En Colombia hay 1.117 maestros amenazados

Durante una visita humanitaria al departamento de Córdoba, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado urgente a las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de 1.117 maestros amenazados en todo el país.

Otálora se reunió con un grupo de docentes para conocer de primera mano la situación de riesgo en la que se encuentran 145 maestros en esa zona del país. Allí compartió un informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en el que se indica que de los 145 docentes amenazados en este departamento, 67 maestros denunciaron haber sido objeto de intimidaciones.

Sin embargo, para el Defensor del Pueblo dichas cifras pueden ser mayores según reportes hechos por la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), la cual señala que no todos los docentes dan a conocer las amenazas ante la Secretaría de Educación Departamental, entidad nominadora y la Unidad Nacional de Protección, e incluso tampoco formulan la denuncia penal ante la Fiscalía.

La situación que padecen los docentes en Córdoba es muy similar a la de 1.117 maestros de todo el país. Los casos de amenazas en las zonas urbanas, principalmente, son producidos por intimidaciones de padres de familia, estudiantes o pandillas juveniles, y en las zonas rurales, las amenazas provienen de las guerrillas y de los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC.

De acuerdo con los casos de amenazas contra docentes que han sido evaluados por la unidad Nacional de Protección, los departamento con mayores solicitudes de protección son Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), córdoba (90) y Nariño (88).

En el caso de Córdoba, el SAT ha emitido informes de riesgo para los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Montería, Valencia y Tierralta donde se ha solicitado al Estado adoptar medidas eficaces de protección para las víctimas, particularmente docentes y líderes de los procesos de restitución de tierras. Una situación similar se presenta entre los docentes y estudiantes de la Universidad de Córdoba, institución declarada piloto de reparación colectiva.

Las amenazas a docentes, por su parte, en su mayoría son de carácter extorsivo, a través de llamadas telefónicas por personas que se identifican como mandos de los grupos armados ilegales Farc, Urabeños, Águilas Negras o Rastrojos. En otros casos, las intimidaciones van acompañadas de panfletos.

Inicialmente ofrecen protección a cambio del pago de una suma mensual, después siguen las amenazas a la víctima o a sus familiares cercanos. Según la Fuerza Pública, casi siempre las llamadas provienen de los centros penitenciarios.

El hecho más reciente ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando presuntos miembros de un grupo autodenominado ‘Comandos urbanos de los Rastrojos’ distribuyó en dicha institución de educación superior un panfleto en el cual amenazan de muerte a 11 estudiantes, lo cual ha generado un clima de temor e incertidumbre entre las directivas y la población estudiantil.

El Defensor pidió a la Unidad Nacional de Protección, a la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional tramitar el traslado de los docentes de manera ágil y oportuna, de igual manera, adelantar los procesos de investigación para esclarecer la procedencia, móvil e identificar y sancionar a los autores de las amenazas.