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En medio de una breve intervención, el pasado miércoles, el presidente Iván Duque anunció que, en el marco del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales, se iba a llevar a cabo un trabajo conjunto entre Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría. En medio del discurso, el primer mandatario señaló que las estadísticas de crímenes de líderes sociales iban a ser unificadas en la Fiscalía.
Lo que parecía un simple procedimiento burocrático, tenía más implicaciones de las que aparentaba. Las cifras que llevaba la Defensoría del Pueblo frente a crímenes de líderes sociales eran de las más completas en el país y se lograban en gran medida a su presencia en los territorios y al trabajo de campo. Por otro lado, los datos que lleva la Fiscalía se basan en los registros de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque también son unos datos de alta precisión, por el proceso de verificación, tiene limitaciones debido a la imposibilidad de dicha oficina para llegar a todos los territorios.
Por eso, los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda prendieron las alarmas este viernes sobre las posibles implicaciones de la centralización en la Fiscalía de las estadísticas de homicidios contra los líderes sociales. A través de una carta, los dos miembros de la oposición le pidieron claridad al primer mandatario sobre su decisión. Asimismo, le preguntaron al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, si la entidad que comanda va a seguir consolidando de “manera autónoma e independiente” las cifras de los hechos “que atentan contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra líderes y lideresas sociales”.
En este mismo sentido, cuestionaron a Camargo sobre el papel que jugará la Defensoría del Pueblo en la totalización de los crímenes contra líderes sociales. De igual manera inquirieron si la segunda cabeza del Ministerio Público mantendrá su labor de “verificación y procesamiento” de las situaciones de posible violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Ambos congresistas advirtieron que se podría afectar la independencia de la Defensoría si esta renunciaba a llevar el conteo de las acciones contra lo líderes sociales. “Sin duda el asesinato sistemático y generalizado de lideresas y líderes sociales no se va a resolver en Colombia reduciendo de manera formal las cifras de estos asesinatos. Ocultar ese gravísimo problema ayuda a crear un ambiente propicio para establecer un Estado de opinión en el que siga produciéndose estos asesinatos”, comentó Iván Cepeda.
En una misma línea, la representante Ángela María Robledo señalo que centralizar las estadísticas en la Fiscalía desconoce tanto la labor que ha venido realizando la Defensoría con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como el trabajo que organizaciones no gubernamentales, como Somos Defensores e Indepaz, han llevado a cabo para documentar los delitos contra los defensores de derechos humanos.