Deben aprobar proyectos para erradicar la violencia contra las mujeres en la política: MOE

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En la legislatura cursan tres propuestas sobre ese tema. La MOE recomienda, entre otras cosas, que se aterrice una definición clara sobre los tipos de violencia que impiden y desestimulan la participación en la política y sus manifestaciones en el contexto colombiano.

Actualmente, en el Congreso cursan tres iniciativas que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, un fenómeno que, como se sabe, impide, desestimula y dificulta la participación real de mujeres en cargos de elección popular. A sabiendas del trámite de esos proyectos, la Misión de Observación Electoral (MOE) insistió en que esta legislatura no puede terminar sin que se aprueben las propuestas que, acotó, deben estar a favor de las lideresas políticas, sociales y comunales.

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“La violencia política contra las mujeres que ejercen diferentes tipos de liderazgo no es una violencia que se expresa solo en lo físico, sus connotaciones más importantes son las culturales, las sexuales, las psicológicas y las económicas que tienen como único objetivo desestimular, y en el peor de los casos, impedir la participación de las mujeres en los escenarios políticos, sociales y comunales”, señaló Alejandra Barrios, Directora de la MOE.

Por ello, en una audiencia pública sobre el tema, la MOE compartió una serie de recomendaciones para robustecer las iniciativas que cursan su trámite en ambas cámaras (el proyecto de ley 04 de 2019, aprobado en primer debate en el Senado, el 050 de 2020 que cursa en Cámara y el 128 de 2020 -Ley Integral de la Mujer- radicado en Senado), dado el recrudecimiento de este fenómeno, reflejado en el aumento de casos de violencia contra las mujeres en la política, según su informe Un país sin líderes no es un país.

Según la organización, en 2016 se identificaron 17 hechos violentos contra las lideresas, en 2017 esa cifra creció a 20 casos, en 2018 a 29, en 2019 a 48 y este 2020 en 57 casos, comparación que se hace en el primer semestre de cada año.

En ese sentido, la MOE consideró como fundamental que los proyectos cuenten con una definición clara respecto a la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Una que incluya la tipificación de violencias y sus manifestaciones en el contexto colombiano, que son tan variadas y amplias, abarcando el ataque físico, psicológico, sexual, simbólico, cultural y económico.

“Adicionalmente, frente a las manifestaciones, queremos destacar el esfuerzo que se hace en este proyecto [el 050 de 2020], de brindar un listado exhaustivo y completo de las mismas, lo que va a facilitar el entendimiento del fenómeno. No obstante queremos enfatizar que este listado no es limitante para la inclusión de otras formas de violencia, y es importante incluir los casos descritos por la ley modelo interamericana sobre acoso y abuso sexual, teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer en la política también cuenta con esas manifestaciones”, expresó la Misión.

Para complementar, la MOE comentó que es necesario que también quede explícito en los proyectos que “las medidas contenidas no se dirigen solamente a las organizaciones políticas y los procesos electorales, sino que abarca también otros escenarios donde las mujeres ejercen diferentes tipos de liderazgo”, es decir, en las juntas de acción comunales, por dar solo un ejemplo.

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De igual forma, recomendó que las autoridades electorales, el Ministerio Público y los entes de control tengan competencias para sancionar este fenómeno y buscar vías para mitigar el impacto en la vida política de las mujeres. La anotación es que es ideal que haya rutas de atención integral que funcionen y cuenten con políticas diferenciales para las mujeres en sus múltiples diversidades.

Por ello, invitó a los partidos y las bancadas a unificar esfuerzos por un mismo fin y acordar un solo proyecto de ley contra la violencia política que aqueja a las mujeres, solo por ser mujeres, para que el tema llegue a buen término en el Congreso, y se logre un proyecto de ley que articule medidas de prevención, protección, sanción y reparación que contrarreste la realidad de la violencia de género en la política.

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