Congreso prorroga ley de orden público sin propuesta del Centro Democrático

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Este miércoles, se aprobó en plenarias de Senado y Cámara de Representantes la ley 418, mejor conocida como ley de orden público, que pone sobre la mesa las herramientas para adelantar una negociación con grupos armados ilegales.

La iniciativa tenía mensaje de urgencia, con el afán de que el Congreso la prorrogara antes del 18 de diciembre, fecha en la que caducaba su vigencia. Las Comisiones Primeras conjuntas la votaron positivamente, en primer debate, el pasado 19 de noviembre. 

En el primer debate la propuesta presentada por el Ejecutivo tuvo puntos que fueron criticados por la oposición, considerándolos como un impedimento para llegar a una eventual negociación. Entre estas se encontraban las precondiciones que, según algunos parlamentarios de oposición, hacían imposibles los diálogos con el Eln, pues debían ser el resultado de un acuerdo final y no un punto de partida. Al final, este artículo fue eliminado del proyecto.

En su trámite por plenarias, durante la discusión en la Cámara, el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, radicó una proposición que le daba facultades al presidente para revivir órdenes de captura suspendidas contra exguerrilleros que ahora se encuentran en proceso de reincorporación. La propuesta fue inicialmente aprobada, pero las denuncias de Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, desataron un fuerte pulso entre el Centro Democrático y la oposición, que recibió el apoyo de los liberales, Cambio Radical y algunos congresistas de la U. 

La polémica de este punto también procoó el pronunciamiento de la Misión Especial de Paz de la ONU, que, por medio de un comunicado, expresó su rechazo rotundo a la propuesta y presionó para que no se aprobara.

“La proposición aditiva al Proyecto de Ley por el cual se prorroga y modifica la Ley 418 de 1997, hoy ante el Congreso, dispone la reactivación de órdenes de captura suspendidas en virtud de esa ley. Tal como está redactada, tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las FARC-EP que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación. La proposición aditiva no hace referencia explícita a los excombatientes reincorporados, quienes no constituyen hoy, como lo reza la proposición, una ‘organización armada al margen de la ley’”, escribió la organización de la ONU. al final fue tanta la presión que el artículo fue reabierto y la propuesta de Prada eliminada. 

Entre los artículos que recoge la prórroga está la creación de las Zonas Estretégicas de Intervención Integral (ZEII), en los lugares más afectados por el conflicto armado. Estos, según la ley diferirán de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Asimismo, se abrirá una subcuenta del Fondo de Programas Especiales para la Paz para la financiación de los ZEII. 

En contraposisicón a la polémica propuesta del representante Prada, se dictó que "una vez iniciado un proceso de negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos", se lee en uno de los parágrafos, con el pero de que esta disposición se cumple en ciertas zonas del territorio.

Además, se instaurará el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo para el desmantelamiento de las redes y bienes provenientes del dinero ilícito. 

Por último, la Fiscalía podrá acceder al Registro Nacional de Identificación Balística, a cargo del Ministerio de Defensa. Igualmente, el Gobierno regulará el uso y la comercialización de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.