Una aguda polémica comienza a generarse en torno a la elección del nuevo defensor del Pueblo, que según anunció la directiva de la Cámara de Representantes, se hará el próximo martes en su sesión plenaria. Como se sabe, el presidente Juan Manuel Santos presentó esta semana ante esa corporación la terna de donde se deberá escoger el nuevo jefe de la Defensoría, integrada por Carlos Negret, Andrés Santamaría y Caterina Heyck.
En un comienzo, cuando la Cámara dijo que haría la elección el martes, surgieron voces de protesta por considerar que no se estaba dando tiempo a los candidatos para presentar sus propuestas. El mismo Santamaría expresó públicamente que era lamentable que no tuvieran la oportunidad de hacer un debate más amplio que le permitiera al país conocer las hojas de vida de los aspirantes y su trayectoria en los temas de resorte de la Defensoría. Todo indica que solo el día de la votación tendrán la posibilidad de presentar sus programas ante la plenaria.
Ya en un comunicado público, Elección Visible, la coalición de nueve organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a los procesos de nominación y elección de altos funcionarios del Estado, calificó como un retroceso la forma como se está conduciendo la elección: “Lamentamos que el Gobierno y la Cámara no permitan a la sociedad civil contar con un tiempo prudencial para analizar los perfiles de los candidatos, así como sus hojas de vida detalladas”, señaló.
En su concepto, el próximo defensor “deberá acompañar el proceso de construcción de paz y tendrá una participación crucial en los desafíos que se presentarán para garantizar la vigencia de los derechos humanos durante los primeros años del posconflicto”. En este sentido, pidió publicar las hojas de vida de los ternados, programar una audiencia pública para escucharlos y fijar otra fecha para su elección, de tal manera que se cuente con un tiempo prudencial para analizar y pronunciarse sobre los perfiles.
Por otra parte, el abogado Iván Cancino, especialista en derecho disciplinario, llama la atención sobre un hecho particular: en su concepto, el nuevo defensor del Pueblo no debe ser un político y refiriéndose estrictamente a Carlos Negret, quien hasta el pasado miércoles fungió como secretario general del Partido de la U, considera que existe un impedimento para su elección, pues se podría estar replicando una vez más el “yo te elijo, tú me elijes”.
En su cuenta de Twitter, Cancino preguntó: “¿Si yo le di el aval a varios congresistas como secretario de un partido, pueden ellos después elegirme a un cargo público?”. Sin embargo, el jurista incurre en un error, pues en una aclaración hecha desde el mismo Partido de la U se informó que Negret asumió el cargo de secretario de esta colectividad el 15 de agosto de 2015, es decir, que no tuvo nada que ver con la entrega de dichos avales.
Pero en ese tire y afloje en que se convierten este tipo de elecciones, ya hay quienes aseguran que, de todas maneras, Negret sí estuvo en la repartición de avales para las elecciones locales y regionales de octubre del año pasado, donde muchos de los candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos son cuotas de los representantes a la Cámara, que ahora podrían votar por él.
Otra tesis habla de un lio ético más no jurídico, pues los partidos políticos son organizaciones privadas, así reciban recursos públicos, por lo que no existiría ninguna inhabilidad. Sea como sea, el debate está encendido y será la plenaria de la Cámara la que diga la última palabra.