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La semana pasada, la bancada de Colombia Justa-Libres, junto a congresistas de otros partidos, radicó el polémico proyecto de acto legislativo para instaurar el voto militar. Con apenas dos artículos, la iniciativa buscar cambiar el 2º inciso del artículo 219 de la Constitución reglamentando el sufragio para la Fuerza Pública.
Contexto: Vuelve la polémica por la propuesta de abrir la puerta al voto de los militares.
Así mismo, determina que “no se les estará permitido intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”. Sin más disposiciones, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) le dio su visto bueno al proyecto.
“Sobre este particular, hemos venido insistiendo en cuanto a la urgente necesidad de recuperar el ejercicio del sufragio, como alternativa eficaz para la adecuada defensa de nuestros derechos e intereses institucionales, que constantemente se ven seriamente amenazados por distintos sectores de la izquierda radical. Necesitamos cuotas efectivas de poder en distintos escenarios que así no lo garanticen”, manifestó el brigadier general (r), Jaime Ruiz, presidente de ACORE.
El proyecto explica que en el pasado siempre hubo un discurso en contra de que la Fuerza Pública participara del asunto electoral, pero que la realidad muestra un panorama alentador para que el país asuma esta discusión. Según recoge la iniciativa, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Suecia, Israel, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, México, entre otros implementaron el voto militar.
“La participación de los miembros de la Fuerza Pública como electores es una forma más de fortalecer los postulados democráticos de la Constitución y que este sea el momento propicio para señalar que el país está en mora de reconocerles el derecho al sufragio a quienes defienden la soberanía, independencia, integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, argumenta la bancada cristiana, resaltando que la Carta Política determina que “todos somos libres e iguales ante la ley, eso incluye también a los militares y policías”.
En la justificación se trae a colación la Declaratoria Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos que consagran derechos bajo el principio de igualdad y no discriminación, así como la promoción de derechos políticos para asegurar la democracia, y las posibilidades de los gobiernos de limitar la política electoral conforme a principios de racionalidad y proporcionalidad (por ejemplo, imponiendo la mayoría de edad para poder votar).
Bajo ese principio, los países mencionados han reglamentado el derecho al voto de las instituciones militares, restringiendo sus posibilidades deliberativas, como bien está planteado en el proyecto de ley. Sobre esto, ACORE señala: “La ley estatutaria que reglamente el uso de este derecho deberá establecer con claridad las limitaciones y restricciones que sean necesarias”.
Desde 1930 se prohibió el voto militar y en 1945 se elevó a rango constitucional debido al contexto de la época de guerras civiles y fraccionamientos bipartidista. El argumento, según ACORE, fue “que la disciplina y la subordinación militar, propia de nuestra institución, podría inclinar al subordinado a votar según criterio de su comandante”.
Pero según la asociación, este argumento ya no pesa porque ya no existe una confrontación bipartidista y no hay guerras civiles, sino conflictos con grupos armados ilegales. No obstante, algunos académicos consideran que la discusión del proyecto debe estar de la mano con una maduración de la institución y que, por ahora, las Fuerzas Militares se encuentran en una revisión de doctrina militar.
En ese sentido, Andrés Valdivieso, docente de Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que llevar a cabo la discusión de la participación electoral del Ejército más la revisión de la doctrina podría llevar a la politización de la institución.
Humberto Sierra, de la Universidad del Externado, aseveró que los militares eventualmente sí deben de gozar del derecho al voto, pero que primero “hay que cambiar la mentalidad y replantear el sistema presidencialista como funciona en nuestro país, porque tiene una amplia influencia en la Fuerza Pública”.