Cepeda y Sanguino radicarán queja contra mindefensa por 10 solicitudes sin respuesta

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, enfrentará este jueves un debate de moción de censura en el Senado de la República.

Foto: EFE - Carlos Ortega

Desde el pasado 1° de julio, los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, señalan que han enviado, por lo menos, diez solicitudes de información al Ministerio de Defensa y ninguna ha sido respondida por la cartera. Ese hecho es la columna vertebral de una queja disciplinaría que será elevada ante la Procuraduría por los congresistas, quienes advierten que habría una violación a la ley.

“Lejos de ser un aparente olvido o descuido, como lo manifestó el ministro de Defensa a algunos medios de comunicación, omitir el deber de respuesta oportuna a información requerida por congresistas dentro del término previsto en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992 ha sido una práctica recurrente de Carlos Holmes Trujillo hacia las solicitudes de información que hemos elaborado como congresistas de la oposición”, señalan el documento.

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Algunas de las peticiones de los congresistas tienen que ver con logros y resultados de la lucha contra el narcotráfico, información sobre contratistas extranjeros, información presupuesto de gastos vigencia 2020, presencia de la Fuerza Pública en municipios con mayor índice de violencia, información de mayores del Ejército Nacional llamados a calificar servicios o información sobre hechos de violencia policial y medidas administrativas adoptadas.

Cepeda y Sanguino argumentan que la falta de respuesta a estas solicitudes configuraría faltas disciplinarias por parte de Carlos Holmes Trujillo. “El accionar del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, en relación con la ausencia de una respuesta oportuna, pertinente y de fondo a los requerimientos que hemos realizado en el marco de nuestro ejercicio de control político, da cuenta de una práctica recurrente que puede constituirse no sólo en causal de mala conducta, sino que con ello afecta la labor de otros servidores públicos, como es nuestro caso”, contiene la queja.

De igual manera, acuden a su condición de miembros de partidos opositores: “El estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de la oposición política. Por ello, el constituyente previó que el ejercicio de la oposición estaría ligado, inexorablemente, al ejercicio de ciertos derechos, tales como el acceso a los documentos”.