Segundo informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)

Coaliciones y firmas, las de las candidaturas más cuestionadas

De 522 aspiraciones monitoreadas, el 35 % cuenta con reparos. 130 de estas buscan alcaldías y 47 gobernaciones. Candidatos estarían vinculados a corrupción, grupos armados ilegales o serían herederos de la parapolítica.

Los candidatos de coaliciones y por firmas son la mayoría en cuanto a cuestionamientos. / Archivo

Un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) a 522 candidaturas para las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre —243 en un primer monitoreo y 279 en el segundo, dado a conocer ayer—, muestra que el 35 % de dichas aspiraciones presentan cuestionamientos por corrupción, vínculos con organizaciones al margen de la ley o por heredar el capital político de personas o clanes con vínculos comprobados con grupos ilegales, entre otros. El estudio abarcó 28 departamentos y 107 municipios del país. En concreto, son 130 los candidatos cuestionados que aspiran a alcaldías, 47 a gobernaciones, cuatro a asambleas y dos a concejos, sin estar estas últimas dos corporaciones priorizadas en la investigación.

Según Pares, aunque en las elecciones de 2015 la cifra fue algo similar (39 %), esta vez los cuestionados “aspiran a cargos de mayor visibilidad y relevancia”. “Resulta preocupante que mientras en 2015 solo el departamento de Santander contaba con tres cuestionados en el abanico de candidatos a la Gobernación, en esta ocasión son siete los departamentos con tres aspirantes, también a gobernación, cuestionados, siendo los más opcionados para ganar. Además, la mayoría de ellos se lanza por coaliciones de partidos, clanes políticos o firmas”, dice el informe. El departamento en el que hay mayor número de candidaturas cuestionadas es Antioquia, con 25. Le siguen La Guajira (13), Chocó (12), Córdoba (12), Bolívar (11) y Valle (10).

A 15 días de la cita en las urnas, como ejemplos, el documento prende las alarmas sobre Putumayo y La Guajira. En el primer caso, los tres candidatos más opcionados para ganar la Gobernación son Buanerges Rosero, Jhon Molina y Jorge Coral Rivas, quienes cargan con reparos por corrupción o vínculos con grupos al margen de la ley. “Rosero, además de ser concuñado y aliado político de alias El Médico (Edgardo Ramírez), quien fue capturado en 2015 con 200 kilos de cocaína, habría intentado contratar a su cuñado, John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde, pero dado que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de este como asesor, cuya firma aparece en giros y documentos aún después de muerto”, reseña Pares.

Sobre Molina, asegura el informe que es ficha del congresista conservador Jimmy Díaz, “a quien se le acusa de minería ilegal en Putumayo, además de contar con el apoyo de Gloria de María Martínez, suegra de Miguel Bastidas, alias La Gárgola, jefe de La Constru, organización criminal del sur del país surgida después de la desmovilización de los paramilitares en 2006, quien fue capturado con su otro nuero, un coronel de la Policía, mientras se desplazaban juntos en Bogotá”. Y en cuanto a Coral Rivas, indica que el candidato aparece en un video “mientras realiza acuerdos con La Gárgola, hecho por el cual fue capturado y por el que enfrenta un proceso en la actualidad”. Además, en marzo pasado, la Fiscalía le imputó cargos por irregularidades en la construcción de la plaza de mercado de Puerto Asís, cuando fue su alcalde.

En La Guajira, las encuestas a la Gobernación las encabezan Delay Magdaniel Hernández, Nemesio Roys y Jorge Pérez. El primero llega con el apoyo del clan La Gran Alianza, encabezado por el condenado exgobernador Kiko Gómez y Jorge Ballesteros; el segundo es la ficha del clan Nueva Fuerza Guajira, del representante a la Cámara Alfredo Deluque, que además postula a la Alcaldía de Fonseca al sobrino del narcotraficante Marquitos Figueroa; y el último llega con el apoyo de su padre, el condenado homónimo Jorge Pérez, que después de décadas de pertenecer a la Nueva Fuerza Guajira se separó del grupo.

El ‘boom’ de las coaliciones y los candidatos por firmas

“Los más cuestionados se reencauchan por medio de coaliciones de partidos y firmas”, advierte Pares. En efecto, encabezando la lista de agrupaciones políticas con mayor número de cuestionados están las coaliciones de partidos y movimientos representativos de ciudadanos, con 50 aspirantes, seguido de las candidaturas por firmas con 20 cuestionados. Frente a los partidos políticos, la lista la encabezan los tradicionales partidos Conservador y Liberal, con 20 y 18 cuestionados respectivamente, con el Partido de la U, que también tiene 18, y el Centro Democrático, con 17.

La hipótesis que plantea la Fundación Paz y Reconciliación frente a este escenario es que, contrario a lo sucedido hace cuatro años, los clanes políticos en decadencia se han unido, han cooptado partidos y utilizado la recolección de firmas para hacerle trampa al sistema electoral. Esto les ha permitido garantizar candidaturas fuertes, trabajando con intensidad para anular la competencia política. “De esa forma, los clanes en decadencia ponen los candidatos, muchos de ellos cuestionados, pero bien conocidos en sus respectivos departamentos o municipios, mientras que clanes en crecimiento disponen su apoyo a esas candidaturas. Es un gana-gana. Mientras los primeros se reencauchan en medio de un panorama de crecimiento del voto de opinión, representado en partidos como el Verde y el Centro Democrático, los segundos viabilizan la expansión de su poder político en lo local”, reseña.

Por otra parte, agrega el análisis, estas coaliciones “difuminan” las responsabilidades de los partidos políticos. “Priman así para estas elecciones las candidaturas cuestionadas por coaliciones, a diferencia de 2015, cuando primaban las de los partidos. Son candidatos con avales de tres o cuatro colectividades, más el del movimiento de firmas. Esta situación diluye las responsabilidades”, concluye.

Con nombre propios, el estudio menciona ejemplos como los de Carlos Gómez, candidato a la Gobernación de Córdoba, que cuenta con el apoyo del llamado clan de los “ñoños”, del que hacen parte Alejandro Lyons, Bernardo Elías y Sara Piedrahíta, entre otros, en clara decadencia después del escándalo de Odebrecht, el cual se ha unido a la casa política de Nora García y al Centro Democrático, que vienen en ascenso. En contraposición, David Barguil, en cabeza del Partido Conservador en el departamento, se ha unido al cuestionado clan liberal Amín-Calle, a Musa Besaile, anterior miembro de los “ñoños”, y a Colombia Humana-UP de Gustavo Petro, para lanzar la candidatura de Orlando Benítez.

De cara a las mencionadas aspiraciones por firmas y cuestionadas, que han aumentado respecto a las elecciones anteriores, superando a los partidos políticos, el informe plantea dos tesis: han aumentado los costos de entregar dichos avales para los partidos políticos o es tal el desprestigio de dichos partidos que lo que ha aumentado son los costos de cargar con su marca; en todo caso, los candidatos cuestionados se han visto obligados a inscribirse por grupos significativos de ciudadanos. De hecho, Pares lanza una alerta ante lo que considera es la “vaga regulación” en la etapa de recolección de firmas de personajes cuestionados por vínculos con grupos al margen de la ley o corrupción, lo cual podría aumentar los costos de campañas políticas de recursos provenientes, posiblemente, de fuentes non sanctas, poniendo la competencia política en desbalance, a la par que aumenta el riesgo de cooptación del Estado por parte de actores criminales.

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