casi agresivas...

Mi ruptura es con el abuso policial. De mi parte nunca habrá ni desconocimiento de la labor que hace la Policía ni una gota de encubrimiento ni minimización de los reiterados casos de abuso e impunidad. La relación de la Alcaldía con el Gobierno Nacional siempre ha sido institucional y así se mantendrá.

Algunos analistas dicen que lo mejor es disminuir las diferencias y trabajar lo más armónicamente posible. ¿Eso es factible sobre todo en cuanto a que la problemática de la entidad policial es de fondo y no de simples formas?

Es deber del presidente de la República reconocer la gravedad de lo ocurrido con las evidencias de casos de abuso policial y tomar las medidas correctivas que eviten la sistemática impunidad que los cubre. Esa no es una tarea fácil. En lo que dependa de la alcaldía y de mí, personalmente, el jefe de Estado cuenta con todo nuestro respaldo para cumplir con ese deber.

Así como le pregunto por las relaciones con el Gobierno, le pregunto por sus lazos con la Policía: ¿son inexistentes, son de enemistad abierta?

En la Alcaldía trabajamos, día a día, de manera respetuosa y coordinada con la Policía. Ese es mi deber y eso es lo que necesita Bogotá. Pero, insisto, por la legitimidad de la Policía y por el reconocimiento de esta por parte de la ciudadanía es indispensable reconocer la gravedad de los abusos policiales, de su impunidad, y corregirlos. Y también es necesario corregir los déficits de formación, supervisión, ingresos y calidad de vida de los policías y sus familias.

Dada la tensión institucional, ¿cree que puede haber investigaciones imparciales?

Para garantizar verdad y justicia tiene que haber múltiples instancias de investigación independientes. Por eso les solicité a la Procuraduría y a la Fiscalía que asumieran el control preferente de los 75 casos de ciudadanos heridos por arma de fuego y de los nueve fallecidos por disparos. También le solicité a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que su oficina realice un informe independiente de lo ocurrido. Así como solicitaremos otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Usted organizó una ceremonia de perdón con los familiares de los muertos y heridos en esos dos días e invitó al presidente, pero envió a dos delegados, ¿Menosprecio a usted, a las víctimas o reflejo del gran abismo político que existe?

Hace falta una profunda negación e indolencia para, conociendo la evidencia que le entregué, no ofrecerles ni siquiera reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido a las decenas de víctimas. Lo que le propuse al presidente el viernes fue que él organizara el acto de reconocimiento y ofrecimiento de perdón que considerara pertinente y que contara conmigo en el mismo.

A usted la han atacado siempre, pero ahora con mayor énfasis. ¿Siente en riesgo su período en la Alcaldía o su seguridad personal?

A las mujeres con liderazgo público y en contravía del statu quo, siempre han tirado a matarnos. No temo por mí ni por mi cargo que tiene sólidas bases ciudadanas. Temo por las familias, mujeres y jóvenes de mi ciudad y mi país urgidos de bienestar, educación y empleo; por los empresarios que necesitan mucho más apoyo del que han recibido; por una generación de niños y jóvenes que está asumiendo unos costos y secuelas enormes en su formación y calidad de vida.

¿Imaginó una alcaldía tan convulsionada como la que le ha correspondido enfrentar? Lleva menos de 9 meses y no ha podido desarrollar sus planes, primero, por la pandemia y apenas saliendo de esta, con semejante problema de manejo del orden público ¿Cómo vislumbra los tres años, tres meses que le quedan?

A las mujeres siempre nos toca más duro pero nunca me imaginé que tanto.Tenga la plena certeza de que vamos a salir adelante. Bogotá no se rinde: nunca se ha rendido ni se rendirá. Aquí está la ciudadanía más consciente, pujante y solidaria. Aquí está lo mejor del emprendimiento, del conocimiento y de la capacidad de creación y trabajo del país. Vamos a superar las secuelas de la pandemia y la injusticia. Vamos a generar quinientos mil empleos. Vamos a invertir masivamente en el sistema de cuidado para las mujeres y en la educación de niñas, niños y jóvenes. A garantizarle renta básica a las familias que la necesitan para no quedar sumidos en la pobreza. Vamos a hacer las obras del sistema metro regional y de la movilidad sostenible. Vamos a echar a andar el nuevo contrato social y ambiental que necesita la Bogotá del siglo XXI.

“Ni etiquetas ni gestos ni disfraces”

La “famosa” silla vacía con el nombre del Presidente impactó mucho al principio en contra de él; después en su contra por el gesto de un funcionario poniendo el nombre del mandatario en esa silla ¿Qué explica sobre ese incidente?

El vacío y distanciamiento con las aspiraciones ciudadanas no necesita símbolos. No estuve al tanto de la etiqueta sino de las víctimas. Algunas de estas pidieron en ese acto y en otros escenarios, la presencia del Presidente y el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido. Sin reconocimiento no hay compromiso de verdad; sin verdad, no hay justicia; y sin justicia, no hay reparación y garantía de no repetición. No es muy difícil de entender y tampoco de hacer. Solo hace falta un mínimo de humanidad, criterio y constitucionalidad.

Sobre usted han dicho en el partido de gobierno que no debe hacer política con los muertos y heridos. Pero el presidente Duque apareció vestido con chaqueta de Policía visitando varios CAI sin que sanen las heridas civiles ¿Qué opina de ese gesto tan significativo?

Los ciudadanos no necesitan gestos ni disfraces sino que todas las autoridades que tenemos responsabilidad en la conducción estatal, reconozcamos la gravedad de los hechos, garanticemos verdad y justicia; y con ellas, reparación y garantías de que no se volverán a repetir.

“Una generación entera puede naufragar”

¿Usted cree que pese a que hay mandatarios locales y regionales populares, el sistema democrático estaría en riesgo en Colombia por la concentración de poder presidencial y por los rasgos autoritarios que algunos analistas le atribuyen?

Los riesgos que acechan a nuestra democracia son múltiples. La profundización de las desigualdades sociales y el desempleo por la pandemia, las violencias, desempleo e inequidades que afectan masivamente a jóvenes y mujeres, la desconexión nacional de esas realidades territoriales, son una verdadera bomba de tiempo que está estallando en chispas. A hoy, no hay un verdadero plan nacional para los territorios, para salvar las microempresas, para generar masivamente empleo. Mientras en el resto del mundo invierten hasta el 40% del PIB en reconstruir la economía, acá no van ni en el 10%. Las alcaldías estamos endeudándonos para mantener a flote los servicios sociales que nos corresponden y para hacer obras e inversiones públicas que generen empleo. Pero esto es una gota en el océano. Si el gobierno nacional no pone en marcha un verdadero plan de rescate, una generación entera puede naufragar.

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Claudia LópezBogotá