Comisiones primeras aprueban proyecto para hacer públicas declaraciones de renta de servidores públicos

La iniciativa fue aprobada con una proposición que extiende esta obligación a un número mayor de funcionarios del Estado, desde congresistas hasta quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado y los particulares que desempeñen funciones públicas o presten servicios públicos o administren bienes o recursos. Restan los debates en plenarias de ambas cámaras.

Con un apoyo mayoritario, las comisiones primeras conjuntas aprobaron en primer debate el proyecto de ley que busca que los altos funcionarios del Estado, dentro delos que están los congresistas, ministros, magistrados de las altas cortes, procurador, contralor, fiscal general y otros tuvieran que hacer públicas sus declaraciones de renta y bienes para que puedan ser escrutadas por cualquier ciudadano. Y pasó, además, con una proposición que agregó la extensión de este mandato a cuaquier cualquier funcionario del Estado o contratista. 

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El objetivo es que esta información de los servidores públicos (declaración de renta, declaración de bienes y renta y declaración de conflicto de intereses) quede publicada y accesible ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). Esta idea, desde que se presentó, fue negada por las ponentes Angélica Lozano y Juanita Goebertus, ambas de la Alianza Verde, al considerarlas “una medida extrema al tratar de cobijar a todo el mundo”, expresó la representante Goebertus. Sin embargo, los parlamentarios le dieron el visto el bueno.

“Sorpresivamente hoy, todos los miembros de la Comisión Primera de Cámara y de Senado apoyaron esta medida, que ya no es solo para altos dignatarios, sino para todos los servidores públicos. Necesitamos tener los ojos abiertos para que esto no sea un golazo que luego echarán para atrás en las plenarias”, advirtió la representante ponente Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, al recordar que en plenaria de la Cámara se aprobó un acto legislativo similar, radicado por el Gobierno, en el que solo se levantó la reserva cuando hubiere de por medio investigaciones de los órganos de control.

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Pese a que pasó en primer debate, durante la discusión se presentaron proposiciones que, según Angélica Lozano, senadora ponente de la Alianza Verde, le quitaban el alma al proyecto. Uno de ellos fue la petición de retirar de las obligaciones la declaración de bienes y rentas. “Esta es la pepa de esta iniciativa, pues la declaración de renta solo la entienden los contadores; en cambio, el formato de bienes y patrimonio lo entiende cualquier persona que sepa leer”, precisó Lozano.

Otras de las reticencias que se manifestaron a lo largo del debate, derivadas en 18 proposiciones para cuatro artículos que contenía el proyecto, era el tema de la seguridad que quedaría expuesta al momento de publicar dichas informaciones. “Esta iniciativa contempló una medida muy sana y es que debe de garantizarse la protección de los datos personales. Eso significa que la dirección o la cédula catastral será reservada, la gente no lo tiene por qué saber. Lo que necesitamos saber es cuáles bienes tienen los funcionarios, con qué entraron y con qué salieron”, explicó Goebertus.

Me parece que si esto lo vamos a hacer muchísimos funcionarios va a ser una herramienta de confianza y de transparencia que nos conviene a todos. Quienes estamos en el mundo de lo público y lo político sabemos que este es un lugar de riesgo y más en un país como Colombia”, recordó, por su parte, la representante Ángela María Robledo, de la Colombia Humana, en contra de quienes se sostuvieron en el argumento de la seguridad para oponerse a la iniciativa. Por otro lado, para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “lo importante es que se aprobó el proyecto en primer debate” y que el tema de la extensión es una garantía más amplia para la transparencia.

Las proposiciones negadas durante el debate fueron las de acoger en esta medida a los directores de oenegés y medios de comunicación, esta última realizada por el senador Armando Benedetti, de la U. Así pues, quienes se deben de acoger a este proyecto, de aprobarse en ambas plenarias son servidores públicos por elección popular, magistrados de las altas cortes, tribunales y de la Justicia Especial para la Paz, consejeros del Consejo Nacional Electoral, fiscal, procurador, auditor, defensor, contralor, registrador, superintendentes, directores de Departamentos Administrativos y de Unidades Administrativas Especiales, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado y los particulares que desempeñen funciones públicas o presten servicios públicos o administren bienes o recursos.

Para las ponentes de esta iniciativa, en el éxito de esta en el primer debate tuvo que ver la presencia de veedores ciudadanos que se encargaron de hacer públicas las votaciones de cada uno de los parlamentarios a lo largo de la discusión.

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-Redacción Política

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