Congreso aprueba en último debate ley que evita excarcelación masiva de peligrosos delincuentes

Los presuntos responsables de delitos sexuales, corrupción o procesos ante la justicia penal especializada no regresarán pronto a las calles a partir de la aprobación de esta iniciativa. Un presunto “mico” que quería ser incluido de última hora fue retirado.

Archivo El Espectador

A las carreras y casi que a regañadientes, el Congreso de la República aprobó de urgencia un proyecto de ley que busca evitar la excarcelación masiva de presuntos peligrosos delincuentes que se encuentran procesados por delitos sexuales, corrupción o procesos ante la justicia penal especializada. La plenaria del Senado dio su visto bueno en último debate a esta iniciativa que causó polémica por la improvisación en la política criminal del Gobierno y la Fiscalía General de la Nación, autores de la iniciativa.

Pese a que hace poco más de un año el mismo Congreso aprobó un proyecto para modificar el mecanismo de detención preventiva con el fin de beneficiar con medidas de libertad provisional a quienes se encuentran sindicados de algunos delitos menores, los tiempos en los procesos no se ajustaron y se evidenció el latente riesgo de que quedaran en libertad peligrosos delincuentes.

Aunque el propósito central de la Ley 1760 –sancionada el 6 de julio del año pasado– es que a partir del próximo 7 de julio queden libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año tras las rejas en detención preventiva y sin condena, o 7 de julio de 2017 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo también sin sentencia, la ineficacia en las actuaciones de la mayoría de los procesos terminó enredando el tema.

Por eso, el objetivo de descongestionar el sistema judicial al permitir la puesta en libertad de algunos sindicados no se logró y de ahí que se aprobara una nueva prórroga para la entrada en vigencia de la Ley para no llegar al escenario de excarcelación masiva de responsables de graves delitos. Hoy en día, el Inpec reporta que son 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 lo han estado por 21 meses o más.

El senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, insistió en la necesidad de esta nueva iniciativa, argumentando que se debe extender el plazo de la entrada en vigencia de la Ley 1760 para ampliar el término máximo de detención preventiva para los procesos más complejos y no poner en “peligro inminente la seguridad de los ciudadanos”.

Sorpresivamente, algunos integrantes del Centro Democrático y el Partido Conservador presentaron una propuesta para que quienes se encuentran tras las rejas por un sólo testigo sean puestas en libertad porque muchos de estos casos se tratarían de procesos con falsos testigos.

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, dijo que restringir el testimonio negociado no soluciona el fenómeno de los falsos testigos. A su turno, la senadora Viviane Morales Hoyos consideró que la inclusión de esa propuesta puede ser un “mico” porque no trata integralmente el tema. Finalmente fueron derrotados los promotores de dicha propuesta.

Al margen de la aprobación de este proyecto, se mantiene la intención de permitir la puesta en libertad de quienes son investigados por delitos sin complejidad e impacto en la investigación. Al respecto, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, sostuvo que serán puestos en libertad cerca de 8.500 presos a partir del 7 de julio de este año.

Esta norma hizo evidente la inestabilidad en la administración de justicia por la improvisación que se dio de parte del Gobierno y la Fiscalía.