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Si bien el Congreso de la República optó por las sesiones virtuales para el desarrollo de su trabajo legislativo, el Parlamento –a través de los presidentes de Senado, Arturo Char, y Cámara, Germán Blanco–, pidió al Ministerio de Salud que nombre una comisión para estudiar las condiciones de riesgo que implicarían las sesiones presenciales.
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A través de una carta fechada el pasado 29 de julio, pero conocida este lunes, Char y Blanco reivindican la autonomía del Congreso –citando incluso el fallo de la Corte Constitucional que hizo lo propio–, pero le piden al Gobierno de Iván Duque que se evalúen en detalle todas las condiciones de riesgo no solo para congresistas, sino para funcionarios, periodistas, policías, contratistas y público en general.
“Es necesario evaluar de manera detallada las condiciones de riesgo que representa el inicio de las sesiones presenciales en el Capitolio Nacional para limitar la propagación del COVID-19 y así proteger la salud de todos los funcionarios públicos y trabajadores de esta institución”, aseguró el presidente del Senado.
Los parlamentarios instaron también al ministro de Salud, Fernando Ruiz, a que se asesore al Legislativo en la construcción e implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios para “mitigar, controlar y evitar” la propagación del COVID-19 durante sesiones presenciales o mixtas.
“Hacemos este llamado desde la presidencia de Senado y de la mano del presidente de la Cámara para continuar con el ejercicio legislativo del Congreso de la República”, manifestó Char.
El pasado jueves, en tercer debate, la Comisión Primera de Senado aprobó el proyecto ley que pretende reglamentar las sesiones virtuales y semipresenciales del Congreso, con el fin de evitar discusiones como la que el Legislativo se enfrascó el primer mes de cuarentena por el nuevo coronavirus sobre si era constitucional o no trabajar a través de plataformas como Zoom, Teams o Google Meet.
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La iniciativa, que ampliará la Ley Quinta (normativa del Congreso) con relación a cómo se cumplirán las funciones del Congreso desde la virtualidad (votaciones, constancias, proposiciones, réplicas, debates de control, radicación de iniciativa, entre otros) pasa a su último debate en la plenaria del Senado.
El pasado 9 de julio la Corte Constitucional aseguró que no era necesario que el Gobierno emitiera un decreto para que el Congreso pudiera sesionar de forma virtual porque esa decisión dependía exclusivamente de la autonomía del legislativo. La decisión ha generado una serie de dudas sobre cómo debe operar entonces el legislativo y choques entre congresistas.
El Espectador conoció el fallo completo de la decisión que tiene un solo mensaje: que legislar virtualmente incluso en tiempos excepcionales como la pandemia de COVID-19 debe ser la última opción.
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Incluso, la Corte Constitucional asegura que entre más importante sea la actuación del Congreso, más debe hacerse de forma presencial y no virtual. “Impedir la presencialidad en las sesiones de los órganos colegiados del Estado en tiempos de pandemia no es posible. Incluso el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar (actos legislativos, leyes estatutarias, normas tributarias, normas penales, etc.). Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”.