Comisión de Paz del Senado exige medidas urgentes por baño de sangre en Nariño

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El Ministerio de Defensa confirmó que fueron 11 las personas asesinadas en cuatro hechos de violencia distintos en la zona rural de Tumaco.

Durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero, 11 personas fueron asesinadas en la zona rural de Tumaco, en Nariño, en cuatro hechos de violencia distintos. Así lo confirmó este lunes el ministro de Defensa, Diego Molano. Según el funcionario, los homicidios resultaron de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, estructuras Oliver Sinisterra y Los Contadores.

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Ante los hechos que azotan a la población, la Comisión de Paz del Senado pidió al Gobierno medidas urgentes para contrarrestar el recrudecimiento de la violencia. Guillermo García Realpe, senador liberal por Nariño y miembro de esta comisión, expresó que el Estado, los gobiernos nacional y regional, y la Fuerza Pública “no han sido capaces de contener el baño de sangre” en Caunapi, Villa Rica, Llorente y Puerto Rico, corregimientos y veredas del municipio.

“Los muertos en los últimos días se cuentan por decenas, los violentos y criminales actúan a sus anchas. ¿Hay connivencia -de los criminales- con la fuerza pública, como lo denuncian algunos líderes sociales?”, cuestionó García Realpe. Sobre esto, la Comisión mencionó en el comunicado que según el Instituto de Medicina Legal, Tumaco registró en 2020 193 de los 364 homicidios rastreados en los 64 municipios de Nariño.

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El senador liberal también enfatizó en que el gobierno del presidente Iván Duque “definitivamente perdió el control de los territorios en Colombia y se quedó solo en anuncios”, señalando de ineficaces los comunicados de prensa sobre orden público y los consejos de seguridad realizados en las zonas con presencia de grupos armados y serios problemas de seguridad. Dijo que estos “no solucionan absolutamente nada en las regiones”. En ese sentido, exigió al Ejecutivo y a las autoridades medidas extremas de seguridad que “permitan recobrar la tranquilidad y la sana convivencia en la región, tan golpeada por los actores ilegales que operan en esa zona del sur occidente del país”.

Mientras esto ocurre en Nariño, en Chocó el Gobierno también atiende los hechos de violencia que ponen en riesgo los derechos humanos de las comunidades del Alto Baudó, por cuenta de una confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo. “Se dieron hechos que finalizaron con la vida de una mujer indígena en el resguardo. Eso ha significado que una parte de la comunidad se mueva a una parte de su resguardo y allí esté en confinamiento. Desde el día de ayer, un pelotón de las Fuerzas Militares está allí, en coordinación con la comunidad, para dar garantías de seguridad y permitir que llegue la misión de verificación”, anotó el ministro Molano. Añadió que las autoridades que él encabeza desde el Ministerio de Defensa darán “todas las garantías para que las comunidades salgan del confinamiento”.

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A su paso, Daniel Palacios, ministro del Interior, insistió en que “desde el primer momento el Gobierno ha venido articulando una respuesta institucional de la mano del gobernador del Chocó y la Fuerza Pública”. Además, agregó que el consejo de justicia transicional que realizaron “permite activar las ayudas humanitarias” para las personas que habitan el resguardo. “Se ha decidido que se llevará a cabo una misión de verificación humanitaria , encabezada por la unidad de Víctimas, la Cruz roja Intrnacional y otros actores internacionales”, dijo.

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