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Como si los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz no si hubieran hecho evidentes sino apenas hasta ahora, el Congreso anunció que, a partir de la próxima semana comenzará a sesionar de lunes a jueves con el objetivo de salvar lo pactado en Cuba. La decisión, básicamente, tiene que ver con que han transcurrido varios debates desde que llegó la reforma política a la Cámara baja y, al Senado, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y ninguna, hasta el momento, ha logrado salir adelante.
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El ausentismo de los partidos que, se supone, acompañan los textos de La Habana, ha afectado considerablemente el quórum en ambas corporaciones, haciendo imposible que estos dos proyectos logren salvarse, pese a que el próximo 30 de noviembre vence el procedimiento especial legislativo o “fast track”. “La Mesa Directiva decidió sesionar de lunes a jueves, y estaremos listos para sesionar los viernes, en caso de ser necesario”, dijo a El Espectador el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Sin embargo, el congresista conservador sí hizo un llamado al Gobierno para que ayude a la conformación del quórum necesario y sacar adelante las iniciativas de la paz.
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Por su parte, el presidente de la Cámara, el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, adoptó la misma decisión, no sin antes aclarar que tanto los proyectos que se están discutiendo, como los que aún están pendientes (como el que permite el sometimiento de las bandas criminales a la justicia ordinaria o las circunscripciones especiales de paz), serán debatidos y, bajo ninguna circunstancia, aprobados a pupitrazos.
“Hemos establecido un plan de choque en la Cámara de Representantes de aquí al 30 de noviembre para la discusión, deliberación y votación de estos proyectos (…) y que se deliberen y se discutan tranquilamente, sin pupitrazos”, dijo el congresista. En ese sentido, explicó que las sesiones de plenarias pasarán de dos a cuatro, así: todos los lunes desde las 2:00 p.m.; los martes a esa misma, los miércoles se suspenderá la discusión en las comisiones constitucionales para discutir en plenaria desde las 9:00 a.m.; y los jueves también se convocará a esa misma hora. “Si hay festivo los lunes, se citará a plenaria los viernes a las 9:00 a.m.”, agregó Lara.
Previamente, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, envió una carta a las mesas directivas de Senado y Cámara en la que le solicitaba a los presidentes de ambas corporaciones sesionar de forma permanente, justamente, para aprovechar el poco tiempo que le queda al procedimiento especial legislativo. "Lo anterior resulta de especial importancia para la implementación normativa del Acuerdo Final, y especialmente para proteger y garantizar los derechos de las víctimas", señaló Rivera en la misiva.
El representante de Cambio Radical, al igual que el senador Cepeda, hizo un llamado al Gobierno para fortalecer su liderazgo en el Congreso a la hora de defender los proyectos que buscan implementar lo pactado. Especialmente, porque los congresistas de la Unidad Nacional son los que han disuelto el quórum en las últimas semanas. En ese sentido, “voy a solicitar al ministro Mauricio Cárdenas que asista a todas las discusiones de la sesión de Cámara y voy a pedirles a las bancadas que asistan para cumplir con el quórum”, señaló Lara tras considerar que el ministro de Hacienda ejerce mayor liderazgo sobre los legisladores.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondió tales cuestionamientos y argumentó que lo que le falta a la JEP es Congreso, recalcando que la responsabilidad de mantener el quórum es de los congresistas. "El gobierno no puede amarrar a nadie, ni pararse en la puerta en actitud de portero e impedir que los congresistas que se quieran ir se vayan".
Cambio Radical no votará la JEP
El presidente de la Cámara también reiteró que no votará la ley estatutaria de la JEP pero que, no obstante, sí presentará observaciones para que sean tenidas en cuenta a lo largo de su discusión. Entre ellas, lo relacionado con las garantías de la Fuerza Pública en el sistema de justicia transicional; que haya una persecución efectiva y real de los activos de la Farc que hoy están en manos de sus testaferros; que haya un cierre definitivo de las listas de los miembros de la exguerrilla y duras sanciones a colados y reincidentes; regulación y garantías a los terceros no combatientes y establecer un régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de los magistrados de la JEP.