Congresistas convocan audiencia por asesinatos de líderes sociales

Haciendo un llamado ante las alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, seis congresistas entregarán mañana al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez una carta en la que le solicitan incrementar los esfuerzos para investigar los crímenes de este tipo que han aumentado en las últimas semanas. La misiva, será presentada este miércoles durante  una audiencia pública que se realizará desde las 8:00 a.m. en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes y en la que se debatirá sobre  el estado de las investigaciones.

La audiencia es promovida por los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, del Polo Democrático; y por los representantes a la Cámara, Ángela Robledo, de la Alianza Verde y Alirio Uribe e Inti Asprilla, del Polo Democrático, quienes también son los firmantes de la carta, además del representante  Víctor Javier Correa. A la cita asistirán representantes de diversas organizaciones sociales  como Diana Sánchez, directora del programa Somos Defensores; Olga Amparo Sánchez Gómez, directora de la Casa de la Mujer; y Andrés Gil, del movimiento político Marcha Patriótica. También están invitados el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.

Este es el texto completo de la carta dirigida al Fiscal: 

Respetado fiscal:

Cordial saludo. En las últimas semanas las organizaciones sociales y de derechos humanos, e incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han llamado la atención de la opinión pública y de las instituciones del Estado, acerca del incremento de los atentados y los homicidios en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales. La Oficina de Naciones Unidas, a 30 de noviembre de este año, monitoreó 35 atentados y 52 homicidios contra defensores de derechos humanos y cinco más se encuentran bajo análisis. Asimismo, 13 de estos homicidios ocurrieron con posterioridad al 26 de septiembre, cuando se firmó el primer acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.

En este mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, denunció que, a noviembre de este año, han sido asesinados 18 militantes de su organización, así como se han registrado 25 atentados, 13 casos de tortura, 93 personas heridas, en el marco de proceso de movilización y, 4 casos de violencia sexual. Entre los meses de agosto y noviembre del año en curso, 32 defensores de derechos humanos fueron asesinados. De igual manera, se han registrado más de 176 amenazas individuales a líderes y 32 amenazas colectivas dirigidas a organizaciones sociales que integran la Marcha.

Conforme la información suministrada para esta audiencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la CUT registró que, en lo corrido del año, se han presentado 3 allanamientos ilegales, 92 amenazas, 11 atentados y 13 homicidios contra líderes sindicales. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos tiene registrados, este año, 9 homicidios, 2 atentados, 13 amenaza y 4 detenciones arbitrarias.

Los medios de comunicación, citando a la Defensoría del Pueblo, han informado que en 27 de los 32 departamentos del país existe presencia paramilitar, cuya vigencia y fortalecimiento de sus estructuras también han sido denunciadas por las organizaciones sociales, como recientemente lo hizo la Comisión de Justicia y Paz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La responsabilidad del paramilitarismo en las agresiones contra defensores y líderes sociales ha sido señalada por el Programa Somos Defensores en su más reciente informe, en el que señaló que, durante el periodo julio – septiembre de 2016, se produjeron 63 agresiones contra la vida e integridad de los activistas sociales; 24% de éstas, son responsabilidad de estos grupos.

Señor Fiscal,

Esta situación preocupa enormemente, dado que por la condición que ostentaban los líderes sociales y defensores de derechos humanos, se está enviando un mensaje equivocado a las comunidades que propenden por construir paz en sus territorios. En la actualidad, los esfuerzos del Estado y de la Sociedad Civil se orientan a la concreción del fin de conflicto armado, por lo que se requiere por parte de la Fiscalía General de la Nación una respuesta contundente, en materia de investigación, que envíe un mensaje a los responsables de estos crímenes de cero tolerancia.  En este sentido, los congresistas abajo firmantes esperamos resultados certeros no solamente en cuanto al establecimiento de la autoría y responsabilidad frente a estos crímenes sino, además, en el desmonte de las estructuras paramilitares y en la garantía e integridad personal de los defensores de derechos humanos.