Congreso 2014-2018: un comienzo agitado

La directora del programa Congreso Visible analiza la gestión del legislativo en sus primeros seis meses. Se vieron consensos entre los partidos ubicados en diferente orilla ideológica y disensos de la Unidad Nacional con el Gobierno.

El Congreso de la República terminó esta semana su primera legislatura ordinaria. En los cinco meses corridos desde el pasado 20 de julio, se empezó a vislumbrar el comportamiento de los diferentes partidos. Se vio que sus actuaciones no siempre fueron críticas en el caso de los opositores, así como tampoco hubo todo el tiempo consenso entre los que componen la coalición de Gobierno.

En este artículo, se resumen algunos de los proyectos de ley y de reforma constitucional discutidos, y se resalta la actuación de los partidos políticos. Veremos que los avances legislativos de iniciativa del Gobierno fueron significativos en parte gracias a la estrategia adoptada para sacarlos adelante: el mensaje de urgencia.

En primer lugar, la reforma al equilibrio de poderes fue la que más espacio ocupó en la agenda legislativa. Aunque se aprobaron los primeros cuatro de los ocho debates requeridos, no hubo consenso mayoritario en varios de los temas incluidos. Para muchos, esta reforma es una colcha de retazos que suma aspectos que no necesariamente están dirigidos a lograr lo que el título de la iniciativa propone.

Hasta el momento, se han aprobado las siguientes medidas: 1) la eliminación de la reelección del presidente y de altos funcionarios del Estado; 2) un cambio en la conformación del Senado dirigido a garantizar la representación de los departamentos que tienen menos de 500 mil habitantes; 3) la eliminación del voto preferente, y la adopción definitiva de listas cerradas; 4) la adopción de la silla vacía para delitos de corrupción; y 5) la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, entre otros.

En la discusión de este acto legislativo, el Partido de la U se mostró como el principal promotor de la agenda del gobierno. Por su parte el Centro Democrático hizo una oposición propositiva en la que planteó alternativas que se discutieron en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara. El Polo Democrático y la Alianza Verde coincidieron en temas en los que se unieron para trabajar como una sola bancada; y el Partido Conservador evidenció una postura ambigua frente al Gobierno.

Como es sabido, queda un largo trecho por recorrer. Todavía es posible que se añadan otros temas, o se eliminen algunos de los aprobados. El Gobierno, el Congreso, y la ciudadanía tendrán que estar muy atentos en el trámite que sigue para evitar que vuelva a ocurrir algo similar a lo que pasó con la reforma a la justicia, que tuvo que ser archivada en el último debate tras haber sufrido modificaciones sustantivas que hubieran llevado a la profundización de la crisis de legitimidad de esta rama del poder público.

En este semestre, se destacaron dos iniciativas en el tema de paz y conflicto armado. En primer lugar, se prorrogó la Ley de Orden Público que permite al presidente adelantar su política de diálogo y reconciliación con los grupos armados. En segundo lugar, el Centro Democrático radicó un proyecto que pretendía endurecer los mecanismos de justicia transicional que se aplicarían a los guerrilleros una vez el conflicto armado llegue a su fin.

El control político ocupó un espacio importante en estos temas. Hubo 17 debates en los que se discutieron la Ley de Víctimas y su participación en La Habana; el presupuesto para el posconflicto; los falsos positivos y la parapolítica, entre otros. En esta materia, se destacó el trabajo conjunto de partidos con posiciones ideológicas contrarias. El Polo Democrático Alternativo, el Centro Democrático, el Partido de la U y la Alianza Verde aunaron esfuerzos para debatir y pedirle cuentas al gobierno sobre la manera en que será usado el erario público para afrontar el posconflicto.

De modo que, incluso los partidos de la coalición de Gobierno le exigieron cuentas al Ejecutivo. Para discutir sobre los falsos positivos se dieron alianzas que parecen más naturales, entre el Polo Democrático y la Alianza Verde. Varios ministros fueron llamados a rendir cuentas o aclarar actuaciones. El de Defensa, Juan Carlos Pinzón fue el más citado, seguido del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y de Mauricio Cárdenas de Hacienda.
Otro debate de gran relevancia para el país fue el de la ampliación del fuero militar.

Mientras que el Gobierno y la mayoría de los congresistas de la Unidad Nacional consideran que los militares necesitan seguridad jurídica y garantías para que los juzguen funcionarios que conocen de cerca las condiciones en las que desempeñan su labor, para el Polo Democrático y la Alianza Verde, se abre una ventana a la impunidad en casos como los falsos positivos. Además, desconfían de la independencia de los tribunales militares.

Por su parte, el Centro Democrático terminó apoyando las mayorías oficiales a pesar de que inicialmente radicó un proyecto que ampliaba mucho más el fuero, pues no establecía excepciones. En total, son cinco los proyectos que se han movido este semestre relacionados con la seguridad jurídica para los militares. A la propuesta de reforma constitucional del Gobierno, le faltan cuatro debates. En caso de ser aprobada, deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional, donde ya se cayó una vez por vicios de trámite. Los críticos de la oposición en el Congreso y de organizaciones de Derechos Humanos ya anunciaron que están dispuestos a demandar de nuevo.

Finalmente, es importante señalar que al final de la legislatura, el Gobierno nacional hizo uso su facultad exclusiva del mensaje de urgencia para impulsar y sacar adelante 11 iniciativas. Con esta herramienta, el Congreso se vio en la obligación de discutir en máximo 30 días los proyectos de ley solicitados por el Ejecutivo, que a su parecer, respondía a coyunturas críticas. Se destacan tres iniciativas que se aprobaron haciendo uso de esta herramienta: una reforma tributaria que, entre cosas, extiende la vigencia del impuesto a la riqueza por otros cuatro años; una ley que le permite al Gobierno tener mayores posibilidades para vigilar instituciones de educación superior; y el Tratado de Libre Comercio con Corea.

En resumen, aunque gran parte de la atención que pusieron los medios de comunicación los meses pasados estuvo en la reforma del equilibrio de poderes, hubo otros temas de mucha relevancia para el país en la agenda de la primera legislatura. También hubo debates de control político muy controversiales que dejaron ver que los partidos pueden llegar a acuerdos, así estén en orillas ideológicas diferentes, y que aquéllos que conforman la coalición del Gobierno, no son acríticos con el mismo.


* Profesora del Departamento de Ciencia Política y Directora de Congreso Visible de la Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas acá se hacen a título personal y del equipo de Congreso Visible y no comprometen el nombre de la Universidad de los Andes.