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Los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia), denunciaron este martes ante la Fiscalía a altos mandos de la Policía Nacional luego de que Dilan Cruz muriera por acción de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La acción penal involucra a Óscar Atehortúa, director de la Policía; Hoover Penilla, directo de la Policía Metropolitana de Bogotá; y a José Luis Vargas, director del Esmad, y pide que estos sean investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional.
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“A la oficina del senador Cepeda y mía han llegado múltiples denuncias de ciudadanos sobre atropellos de la Policía y violaciones de derechos humanos, y nos dimos a la tarea de recopilar todas estas denuncias con videos y pruebas (…) Hemos podido argumentar una denuncia en la Fiscalía contra la Policía Nacional y el Esmad para que investigue tanto el crimen de Dilan Cruz como otro crimen que se presentó en Bogotá”, comentó el senador Bolívar.
De acuerdo con la denuncia, hay al menos 15 casos durante el paro en los que la Policía y el Esmad no han seguido los criterios de actuación establecidos en los protocolos internacionales y se ha atentado contra los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
Algunos de los hechos puntuales sobre los que se piden investigaciones son la muerte de Dilan Cruz, la muerte de Faustino Vargas, en el barrio Verbenal, de Bogotá; las agresiones contra la fotógrafa Diana Pinzón y los supuestos ingresos de vándalos a unidades residenciales del pasado viernes y jueves en Bogotá y Cali, respectivamente.
Los denunciantes señalan que han registrado, además, 831 casos de detenciones a ciudadanos y y 25 casos de personas heridas entre el 21 y el 23 de noviembre. Sobre todo este asunto, Cepeda, Bolívar y las demás organizaciones enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a sus relatores, para que se haga un llamado al Estado colombiano y se brinden mayores garantías para la protesta social.