Congreso de la República: ¿Se rajó o pasó raspando?

El Congreso aprobó 15 proyectos para implementar el Acuerdo de Paz, vía “fast track”. / Archivo El Espectador

Con una opinión desfavorable del 82 %, según la más reciente encuesta Gallup Poll, la labor del Congreso de la República durante este semestre, que corresponde al primer período de la legislatura 2017-2018, fue un sube y baja en torno a los proyectos de ley y actos legislativos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. Una agenda que estuvo mediada por el llamado fast track, el mecanismo adoptado para, se supone, agilizar el trámite de dichas iniciativas, pero que terminó convirtiéndose en una especie de espada de Damocles sobre varias de ellas.

La conclusión, dicen los analistas, es que este no fue el Congreso de la paz, como lo había prometido el presidente Juan Manuel Santos en el acto de instalación de la legislatura el pasado 20 de julio, pues aunque se aprobaron proyectos claves, otros se quedaron a medio camino o incluso alcanzaron a pasar con profundas modificaciones que los ponen en entredicho frente al examen que obligatoriamente les hará la Corte Constitucional. Y en un capítulo aparte hay que mencionar el que crea las 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas, que a estas alturas aún es motivo de discusión jurídica.

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Por eso, lo aprobado a través del procedimiento especial legislativo, o fast track, cuyo período terminó siendo de un año, podría valorarse más por su calidad que por su cantidad. Pues si bien es cierto que el Congreso le dio luz verde a un total de 15 normas sobre la paz (entre leyes estatutarias, orgánicas y ordinarias), el contenido de las consideradas principales para implementar lo pactado con la desarmada guerrilla de las Farc fue modificado a tal punto que hasta los propios excombatientes resultaron oponiéndose.

Es el caso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, aunque fue aprobada con unas precarias mayorías, incluyó un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados del sistema que evitará que varios de ellos terminen posesionándose. A lo anterior se suma el hecho de que hubo un intenso debate en torno a la participación en política de los miembros del naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, lo que derivó en que se incluyeran varias aclaraciones en el texto frente a la forma en la que esos exguerrilleros podrán ejercer cargos de elección popular.

Desde que arrancó el fast track, la primera ley que se aprobó fue la de Amnistía, con la que salieron de las cárceles del país poco más de 3.000 guerrilleros. A varios de ellos se les concedió indulto o amnistía por tener procesos relacionados con delitos políticos y conexos. También fue aprobado el proyecto de ley que permitió a la Unidad Nacional de Protección ampliar su nómina para contratar a los excombatientes y darles el rol de escoltas encargados de garantizarles la seguridad a los miembros de la Farc que así lo necesiten. Y la seguridad jurídica de lo pactado en Cuba también tuvo luz verde, estableciéndose que el Acuerdo de Paz no podrá ser modificado durante los próximos tres períodos presidenciales.

También salió adelante el proyecto que aclara que el Estado es el que detenta el monopolio de las armas. Una iniciativa no exenta de discusión, dado que dicho presupuesto, según varios congresistas, debía darse por obvio o de lo contrario daba a entender que antes la práctica del paramilitarismo, por ejemplo, era permitida en Colombia. El acto legislativo que dio vida al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición también fue avalado mientras funcionó el fast track, en el primer semestre de este año.

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Igualmente, la reincorporación política de los miembros de las Farc fue avalada, con la cual se abrió la posibilidad de que haya, como mínimo, diez curules garantizadas para ellos en el Senado y Cámara de Representantes a partir del 20 de julio de 2018, y por dos períodos legislativos: 2018-2022 y 2022-2026. Proyecto al que se sumó el Estatuto de la Oposición, una deuda pendiente desde la Constitución de 1991, y que permitió que seis voceros de la exguerrilla tuvieran voz, aunque no voto, en el Congreso de la República.

Sin embargo, como ya se dijo, se quedaron varias iniciativas en el camino. Particularmente las que materializaban el primer punto de la agenda sobre la reforma rural integral. Y es que si bien salió adelante el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, quedaron hundidos la adecuación de tierras, el sistema nacional catastral multipropósito y la adjudicación de baldíos en reserva forestal. En materia política, se hundió el proyecto que buscaba reformar la ley de garantías electorales y la propia reforma política, que incluía la adquisición progresiva de derechos en esa materia.

Y se quedaron atrás, además, dos proyectos fundamentales: el que permitía el sometimiento de las bandas criminales de manera colectiva a la justicia (como el clan del Golfo) y el que permitía la renuncia a la persecución penal de pequeños cultivadores de coca. El plan marco de implementación del Acuerdo de Paz tampoco fue aprobado y las curules para las víctimas también fueron archivadas, según el propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda, pese a que para el Gobierno aún permanece en el limbo jurídico.

Concretamente porque, según lo argumentó el propio Cepeda, el Gobierno no acudió a los mecanismos que establece la ley para controvertir una decisión legislativa, como se debió haber hecho en la sesión del 30 de noviembre, cuando se votó el proyecto. De acuerdo con el legislador, debía interponerse un recurso de apelación de manera inmediata y no un derecho de petición extemporáneo para argumentar que los votos obtenidos en ese momento sí constituían mayoría absoluta y necesaria para lograr aprobar el proyecto.

En esa discusión se contaron 50 votos a favor y siete en contra, y para el Gobierno, ese número conforma mayoría, dado que se tendría que restar del número de miembros del Senado (que es 102) a los tres legisladores suspendidos y procesados por la Corte Suprema de Justicia, sobre quienes pesa la figura de la silla vacía. Un hecho que para Cepeda resulta dudoso. Por eso, en este momento, la interpretación acerca de ese debate jurídico quedó en manos del poder judicial.

Más allá de la paz

Por otra parte, pasó a sanción presidencial la ley que busca asegurar que las propinas lleguen y tengan como destino el personal de servicio de los restaurantes, bares y establecimientos comerciales, y sanciona a los dueños de estos por su apropiación. Y se aprobó, también por parte de la plenaria del Senado, la ley que establece que el Icetex deberá asumir los costos en que incurra por concepto de la cobranza prejurídica de cartera de créditos educativos. La iniciativa, de autoría del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, busca beneficiar directamente a los estudiantes que debían asumir dichos costos del cobro de sus créditos atrasados, que aumentan la deuda en un 10 %.

La Cámara aprobó igualmente el proyecto que permite a policías su retiro entre los 15 y 20 años de servicio. Un proyecto sobre el que persiste la discusión es el que reduce el aporte en salud de los pensionados del 12 al 4 %; fue aprobado, pero el presidente Santos lo objetó, y esta semana, el Congreso rechazó dicha objeción. En este panorama, le tocará ahora a la Corte Constitucional decir la última palabra. Por último, al cierre de esta edición seguía en el limbo la ley de contratación para infraestructura, en entredicho por un “mico” denunciado por la Contraloría, según el cual, en casos de nulidad absoluta del contrato se podrá hacer toda clase de reconocimientos a los contratistas.