CNE ya tiene la lista de candidatos inhabilitados al Congreso

La Procuraduría envió un informe de las personas que tienen alguna restricción para participar en cargos de elección popular.

Archivo El Espectador

Del total de 986 candidatos inscritos para Senado, nueve están inhabilitados, mientras que de los 1.793 inscritos para la Cámara de Representantes, hay 11 con inhabilidades. Así quedó establecido en el informe entregado esta semana por al Procuraduría al Consejo Nacional Electoral  que incluye el listado de candidatos y las especificaciones de cada caso.

En la comunicación, la Procuraduría adjuntó tres documentos: el reporte de control electoral en cinco folios, listados de candidatos con posibles inhabilidades en un folio y el listado de candidatos con anotaciones no certificables en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, SIRI.

En total figuran siete candidatos del Partido Todos Somos Colombia, un aspirante de Cambio Radical, tres del Partido Somos, uno del Partido Liberal, dos del Partido Farc, uno de Opción Ciudadana, uno de Alianza Social Independiente y uno de la Asociación Colombiana Negra.

A eso se suman 12 candidatos que aparecen en el reporte con registros de sanciones confirmadas y no certificables que pueden estar inhabilitados.

La Procuraduría ha sido clara al insistir en que los candidatos al Congreso que, estando inhabilitados para participar de las elecciones de marzo, no se retiraron de las listas presentadas por los partidos políticos, podrían incluso pagar penas de entre los 4 y los 9 años de prisión, por lo que considera sería un evidente fraude electoral e, incluso, podría haber multas de más de $590 millones.

Tal como lo había señalado El Espectador, entre los casos más resonantes aparecen los nombres de Jorge Orlando Nieto González, Diego Fernando Ospina Marulanda, William Arturo, Luz Adriana Padilla González, José Ómar Murillo Angulo, Wílmar Hernán Reyes Arismendi y Raúl Antonio Narváez Macías. Este último, según el Ministerio Público, con un pasado judicial por homicidio y con una sanción que le prohíbe manejar.

 

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