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En un informe titulado: “Respondiendo a un éxodo: la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela vista desde las fronteras con Colombia y Brasil”, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización no gubernamental que promueve los derechos humanos en la región, cuestionó el enfoque que hasta el momento el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le ha dado a la atención de la llegada de ciudadanos del vecino país.
El documento se conoce en el momento en que desde la Casa de Nariño, según reveló Caracol Radio, el primer mandatario avaló el decreto 1288 de 2018, que permitirá que más de 442.000 venezolanos que se encuentran de manera irregular en Colombia y que participaron del censo que se desarrolló en los últimos meses, puedan acceder a un permiso especial de permanencia, para poder acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. El decreto será dado a conocer el próximo lunes.
En el informe de WOLA se advierte que a medida que empeora la crisis política, social y económica en Venezuela, más y más ciudadanos huirán, y de todos los países sudamericanos afectados por ese éxodo, Colombia seguirá con la mayor ola de llegadas, ocasionando gran tensión en las instituciones y sistemas locales, en un momento en que también se enfrenta el desafío de implementar el histórico Acuerdo de Paz de 2016.
“Esta es una oportunidad importante para que Colombia muestre liderazgo en la respuesta humanitaria a los venezolanos que huyen de la crisis; sin embargo, el enfoque adoptado hasta el momento ha tenido importantes deficiencias, lo cual es especialmente preocupante dado que es muy probable que el éxodo se acelere en los próximos meses, sin una solución visible a la crisis”, señala el informe, elaborado por Geoff Ramsey y Gimena Sánchez-Gárzoli, del grupo de defensa de los derechos humanos de WOLA.
Los principales hallazgos del informe y las urgentes recomendaciones de políticas para Colombia incluyen adoptar un enfoque más humanitario a la crisis migratoria venezolana. Y se cuestiona las políticas y regulaciones adoptadas por el gobierno de Santos, que ha dificultado que los venezolanos accedan al necesario apoyo humanitario que incluye refugio, atención médica, programas sociales y oportunidades de empleo, a fin de mitigar el riesgo de que puedan volverse vulnerables al reclutamiento por grupos armados ilegales que actúan a lo largo de la frontera.
“Por ejemplo, el único refugio oficial del Gobierno colombiano para migrantes venezolanos, en Cúcuta, tiene capacidad para solo 250 migrantes, y se encuentra mayormente vacío, ya que solo está abierto para migrantes con todos sus documentos en orden (que solo una pequeña minoría tiene)”, dice el documento. Y agrega que la falta de documentación para los migrantes y refugiados ha creado desafíos especiales para aquellos que buscan formalizar su estatus migratorio.
En este sentido, señala que debido a la crisis actual, es difícil para la mayoría de los venezolanos obtener documentación básica y actualizada (como cédulas o pasaportes), necesaria para viajar y, en la mayoría de los países, solicitar formalmente la residencia o el estado de protección. “Mediante la implementación de regulaciones que requieren que los venezolanos muestren documentación para acceder a refugios u otros servicios, Colombia ha hecho poco para disuadir a los venezolanos de cruzar la frontera hacia su país, en su lugar, los ha puesto en una posición más vulnerable”.
Y concluye: “El hecho de que los venezolanos se estén asentando en áreas donde hay grandes vacíos de seguridad es una preocupación importante. Los datos de Migración Colombia muestran que los principales departamentos que reciben migrantes venezolanos son: Norte de Santander (18.6%) y La Guajira (16.9%). Esto los hace no solo vulnerables a la violencia y el daño, sino también al reclutamiento de grupos armados ilegales, en particular, del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Un diagnóstico poco alentador que, por lo visto, el gobierno Santos quiere comenzar a revertir con el men cjonado decreto 1288, y que según el texto publicado por Caracol Radio, implica el otorgamiento de un Permiso Especial de Permanencia (PEP), que será el que garantizará el ingreso de los venezolanos a un Registro Administrativo de Migrantes, que además del acceso a la oferta institucional, incluye sanciones cuando se presenten infracciones al ordenamiento jurídico nacional.
Entre las medidas a aplicar está la validación de los estudios de educación básica y media de los niños y jóvenes venezolanos, para garantizar además su ingreso a las instituciones educativas de Colombia; la posibilidad de convalidar los títulos de educación superior; el derecho a la atención en urgencias, el control prenatal para mujeres gestantes y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como al Sistema de Riesgos Laborales. Y la atención por parte de Bienestar Familiar a la primera infancia y a las mujeres gestantes.
A su vez, los migrantes venezolanos inscritos en el registro podrán acceder a los servicios de orientación, información y remisión del Servicio Público de Empleo, y el Ministerio de Trabajo deberá establecer un mecanismo para promover y facilitar su acceso al mercado laboral.