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“Los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años no han sido suficientes y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en referencia a los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, en los que el país da un paso atrás y pasa de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre los 180 países que cubre la medición.
La calificación fue establecida con datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva por parte del sistema judicial.
Entre los países de América Latina, Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Uruguay (70), Chile (67) y Argentina (40). Brasil y Perú tienen una calificación algo similar (37). Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos son Ecuador (34) y Venezuela (18). Y entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el resultado es aún más crítico: Colombia ocupa el penúltimo lugar entre 36, superando únicamente a México (28).
Con estos resultados, el país regresa a los niveles de percepción de corrupción que tenía en 2012, cuando se obtuvo la misma calificación. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si no se logran resultados realmente efectivos en esta lucha”, agrega Hernández. Según Transparencia por Colombia, aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar este flagelo ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto, es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable de no tolerar ningún acto de corrupción.
El lío es que se trata de un asunto recurrente en cuanta campaña política se hace en el país, pero los resultados no se ven. En julio del año pasado, el ahora expresidente Juan Manuel Santos presentó un balance de lo hecho en ese sentido, destacando que en sus ocho años de gobierno se expidieron más de 12 instrumentos normativos con el fin de dotar al Estado de más y mejores herramientas para hacer frente al flagelo de la corrupción. Habló del Estatuto Anticorrupción, la Ley Antisoborno, las reformas que implicaron la eliminación de entidades como el INCO y la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, las nuevas normas para las licitaciones públicas y la creación de la Agencia Jurídica del Estado, entre otros.
A su vez, desde que llegó al poder, el presidente Iván Duque ha reiterado que una de las líneas de su mandato consiste en persistir en esa lucha. De hecho, radicó en el Congreso un paquete con cuatro proyectos anticorrupción, entre ellos el de la limitación a no más de tres períodos para elegirse en una corporación pública, que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, que se introduzcan “pliegos tipo” a muchos más sectores, garantizando transparencia para contratar con el Estado, y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para quienes ejercen la función pública y manejan recursos públicos. Iniciativas todas relacionadas con la Consulta Anticorrupción realizada en agosto pasado, pero con mínimos avances en el Congreso.
Duque también radicó, junto con la Procuraduría, un proyecto que consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper a funcionarios, y ha enfatizado en la necesidad de empoderar a los ciudadanos para denunciar por todos los medios posibles y de acabar con beneficios como el de la de casa por cárcel o la reducción de penas a los corruptos. En cuanto a las empresas que corrompen funcionarios, que ni sus dueños ni sus gestores puedan volver a contratar con el Estado, además de ponerles fin a los carteles de únicos proponentes y al abuso de la contratación directa.
En este sentido, Transparencia por Colombia plantea tres recomendaciones. En primer lugar, señala que el presidente Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de la lucha contra la corrupción que ha manifestado públicamente: “Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a denunciantes y poner un fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía, como la salud, la educación y la infraestructura. Todo esto debe recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Asimismo dice que es “urgente” hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Para Transparencia, los escándalos que han involucrado a exmagistrados de las altas cortes y los cuestionamientos que actualmente se le hacen al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht, están afectando la credibilidad: “Se deben incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción, y garantizar la imparcialidad de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario hacer uso de todos los recursos legales disponibles para asegurar la reparación del daño causado por los actos de corrupción”.
Por último, Transparencia por Colombia considera “urgente” reactivar la discusión de reformas normativas técnicamente sólidas, sustentadas en los compromisos internacionales que el país ha adquirido y apoyadas en un diálogo con distintos sectores: “El presidente de la República y el Congreso deben cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la Consulta Anticorrupción y adelantar una agenda donde resulta imprescindible fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés y a la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las reformas política y a la justicia”.
“En medio de esta grave situación, genera esperanza el amplio rechazo que cada vez más expresa la ciudadanía contra la corrupción. Esto se evidenció en la alta votación de la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018 (11,6 millones de apoyos), en un sinnúmero de expresiones y movilizaciones ciudadanas reclamando acciones efectivas contra la corrupción y en el incansable trabajo de medios de comunicación y periodistas independientes que contribuyen a ejercer contrapeso al abuso del poder”, concluyó Hernández.