Congresistas buscan ley para atacar frontalmente a los falsos testigos

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el proyecto que será presentado el próximo 20 de Julio debe establecer un equilibrio para no afectar el principio de oportunidad y la colaboración de los testigos.

Hace algunas semanas, en el Senado de la República, se hizo evidente el malestar por la actual situación que se registra con la política de principio de oportunidad, la cual, según algunos legisladores, ha llevado a que muchos ciudadanos inocentes terminen tras las rejas en presuntos casos de falsos testigos.

Precisamente en la ley tramitada por el Congreso antes de cerrar la anterior legislatura (20 de junio) que busca prorrogar por un año la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015 y que permitió evitar la excarcelación masiva de peligrosos delincuentes, se abrió un profundo debate. En la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó inicialmente que en los casos de testigos que sean beneficiados con subrogados penales por colaboración con la justicia bajo el principio de oportunidad, se requiera de otro elemento adicional al único testimonio para que jueces o fiscales puedan ordenar la captura de un presunto responsable de alguno delito. Aunque esa intención sucumbió en la plenaria del Senado por la advertencia de un posible “mico”, dejó abierto el debate para empezar a recorrer el camino de una regulación que zanje esta problemática.

El difícil panorama evidenciado al respecto llevó al Gobierno a asumir el compromiso de promover una reforma, la cual será radicada el próximo el 20 de Julio cuando retoma labores el Congreso, con los elementos suficientes para afrontar la actual situación de lo que muchos llaman el “cáncer” del falso testimonio.

En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, adelantó que la intención es elaborar este proyecto de ley que sea útil y conveniente sin que se pueda ver afectado el principio de oportunidad y la colaboración de los testigos. “El propósito es poder brindar garantías de que el mecanismo de un testimonio no se utilice para recibir beneficios por parte de ser un falso testigo”, explicó.

A propósito del tema, hace un par de semanas se puso en funcionamiento una comisión de expertos conformada por Fernando Arboleda Ripoll, Carlos Gálvez Argote y Álvaro Hernando Pérez, tres exmagistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán como objetivo estudiar la conveniencia y los términos de la iniciativa.

El senador Juan Diego Gómez, quien en la plenaria del Senado insistió con vehemencia en la plenaria que no pueden ser sometidos a medidas de aseguramiento quienes apenas tienen en su contra un único testimonio, dijo que el proyecto que prometió el Gobierno debe responder a los problemas registrados con casos de testigos que han sido condenadas por diversos delitos y luego buscan beneficios involucrando a otras personas. “En la iniciativa se requiere una reglamentación para los casos que exista sólo un testimonio y se tenga como contraprestación un beneficio de la justicia. Además actualmente se le entrega la responsabilidad al ciudadano de demostrar su inocencia cuando es una razón del Estado demostrar la culpabilidad de alguien que está implicado en un caso penal”, sostuvo.

El verdadero motor de este proyecto será la posibilidad de establecer un mecanismo efectivo para garantizar el principio de presunción de inocencia y la garantía de debido proceso como principio rector del Código Penal del país.

Algunos estudios académicos dan cuenta de que en Colombia habría al menos 3.000 casos de testimonios falsos. Los casos más reconocidos son los de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, el senador Luis Fernando Velasco, el almirante (r) Gabriel Arango Bache y el exdiputado Sigifredo López. Muchas de estas figuras públicas fueron privadas de la libertad pero lograron demostrar su inocencia en procesos que finalmente se comprobó fueron promovidos por falsos testigos.