“Emergencia social”, otra opción

¿Cómo salvar los proyectos de la paz?

El Gobierno elevó una consulta ante el Consejo de Estado con el fin de indagar hasta dónde están realmente muertos los proyectos para implementar el Acuerdo Final. Al “fast track” le quedan apenas seis días.

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, dialoga con Guillermo Rivera, ministro del Interior, ayer en el Capitolio. / Cristian Garavito - El Espectador

“¿Acaso no saben que el 30 de noviembre vence el plazo del mecanismo especial legislativo (fast track)?”. Esa era la pregunta que este miércoles, entre confundidos y molestos, se hacían algunos senadores y representantes ante la decisión de las comisiones primeras de aplazar la discusión del proyecto que permitía el sometimiento de las bandas criminales, como el clan del Golfo, a la justicia ordinaria. La razón era sencilla: no tenía sentido seguir posponiendo el debate de un texto que, prácticamente, ya está hundido por falta de tiempo.

“Lo que se está haciendo es engañar al país”, sentenciaba la senadora de la Alianza Verde Claudia López, al tiempo que recordaba que quedan apenas seis días para que el fast track muera jurídicamente. “Lo lógico era proceder al archivo del proyecto y no terminar aprobando una proposición que parece, más bien, un sofisma de elegancia”, advirtió el representante del Partido de la U Jaime Buenahora.

Pero por encima de esa iniciativa, que permite la judicialización de organizaciones criminales como la que lidera alias Otoniel, hay una larga lista de 10 proyectos más que se radicaron a través del mecanismo especial legislativo y que, indudablemente, no alcanzarán a aprobarse en el poco tiempo que le queda a ese sistema expedito.

Por eso, la pregunta inmediata que surge es: ¿están realmente muertos todos esos proyectos que, se supone, fueron radicados para garantizar la estabilidad de la implementación del Acuerdo de Paz? Aparentemente, no. Esa es, al menos, la interpretación que tiene el senador Roosvelt Rodríguez, de la U y presidente de la Comisión Primera, al argumentar el aplazamiento y no el archivo del mencionado proyecto sobre el sometimiento de las bandas criminales.

“Una de las posturas indica que, terminado el 30 de noviembre, lo avanzando en los proyectos para implementar el Acuerdo Final queda finiquitado y no es posible avanzar más. Pero la otra postura es que en lo que se ha avanzado es posible unirlo al procedimiento ordinario. Es decir, no se pierde el trabajo realizado o avanzado”, explicó el legislador.

Lo anterior tiene unas repercusiones enormes para los pactos de La Habana. Se trataría de un salvavidas jurídico supremamente necesario en momentos en que el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, advierte sobre la pérdida de confianza entre los miembros de la desarmada guerrilla de las Farc, al punto que apenas el 45 % de sus integrantes permanecen en los espacios de reincorporación.

Por eso, el nuevo “as bajo la manga” que tiene el Gobierno es una consulta ante el Consejo de Estado que se encargará de definir qué va a pasar con los proyectos radicados en el Congreso vía fast track y que no alcanzaron a debatirse. “Ahí cabrían leyes ordinarias, leyes estatutarias y leyes orgánicas”, dijo a El Espectador una voz cercana a los Acuerdos de Paz. Si ese alto tribunal da vía libre para que sigan en debate por vía ordinaria, el Congreso seguiría su trabajo hasta el 16 de diciembre y si no se alcanza a evacuarlos, podría haber citación a sesiones extras.

Para eso es importante recordar en qué están y cuáles son esas iniciativas que, de momento, se quedaron por fuera del nada expedito mecanismo especial: innovación agropecuaria, adecuación de tierras, sistema nacional catastral multipropósito, adjudicación de baldíos en reserva forestal, investigación y judicialización de organizaciones criminales y medidas de sujeción a la justicia, tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, Plan Marco de Implementación y plan cuatrienal de la implementación del Acuerdo y reforma a la ley de garantías.

“De nada sirve alargar el fast track, si lo que se va a hacer es prolongar la agonía por culpa de las mayorías del Gobierno, que no están en voluntad de aprobar los proyectos y sólo quieren alterar lo acordado”, señaló Francisco Toloza, integrante de Voces de Paz.

A lo anterior se le suma que aún están en veremos tres de las normas fundamentales que no podrán aplazarse más allá del 30 de noviembre: circunscripciones especiales de paz, cuyo texto aún no logra consensos para su conciliación; reforma política, que está a un debate de ser aprobada en la plenaria del Senado y la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), también en último debate en la Cámara, a donde llegó con una lluvia de proposiciones que supera el número de artículos.

¿Qué queda? En voz baja, no son pocos los que le tiran la pelota al presidente Juan Manuel Santos y al presidente de la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, quienes sostendrán un trascendental encuentro este viernes.

“La implementación legislativa será un tema con bastante tela por cortar en ese encuentro”, dijo una de las personas que tienen a cargo varios elementos logísticos de la reunión. Sólo hasta ese momento se sabrá hasta dónde está dispuesto el nobel de Paz para defender su principal bandera y activar el “Plan B” que viene estudiando para salvarla: la emergencia social.

Entre tanto, en el plano legislativo, la salida pareciera ser más clara: “Es más honesto con el país decir que el Gobierno radicó muy tarde esos proyectos y que se designaron tarde los ponentes de los que ya se hundieron. Es más digno archivarlos y que el Gobierno se mueva, los vuelva a radicar, que nos cite con mensaje de urgencia y en ocho días podemos estar sesionando para salvarlos”, concluye la representante Angélica Lozano.

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